CNDH emite recomendación por jornaleros rarámuris

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 28/2016, dirigida al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por el caso de jornaleros agrícolas indígenas rarámuris, localizados en campos del municipio de Comondú.

Indicó que al ser rescatados estaban en “condiciones infrahumanas” para ser trasladados fuera de esa entidad, no se atendió ni consideró su condición de vulnerabilidad, aun cuando entre ellos había menores de edad.

Tras su investigación, la CNDH cuenta con elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia, al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas de delito y al derecho al trabajo como base para garantizar el desarrollo integral de los pueblos indígenas en agravio de este grupo de jornaleros agrícolas indígenas.

El organismo señaló que las acciones y omisiones son atribuibles a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal (STPS) y en la entidad, de la Procuraduría General de Justicia local, STPS local, Secretaría General de Gobierno, entre otras.

La CNDH informó que los días 12, 13 y 17 de marzo de 2015 se publicaron diversas notas periodísticas que dieron cuenta de las condiciones en que vivían y laboraban en los campos agrícolas los jornaleros indígenas en dicho municipio, quienes fueron retirados de Baja California Sur, sin base legal que soportara las acciones de las autoridades que intervinieron.

La STPS omitió velar por el respeto de los derechos laborales en agravio de los jornaleros, no brindó atención, asesoría y orientación en el ámbito de su competencia a los dos jóvenes que escaparon del lugar y dieron a conocer el caso, omitió dictar suficientes medidas urgentes para garantizar a los jornaleros rescatados una protección eficaz en sus derechos e informarlos de estos en términos de la legislación laboral.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador y al secretario del trabajo que, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaboren con la Comisión Nacional en las denuncias y quejas que promoverá ante los correspondientes Órganos Internos de Control y la procuraduría estatal, y se generen protocolos de actuación para los servidores públicos de cada instancia.