Lucha 18 años por pensión de 3 mdp para su hijo

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Una madre soltera ha luchado durante más de 18 años, para que un prominente empresario regiomontano reconozca la paternidad de su hijo biológico y cumpla con el pago de la pensión alimenticia que, por resolución judicial, desde 2013 está obligado a pagar, con el retroactivo correspondiente que rebasa los 3 millones de pesos.

Sin embargo, la quejosa, María Josefina Ramírez García, refiere que con base en argucias de abogados, Ricardo González Cantú, dueño de la empacadora Alimentos Santa Isabel y de otras propiedades en México y Estados Unidos, ha logrado burlar la acción de la justicia, al simular insolvencia económica, donando la totalidad de sus bienes a familiares.

Tan sólo para lograr que su hijo, Ricardo González Ramírez —quien cumplirá 19 años el 8 de mayo—, pudiera ser registrado con el apellido de su padre biológico, María Josefina tuvo que bregar durante 15 años en juzgados civiles y del ámbito penal, pues al presentar la demanda para el reconocimiento de paternidad, el empresario la acusó de difamación, aunque pronto abandonó esa vía para “defenderse”, porque tendría que someterse a pruebas de ADN, a las cuales no accedió, porque se amparó.

María Josefina presentó el 15 de diciembre de 2010, ante el juzgado Décimo Tercero del Juicio Oral Familiar, una demanda de alimentos, condenándose a González Cantú dentro del expediente 846/2010, al pago de una pensión mensual provisional de 10 mil 463.40 pesos, a partir del 2 de febrero de 2011.

El 10 de febrero de 2011, González Cantú señaló en escrito ante el juzgado, la “imposibilidad” de cumplir, argumentando que percibía un salario mensual de 6 mil pesos, y que por la crisis económica tuvo que enajenar todos sus bienes a través de compraventas o donaciones a su esposa y otros familiares.

Así, tras una serie de demandas y contrademandas, el 5 de julio de 2013, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado condenó a González Cantú al pago de 3 millones 93 mil 438 pesos como retroactivo por las pensiones no cubiertas desde 1998.

Pero además debería cubrir una pensión mensual de 28 mil pesos, que iría aumentando conforme al salario mínimo, mientras subsista la obligación legal, que se prevé concluirá dentro de dos años, cuando el acreedor alimentista terminará sus estudios de licenciado en Negocios Internacionales por la UANL.

El empresario promovió un amparo directo mediante el cual logró que el retroactivo de la pensión bajara de más de 3 millones a un millón 902 mil 932 pesos, pero se mantuvo el pago mensual de 28 mil pesos.

Al transcurrir ocho meses sin que el empresario cubriera ni la pensión ni el retroactivo, María Josefina lo demandó penalmente por abandono de familia, y por simular insolvencia.

El 15 de octubre de 2015, el agente del Ministerio Público Número Uno de Justicia Familiar, Mario Moncada Cavazos, consignó la averiguación al juez Tercero Penal, José Luis Garza Leal, a fin de que ejerciera la acción penal, sólo por abandono de familia.

“Para mi sorpresa, Garza Leal negó la orden de aprehensión por fraude, argumentando que González Cantú señaló para embargo un vehículo Toyota 2009, valuado en poco más de 80 mil pesos, que me fue adjudicado en diciembre de 2015, y queda sólo señalada para embargo una máquina cribadora, facturada en mil pesos”, que vendida como fierro viejo, redituaría 30 mil pesos.

Asimismo, González Cantú pidió que se aplicara una multa a su hijo, por no recoger la cribadora o señalar una bodega para dejarla en depósito, “lo cual es absurdo, pues cómo pretende que pague 20 mil pesos de renta para guardar esa vieja máquina, si no cubre su pensión”.

Agregó que carecen hasta para comer, pues ella ha dejado de trabajar para ocuparse de los asuntos legales, y sólo tienen el apoyo de su familia.

A la madre soltera se le quebró la voz y no pudo evitar que se le empañaran los ojos, al recordar que el 8 de abril, la magistrada de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia, Rosa Elena Grajeda Arreola, la trató de manera indigna al externarle su malestar porque el juez Garza Leal negó la orden de aprehensión.

Pero lo que más le molestó, relata, fue que le dijera que ya “deje las cosas por la paz, que tenga dignidad, que me ponga a trabajar, que ella sacó a sus hijos adelante sola”. A lo que ella contestó: “pues sí, nada más que para mantener a mi hijo yo no tengo que robar a nadie”.