El 22 de febrero pasado el juez Séptimo de Distrito, radicado en Cancún, otorgó el amparo indirecto, con número 142/2016, a Jorge V. F., en el cual se reconoce la existencia de evidencias que prueban que fue objeto de actos de tortura por parte de policías municipales, agentes de la Policía Judicial y por el Ministerio Público del fuero común.

El hombre declaró que fue golpeado y arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, quienes entraron por él a un hotel de la ciudad y le acusaron falsamente de robo; lo incomunicaron, lo privaron de su libertad y lo torturaron.

Como parte de los efectos del amparo se ordenó dar vista al Ministerio Público Federal para abrir una investigación por tortura, que incluya a la Policía Municipal y Judicial, así como a los agentes del ministerio involucrados, informó Leonardo Kumul Salazar, representante en el estado de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos (CNIOCDH).

El dos de febrero pasado, Jorge V. F. entró al hotel “María Dolores”, localizado en la ciudad de Cancún, en donde se hospedaba; detrás suyo, tres patrulleros ingresaron al centro de hospedaje y lo sacaron acusándolo de robo.

Sin orden de aprehensión, lo condujeron ante el Ministerio Público. Previo, había sido despojado de sus cosas.

“Confabulados con el ministerio público, lo retienen y le arman una averiguación previa AP/ ZN/ CAN/ 11/ 03/ 226/ 2-2016 por tentativa de robo”, narró Kumul en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dos días después, al ser notificados de la existencia de un amparo promovido por la agrupación, el ministerio público lo dejó libre al señalar que no existían elementos para acreditar su culpabilidad. De acuerdo con el activista, el hombre mostraba huellas de tortura.

“Nosotros entregamos como parte del juicio de amparo, los videos del hotel, en donde se ve claramente cómo los policías llegan por él, lo azotan, lo golpean y se lo llevan. El señor estuvo detenido ilegalmente”, dijo Kumul.

Las autoridades demandas en el amparo son el procurador de Justicia, Arturo Álvarez Escalera; el subprocurador, Ludwing Vivas; el jefe de la Policía Judicial y los agentes del ministerio público que dieron seguimiento al caso.

Los actos reclamados en el juicio son la “ilegal, inconstitucional y arbitraria” retención de Jorge; su incomunicación injustificada, tortura física, moral, psicológica y psíquica.

El caso de Héctor Casique

Una noche de marzo de 2013, la vida de Héctor Casique y de su madre, Yaskade Fernández, cambió.

Él salía de la discoteca “Mandala”, ubicada en Punta Cancún. Iba acompañado de su novia y se detuvieron a comer hot dogs. Agentes de la Policía Municipal lo abordaron y detuvieron. Como opuso resistencia, lo acusaron de ultrajes a la autoridad y lo llevaron a los separos de la Policía Judicial.

Lo golpearon y torturaron. Al siguiente día fue presentado “El diablo”, autor material del multihomicidio en el bar "La Sirenita", en donde varios integrantes del Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", fueron asesinados y otros comensales resultaron heridos, el 14 de marzo de ese año.

Casique, originario de Oaxaca e instructor en artes marciales y defensa personal, contaba entonces con apenas 28 años.

Antes de aquello, el entonces director de la Policía Judicial del estado, Arturo Olivares Mendiola, le había ofrecido una plaza como jefe de sus escoltas a cambio de 150 mil pesos.

El joven funcionario entregó la mitad del dinero, pero el jefe policiaco no lo dejó salir. "Ni plaza, ni dinero", le dijo Olivares Mendiola, de acuerdo con lo declarado por Yaskade. Casique le comunicó que lo denunciaría al entonces procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres.

Días después, fue arrestado, golpeado, torturado y obligado a confesar crímenes que –sostiene aún- no cometió. Le dictaron un auto de formal prisión. Su madre, Yaskade, ha encabezado su defensa, con apoyo de su familia.

En prisión, fue víctima de abuso sexual. Como consecuencia de los golpes, perdió el oído, renguea porque le lesionaron una rodilla, sus riñones se vieron afectados y le dio diabetes.

Meses después de la aprehensión y encarcelamiento de Casique, Olivares Mendiola fue nombrado secretario de Seguridad Pública del gobierno de Cancún, ya en manos del edil, Paul Carrillo.

En marzo del 2014, el Juzgado Segundo dejó sin efecto el auto de formal prisión e instruyó que se investigase los actos de tortura en su agravio. Se interpuso una denuncia en contra de 36 policías judiciales que participaron en la tortura de Héctor.

Al salir de la cárcel, fue reaprehendido bajo el argumento de que habían encontrado más elementos en su contra. El Juzgado Cuarto le dictó otro auto de formal prisión bajo la causa penal 98/2014 por el delito de homicidio.

Yaskade y sus abogados han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); fue arropado por el Protocolo de Estambul y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaria de Gobernación (Segob) le reconoció calidad de víctima. Su historia llegó al relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 27 de agosto de 2015 la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), ordenó ejercer acción penal en contra del ex director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, quien había dejado el cargo para ese momento, al ser promovido como coordinador de las Policías Municipales, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.

La acción penal incluyó al ex coordinador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, Arturo Álvarez Escalera –actual titular de la dependencia estatal- y a 34 ministerios públicos, secretarios y policías de la Judicial del estado, todos, acusados por la comisión del delito de tortura en agravio de Héctor Casique.

La resolución del Tribunal, tuvo raíz en un recurso de queja interpuesto por los abogados de Yaskade, en contra de la negativa del ex procurador, Armando García Torres, de dar entrada a la denuncia de 2014, contra 36 funcionarios de esa dependencia. Todos se ampararon.

“Quintana Roo se ha distinguido por la fabricación de culpables. El 60 por ciento de internos en la cárcel de Cancún, son inocentes, porque los han agarrado como chivos expiatorios, igual que hicieron con mi hijo.”, dijo Yaskade.

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