Ante las demandas de indemnización por un millón de pesos que presentarán al gobierno de Nuevo León familiares de internos que fallecieron durante los hechos violentos del penal de Topo Chico, el secretario general de Gobierno, Manuel González, afirmó que en su momento analizarán en qué consisten, para ver si los promoventes tienen o no derecho a una reclamación económica.
El funcionario estatal expresó que el gobierno del estado esperará a que las demandas sigan su curso legal y una vez que eso ocurra “analizaremos en qué consisten y veremos si tienen derecho o no”.
El abogado penalista Aurelio Galindo Briones encabeza el reclamo de los familiares de tres internos que murieron durante los hechos violentos registrados durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero en Topo Chico, ante lo cual exigen indemnización por un millón de pesos como reparación del daño. Los quejosos alegan que el gobierno del estado falló en su responsabilidad de salvaguardar la vida y la seguridad de los internos.
Piden cese de director. El coordinador de la bancada local del PAN, Arturo Salinas, pidió el cese y consignación del director del penal de Apodaca, Humberto Marroquín Ayala, por haber permitido situaciones irregulares como celdas de lujo y la presencia de objetos punzocortantes y drogas, según informó la administración estatal tras una revisión de casi 12 horas realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Salinas dijo que así como se procesa a la directora de Topo Chico, el gobernador debe separar de su cargo al alcaide del penal de Apodaca, por permitir condiciones similares a las del centro carcelario donde murieron 49 internos.
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