Chilpancingo.— A partir de ayer, el gobierno del estado inició una nueva etapa de deuda pública a través de la bursatilización de recursos estatales y aportaciones federales, esquema en el que, a través de la deuda bancaria, los gobiernos pueden “hipotecar” algunos bienes a la iniciativa privada que sólo corresponden al estado, para la obtención de préstamos inmediatos, en este caso que beneficiarán la infraestructura educativa estatal.
El Congreso guerrerense avaló ayer con 42 votos a favor del PRI, PRD, PVEM, PAN y PT, dos abstenciones de Morena, el decreto enviado por el Ejecutivo que materializa el “convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”.
Del acuerdo celebrado el 19 de octubre pasado entre el gobierno federal y el titular del Ejecutivo estatal, en ese momento encabezado por Rogelio Ortega, el gobierno podrá acceder a préstamos que corresponderán a la inversión de infraestructura educativa hasta por 25% del valor total del fondo que asciende a más de 2 mil millones de pesos.
La mayoría de las fracciones parlamentarias, a excepción de Movimiento Ciudadano y Morena, se pronunciaron en favor del endeudamiento que comprometerá las finanzas estatales por 25 años a partir del aval, sin que en la sesión extraordinaria se haya explicado la tasa de interés anual que Guerrero tiene que pagar durante este periodo.
La deuda actual del estado asciende a 2 mil 585 millones de pesos, con un déficit financiero y de pasivos, de más de 15 mil millones de pesos. En Guerrero se necesita reparar 8 mil 487 escuelas de educación básica, dañadas principalmente durante la tormenta tropical Manuel en 2013.
Con esta aprobación, el Congreso local dio luz verde al gobierno estatal para que a través de la “Secretaría de Finanzas realice los actos jurídicos para que se materialice el convenio de coordinación y colaboración, para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con la Secretaría de Hacienda”, se expuso en la sesión.
Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, expuso en tribuna que el voto en contra de su partido se debía a que el mecanismos de bursatilización compromete impuestos y obra pública.
Admitió que el convenio permite la obtención de recursos frescos, pero extiende por años la deuda que recae en los recursos públicos, “se está hipotecando este fondo de aportaciones públicas múltiples, se da en un contexto de crisis, de la caída del petróleo, quien dice que esto no sufrirá fluctuaciones en la bolsa”.
Tanto él como la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, consideraron que este paso tiende el puente para la privatización de la educación. “La deuda no es mala, el problema es la especulación”, dijeron.
La sesión del Congreso se hizo ayer porque a partir de hoy, el gobernador Héctor Astudillo se quedaría sin la posibilidad de obtener recursos de ese modo sin el aval del Poder Legislativo. El estado es la última entidad en ceñirse a este esquema.
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal se define bursatilización al proceso estructurado en el cual, activos similares se agrupan en un fideicomiso emisor, quien emite títulos de deuda entre el gran público inversionista (nacional y extranjero), en un mercado de valores organizado (Bolsa Mexicana de Valores).
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