El gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, recibirá un gobierno que enfrenta “pasivos históricos” por 13 mil 50 millones de pesos, que sin la inyección de recursos federales a esta administración que concluye en octubre, cerrarán el año con un déficit de 738 millones de pesos.

Lo anterior fue dicho por Eliseo Moyao Morales, secretario de Finanzas, luego de que el gobernador sustituto, Rogelio Ortega, se declarara en quiebra y dijera que hay un “boquete financiero” ante el Senado de la República, provocado por plazas docentes sin techo presupuestal, que hace tres días contabilizó en 19 mil, y esta vez Moyao redujo a 12 mil 326 no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa,  Moyao Morales expresó que terminarán la gestión con un “déficit de 125 millones de pesos que pensamos que es entendible, es manejable”; sin embargo, su preocupación radica en el cierre del ejercicio fiscal 2014- 2015 “el nuevo gobierno iniciará con un problema verdaderamente significativo”.

A pesar de que admitió que hay “procesos internos” que se siguen contra malos funcionarios de la pasada administración que encabezó Ángel Aguirre, no les corresponde evidenciarlos, será la Auditoría Superior de la Federación quien determiné en qué no se emplearon bien lo recursos, y los órganos correspondientes señalar a ex funcionarios.

Los pasivos tienen antecedentes de años atrás, en algunos sectores, dijo, desde 2001, -cuando gobernaba el priísta y actual senador René Juárez, que se han acumulado “como bola de nieve”. En el caso de la Secretaría de Educación son pasivos de 8 mil millones de pesos, en la Secretaría de Salud  3 mil 500, Finanzas más de mil millones y las paraestatales 500 millones de pesos, que suman los 13 mil 50 millones de pesos.

Moyao detalló que la merma al presupuesto del gobierno de Guerrero durante el 2015 asciende a mil 665 millones de pesos, de los que 573.2 millones se destinaron al pago de nómina educativa por las plazas no reconocidas, además que se tiene una afectación de mil 91 millones de pesos a las participaciones estatales.

El funcionario atribuye estos pasivos al desvío de recursos destinados a ciertos programas, para atender conflictivas sociales, “los gobiernos por las presiones sociales se ven obligados a recurrir de fondos que no están destinados para ciertos fines como la transferencia de recursos a organizaciones sociales”.

Dijo que el “destinó nos alcanzó… el gobierno no puedo continuar con esa fórmula para ir saliéndole al paso a la coyuntura, ante la carencia de recursos ir tomando recursos de donde no corresponden para poder financiar el gasto de operaciones, o la transferencias de rentas a organizaciones sociales, este es un modelo que ya se agotó, se tiene que hacer una reingeniería financiera”.

Sin embargo, se negó que durante estos ochos meses que llevan en relevo de la administración de Ángel Aguirre hayan desviado recursos para atender a los movimientos sociales, que enarbolan varias demandas, como quienes mantienen la exigencia por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la conferencia de prensa estuvo presente el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, quien tampoco opinó sobre las responsabilidades directas que tendrían que enfrentar funcionarios de la administración de Aguirre,  gobernador que renunció tras la desaparición de los 43 normalistas y cuyos hermano y sobrino Carlos Mateo Aguirre y Luis Ángel Aguirre están en la cárcel acusados de lavado de al menos 287 millones de pesos de la administración estatal.

ahc

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