El hogar es el sitio donde cualquier persona encuentra la mayor seguridad, pero en el momento que detrás de la puerta solo hay violencia y maltrato, entonces se convierte en un lugar de agresiones físicas e inevitables daños psicológicos. Quienes más sufren son los menores, en especial las niñas.

EL UNIVERSAL presenta hoy un reporte que señala que entre 2010 y 2015 llegaron a una sala de urgencias 21 mil 679 menores de cero a 15 años como consecuencia de golpes recibidos por un miembro de su familia. Lo mas preocupante es que de esa cifra, 15 mil 162 (70%) se concentraron entre 2013 y 2015, y que tres cuartas partes de los afectados son del sexo femenino.

En la mayor parte de las situaciones los agresores principales son el padre o la madre.

En una de las historias presentadas se expone que una madre de familia fue llevada ante la fiscalía por haber causado quemaduras en la piel de su hijo de manera constante. La decisión del juez fue que tomara terapias psicológicas y que la autoridad correspondiente realizara visitas domiciliarias para comprobar el estado del menor. ¿La solución debió ser separar al niño del progenitor agresor para quedar a resguardo de otro familiar? La respuesta no es fácil. Sacar al menor de su entorno hogareño puede ocasionarle otro tipo de cicatrices, pero mantenerlo al lado de quien lo ha golpeado no parece tampoco la mejor opción, pues expertos equiparan a la violencia familiar con el alcoholismo: es progresivo y mortal.

Ante la disyuntiva, conviene analizar de manera detallada cada caso con la participación de varias instancias, entre ellas la escuela, ya que en las dos historias presentadas los menores agredidos fueron detectados en el aula. Los planteles educativos se vuelven así el primer sitio donde pueden hallarse indicios del maltrato físico recibido en casa.

Las leyes de protección a los derechos de los niños han avanzado en el país. El derecho a que los menores cuenten con una niñez basada en su “desarrollo integral” está garantizado en el artículo 4º de la Constitución, pero eso no basta. Se requiere que todas las dependencias de los tres niveles de gobierno tengan como objetivo principal el cumplimiento de la normatividad, así como la planeación de una agenda infantil que incluya la evaluación de la protección a la infancia.

Las agresiones a los niños dentro de los hogares es un delito que usualmente no trasciende hasta que la evidencia se tiene a flor de piel. Es momento de re-educar a padres y madres para que la disciplina y la educación no esté basada en los golpes y de hacer ver a los menores que la ley está de su lado, que cuentan con derechos y pueden ejercerlos.

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