El relevo de cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía se dio en medio de la polémica y de un diferendo Legislativo-Ejecutivo. En el aire quedó la incertidumbre sobre si la razón la tenía el Senado o el Presidente. Las bancadas de oposición evalúan la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Ojalá lo hagan.

Como marca la ley, el jefe del Poder Ejecutivo envió cuatro ternas para reemplazar a igual número de funcionarios en la CRE. El Senado tuvo a su cargo la evaluación de los aspirantes para seleccionar a los más idóneos. El problema se dio en este punto: para los legisladores ninguno reunió la experiencia y capacidad requeridas para desempeñar el cargo. Por ese motivo, rechazaron las propuestas.

La normatividad establece que el Ejecutivo, entonces, tiene que enviar una “nueva” terna para ser analizada. En esa segunda ocasión, de los 12 candidatos iniciales, el mandatario mantuvo 11 y solo modificó uno.

¿Es esa una propuesta “nueva”? Para el Ejecutivo sí, para el Legislativo no. Por segunda ocasión las ternas volvieron a ser rechazadas por el Senado.

Amparado en la ley, el Presidente designó finalmente la noche del miércoles a los cuatro nuevos integrantes, los mejor calificados. En una decisión que muchos cuestionaron.

Cuando Ejecutivo y Legislativo tienen puntos de vista diferentes en torno a la interpretación de la ley, la intervención del Poder Judicial se vuelve necesaria para dar certeza a las acciones de gobierno y evitar futuros conflictos.

En este caso, por la importancia de la CRE como supervisor de los jugadores que se encuentran en el sector energético, es relevante que no haya duda sobre la legalidad de los nombramientos.

Una de las principales críticas que se hacen a las designaciones es el riesgo de que la CRE pierda autonomía. Para expertos, el problema principal radica en que los seleccionados no garantizan un desempeño independiente, sino de subordinación al Ejecutivo, con lo cual se anula uno de los objetivos centrales de la Comisión.

La CRE surgió en la década de los 90 con el fin de poner en marcha un marco legal y supervisar que éste se cumpla. Bajo su supervisión se encuentran los sectores eléctrico, gasero y tiene injerencia sobre la comercialización de gasolinas, en donde hay inversiones públicas y privadas. Su función es clave para el desempeño de uno de los sectores vitales del país.

Es conveniente despejar dudas de que en el proceso para designar a cuatro integrantes se actuó con estricto apego a la legalidad. La presentación de una controversia constitucional no vendría a enrarecer el ambiente político, lo haría más transparente.

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