Linchamiento: ni justicia ni ejemplo

Preocupa conocer que el hartazgo social contra los índices crecientes de criminalidad e inseguridad ciudadana estén volviendo cada vez más comunes los casos en que las multitudes intentan hacerse justicia por sus propios medios y atentan contra la vida de individuos relacionados con algún acto que ha alterado negativamente la vida de una comunidad, ya sea un robo, un secuestro o una violación, y en cuyo castigo se pretende no solo vengar el daño, sino dar un ejemplo que persuada a otros a no delinquir.

En México es famoso el caso de San Miguel Canoa, en el que un grupo de montañistas de la Universidad Autónoma de Puebla fueron señalados en 1968 como comunistas por el párroco del lugar, y terminaron siendo masacrados por los pobladores. Más recientemente, en 2004, el país se estremeció con el linchamiento en San Juan Ixtayopan de tres agentes encubiertos que hacían labores de investigación y que los habitantes del poblado señalaron como secuestradores de niños, versión que presumiblemente fue hecha correr por los propios narcomenudistas a los que investigaban.

Y es que el linchamiento no sólo incorpora la ejecución sumaria (que dicta la pena de muerte o el castigo corporal para el indiciado), sino que conlleva el agravante de que se busca infligirle al acusado el mayor dolor posible, o por lo menos proporcional al que supuestamente él cometió contra su víctima. Se trata de un proceso sumario porque al igual que el de la esfera castrense, el objetivo es juzgar un caso, dictar sentencia y ejecutar la sentencia, todo en un mismo día, pero con la diferencia que en el juicio militar es posible apelar y aportar pruebas, lo que nunca sucede en el juicio popular. De ahí que sean numerosos los casos en que pudo comprobarse posteriormente que la multitud procedió en contra de gente inocente pero que, al diluirse la responsabilidad de sus muertes entre los miembros de una comunidad, desaparece también un culpable directo.

El linchamiento no mejora la seguridad sino que agrava el ambiente social, pues es muy alta la probabilidad de que se termine ejecutando a un inocente cuyo error fue estar en el lugar y hora equivocados. Aunque indignen los agravios que cometen los diversos tipos de delincuentes y criminales, una sociedad debe abstenerse de intentar castigar por sí misma a cualquier infractor de la ley y, por el contrario, exigir a su gobierno una correcta y exacta aplicación de justicia, con una consideración especial para la víctima en todo el proceso, todo lo cual hará que la ciudadanía confíe en el sistema penal que el Estado le ofrece y que evitará que inocentes paguen por otros.