México esta urgido de justicia, no de perdones. Las miles de familias que hoy están de luto tras haber perdido o por desconocer el paradero de algún familiar en la vorágine de la lucha contra la delincuencia organizada, lo que exigen, con toda razón, es que se castigue a los responsables de su pérdida y se termine con la casi total impunidad que reina en nuestro país.

40 mil desaparecidos, 22 mil cuerpos sin identificar y más de 100 mil fosas clandestinas es un saldo inhumano, escandaloso y vergonzante que hace mucho tendría que haber puesto a nuestro gobierno a trabajar en serio en desarrollar una estrategia para terminar con esta carnicería, diferente a la que hasta ahora se ha implementado, que ha dado muestras de sobra de su fracaso.

Sin embargo, llevamos dos sexenios en una lógica de descabezamiento de organizaciones criminales, que ha tenido como principal y negativo efecto no su aniquilación, sino su atomización y por ende una crecida alarmante de la violencia traducida en homicidios, secuestros, extorsiones...

En este contexto, los reclamos ayer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por parte de familiares de desaparecidos, en el marco de los diálogos de paz convocados por AMLO, deben ser escuchados y atendidos caso por caso. Pero sobre todo, los miembros del nuevo gobierno deben empezar a delinear más claramente las políticas que implementarán para, por un lado, brindar la atención y reparación del daño a los familiares de desaparecidos y, por otro, para desmantelar efectivamente a las bandas criminales.

Ahora que López Obrador está por iniciar su gestión, respaldado por millones en las urnas, no basta con hablar de una amnistía, de disculpas públicas o del combate a la pobreza como táctica contra la violencia. La sociedad necesita claridad de rumbo y, especialmente, algo nada sencillo en México, ver una verdadera aplicación de la ley, que la cosa va en serio.

Muy probablemente, como afirmó ayer el poeta Javier Sicilia, el fenómeno de violencia e inseguridad que padece México está sobre diagnosticado. Hoy sabemos, por ejemplo, que los cárteles de la droga hace tiempo han diversificado su negocio hacia otros ilícitos, que estas organizaciones se aprovechan de la situación de pobreza y falta de oportunidades de miles de jóvenes para reclutarlos, así como que no contamos —excluyendo al Ejército y a la Marina, cuya labor es distinta— con cuerpos de policía capaces de hacer frente a este reto.

Lo que toca entonces es detallar la estrategia —que necesariamente debe ser multifactorial—: delinear presupuestos, recursos humanos y económicos y, en suma, dar visos tangibles, no generalidades, de lo que será la hoja de ruta para lograr la tan anhelada pacificación nacional.

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