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El tema de derechos humanos en el sexenio que está a unas horas de concluir es un asunto que deja más sombras que luces. Las desapariciones forzadas son uno de los aspectos más notorios y el de Ayotzinapa el caso más emblemático.
Sobre estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer ayer nueva información.
En una recomendación señala que la Procuraduría General de la República subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, “lo que constituiría un elemento suficiente para concluir que los cuerpos de al menos 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula”.
El llamado caso Iguala fue una oportunidad desperdiciada para hacer valer el compromiso de combate a la impunidad y de velar por el respeto a los derechos humanos. A los múltiples señalamientos de organizaciones civiles nacionales y extranjeras sobre inconsistencias y omisiones de la autoridad en la investigación, se añade ahora el reporte de la CNDH que va en el mismo sentido e incluso más allá al señalar “la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades municipales y estatales con miembros del crimen organizado”.
No ha bastado con incluir el tema del respeto a los derechos humanos en la Constitución Política para lograr que sea una práctica cotidiana, ejercida especialmente por los gobiernos de los tres niveles del país. El avance ha sido desigual. En las áreas urbanas altamente comunicadas la cultura del respeto a los derechos humanos está más arraigada que en aquellas zonas alejadas de los grandes centros de población.
A partir del sábado el nuevo gobierno tendrá un enorme desafío. Quienes ejercerán responsabilidades en la materia reconocen que existe una crisis en derechos humanos y saben el tamaño del reto. Sobre el caso Iguala han adelantado que se creará una Comisión de la Verdad. Es natural que México vaya a estar bajo el escrutinio nacional e internacional, lo cual no debe considerarse como intromisión sino como un apoyo para la correcta realización de tareas.
En la administración que concluye la ausencia del Estado fue evidente. Los datos de inseguridad y criminalidad no hacen más que confirmarlo. Los llamados a corregir el rumbo fueron varios y de distintas voces, pero no hubo respuesta contundente.
En estas páginas Human Rights Watch ha expresado que México perdió un sexenio en materia de derechos humanos. No hay tiempo que perder para enderezar el rumbo.
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