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Que una persona sea diferente nunca debe significar que tenga que sufrir violencia y mucho menos morir. Eso está ocurriendo con las personas transgénero.
EL UNIVERSAL presenta hoy la situación de violencia y muerte que les acecha, precisamente por su condición. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha documentado que las presiones están asociadas con daños físicos, violación, acoso sexual y amenazas de muerte.
Desde 2011 la cultura de protección y respeto a los derechos humanos de quienes habitan en la República Mexicana quedó amparada por la Constitución Política.
La reforma de ese año tuvo como objetivo colocar a la persona como el fin de las acciones de gobierno. A partir de entonces para toda autoridad hay cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Aunque es un principio que no siempre se cumple y está en proceso de consolidación, el simple hecho de que se haya reconocido en la principal normatividad del país marcó un antes y después.
El último párrafo del artículo 1 se ha vuelto esencial para impulsar una sociedad tolerante al establecer la prohibición de “toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”. Distintos grupos sociales han visto fortalecer sus derechos, aunque unos más que otros.
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La situación que viven las personas trans no es fácil, pues usualmente los padres son los primeros que rechazan, castigan, discriminan y reprimen a quienes han descubierto su identidad. La falta de orientación y entendimiento que prevalece en gran parte de la sociedad contribuye a ello.
En una de las historias que se publican en estas páginas, dos gemelas relatan que cuando descubrieron su identidad, durante la niñez, compañeros de su escuela y vecinos del pueblo decían que tenían “el demonio adentro”.
No hay cifras precisas sobre el número de asesinatos cometidos contra la población trans, pero organizaciones internacionales ubican a México en el segundo lugar global en número de homicidios, por detrás de Brasil.
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En el país hay sectores vulnerables —como las personas transgénero— que merecerían más atención y mayor protección de sus derechos. La Constitución está de su lado.
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