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maria.saldana@eluniversal.com.mx
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que el plan de reactivación de las empresas afectadas por el conflicto magisterial va a seguir dos caminos.
En primer término, la iniciativa privada va a establecer una mesa de negociación con el gobierno para que haya apoyos directos, como exenciones, en lugar de entrega directa de recursos a empresarios.
Además, el consejo empresarial trabaja con la banca comercial para definir esquemas que flexibilicen los pagos de créditos de los negocios afectados en Oaxaca y Chiapas, y también se buscará agilizar el pago de seguros a compañías siniestradas.
“En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estamos preparando un plan de recuperación económica y, a sugerencia de Concanaco y Coparmex, una propuesta de lo que vamos a poner nosotros como organizaciones empresariales es (…) para las zonas más afectadas, sobre todo de Oaxaca y Chiapas”, aseguró el presidente del organismo cúpula, Juan Pablo Castañón, al término de la reunión de Consejo Nacional.
El titular del consejo mencionó que la próxima semana se van a reunir con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien coordinará el programa de reactivación económica de las zonas afectadas una vez que se terminen los bloqueos magisteriales, esperando que el inicio de clases, el 22 de agosto, sea “la fecha límite” para que se resuelva el conflicto.
El planteamiento involucra a los siete organismos asociados al consejo: la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Asociación de Bancos de México (ABM), Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
En el caso de los bancos, se van a plantear obtener facilidades de pago para créditos, así como esquemas flexibles de financiamiento, explicó el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes.
El segundo camino busca exenciones en pagos a Infonavit y al Seguro Social, y que esos recursos se transfieran de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) directamente a ambas instituciones, con lo que se evitaría que el dinero se diluya.
“Que no se quede el dinero en el camino del sistema burocrático”, agregó Solana Sentíes.
Además, si solamente se dan apoyos de 5 mil, 10 mil o 15 mil pesos, como lo propuso el gobierno federal, se atenderá apenas a 10% o 15% de los afectados, y existe el riesgo de un desvío de recursos.
La propuesta también se entregará a los titulares de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Turismo, dependencias que se espera participen en el plan de reactivación de las zonas afectadas.
Enrique Solana Sentíes expuso que con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Secretaría de Gobernación se trabaja para que sean admitidas las denuncias de robo, vandalismo, secuestro de camiones y demás daños, porque los ministerios públicos no reconocían los ilícitos que ocasionaron las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Una vez con la denuncia, las aseguradoras podrán pagar los daños a las empresas.
Castañón y Solana expusieron que hay 220 mil empresas afectadas en Oaxaca y Chiapas, las cuales requieren con urgencia de apoyos. Pero para trabajar en la reactivación es indispensable que terminen los bloqueos, pues de lo contrario el sector empresarial seguirá con las demandas y amparos contra la Coordinadora.
Según el presidente del CCE, hay reportes de 500 vehículos desaparecidos, tanto automóviles nuevos para venderlos en agencias, como unidades de carga y autobuses.
Además, Juan Pablo Castañón detalló que de ese total, 250 unidades fueron robadas, vandalizadas y quemadas, en tanto que las 250 restantes se reportan como desaparecidas, pero se especula que están guardadas y no han sido dañadas todavía.
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