Chicago, Illinois.— Donald Trump quiere saber si una persona es ciudadana de Estados Unidos al responder el censo del próximo año. Su administración apeló a la Suprema Corte para incluir esa pregunta en el cuestionario sólo para ser rechazada por no ofrecer un motivo razonable. Lo cierto es que el objetivo del gobierno es amedrentar a las minorías e indocumentados para que no participen en el conteo.

La batalla se inserta en una guerra que Trump sostiene en contra de la mitad del país que detesta su presidencia. Los estados ricos que votan por los demócratas, y que cuentan con la mayor densidad poblacional, han sido castigados por esta administración. Con la reforma fiscal, sus residentes fueron impedidos a deducir el total del impuesto al ingreso que descuentan los estados. El objetivo fue minar los bolsillos de quienes viven en California, Nueva York o Illinois que pagan impuestos estatales altos y que ya no pueden deducir 100% en su declaración anual con el gobierno federal.

Por otro lado, la inclusión de la pregunta de ciudadanía podría inhibir la participación de 6.5 millones de personas en el censo, minando la representación política de las entidades liberales al perder cada una al menos un legislador federal, que a su vez reducirá su peso en el Colegio Electoral —el órgano arcaico y maldito que define la elección presidencial—. Es una guerra intestina para que el Partido Republicano continúe en el poder a pesar de su declive demográfico.

Con la pregunta de ciudadanía es garantía que las minorías no participen y no sean contadas. Este resultado implicará que las municipalidades más diversas que albergan las metrópolis más vibrantes como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Chicago pierdan en la repartición de 900 mil millones de dólares en fondos federales que se distribuyen con información del censo. Después de todo, ¿cómo asignar una rebanada grande del pastel si los datos no reflejan a la gente que se beneficiará del dinero?

Trump ya ha peleado por retirar financiamiento federal a las ciudades santuario, pero controversias en cortes federales lo han impedido. Si se sale con la suya en el censo, usará esa información incompleta para obligar a las municipalidades y estados que albergan la diversidad y la tolerancia a absorber el costo de ayudar a estos inmigrantes reduciéndoles el presupuesto que el gobierno nacional debe asignarles.

Hoy lejos se ve el Estados Unidos que pregonaba ser una nación de leyes, incluyente y tolerante. Desde la Casa Blanca no se alberga la unidad nacional, al contrario, el presidente usa la fuerza del Estado para dañar a estados libres y soberanos con una afinidad política distinta a la suya privándolos de recursos, representación e influencia política. Es ahogar las voces opositoras preservando la inequidad electoral y económica.

Si bien otras naciones como Canadá y México incluyen una pregunta de ciudadanía en sus censos, en la Unión Americana se intenta imponer el cuestionamiento mientras Trump promete a diario lanzar deportaciones masivas. Un hecho que ha tornado a esta nación fundada y engrandecida por inmigrantes en una verdadera pesadilla.

Independientemente de si se incluye la pregunta de ciudadanía, el daño parece estar hecho. Hoy las comunidades viven aterrorizadas por las acciones y la retórica del gobierno y muchos simplemente no participarán. Este es el clásico Trump, un sujeto que recurre a la bajeza de aterrorizar a los más vulnerables para ganar a la mala las condiciones que mantengan la influencia del Partido Republicano. Una institución que promueve la ansiedad y el miedo entre sus simpatizantes y que es cómplice de la guerra interna lanzada en contra de la mitad de los estadounidenses que son, casualmente, los más educados, avanzados y ricos de esta nación.

Periodista. @ARLOpinion

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