Inseguridad, palos de ciego

Alfonso Zárate

Ante una violencia delincuencial que se ha convertido en el flagelo que más lastima a la sociedad, las autoridades de todo nivel han respondido, en el mejor de los casos, con decisiones erráticas, parciales o timoratas; en el peor, con una inacción criminal o franca connivencia.

¿Por qué se ha hecho tan poco en más de diez años de violencia desbordada? Porque la mayoría de los gobernadores han incumplido su obligación mayor: la de garantizar la tranquilidad de los habitantes de sus entidades y su negligencia o complicidad no tiene costo alguno.

Porque los integrantes de las corporaciones policiales a nivel municipal están mal pagados (40% de los elementos gana menos de 5 mil pesos), carecen de capacitación, tienen armamento obsoleto y, en muchos casos, como se probó en Iguala y Cocula, Guerrero, están penetrados por el crimen.

Pero ante las evidencias de su estado ruinoso, poco o nada han hecho las autoridades municipales ni estatales. Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, ha insistido en la necesidad de corregir el maltrato que la reforma constitucional de 1999 le dio a los miembros de las corporaciones policiales (“se les desprecia desde la propia Constitución”, dice Sales) y llama a darle dignidad a la función policial. Reclama, igualmente, profesionalizar a los fiscales y a los peritos. Tiene razón. Pero aún si lográramos hacer mejores policías, peritos y fiscales, de poco serviría si no se atienden los déficit del sistema carcelario, si no se emprende una profunda reforma legislativa que acompañe estos cambios y se logra una depuración en el sistema judicial que impida que jueces y magistrados sigan emitiendo —por corrupción o intimidación— sentencias aberrantes.

Otra parte de la responsabilidad corresponde a la Secretaría de Gobernación, que dispone de instrumentos legales y políticos para incidir sobre el desempeño de las autoridades locales, pero ha optado por hacerse de la vista gorda.

Durante su mandato, el presidente Felipe Calderón pareció creer que la clave para frenar el avance del crimen organizado, residía en construir una Policía Federal vigorosa con un sistema estricto de reclutamiento, profesionalización, equipamiento... La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna, dispuso de enormes recursos que le permitieron incrementar el número de efectivos a 36 mil y adquirir tecnología de última generación. Pero no había forma de que la Policía Federal reemplazara la precariedad de las corporaciones policiales de estados y municipios. Para colmo, en el gabinete de seguridad nacional lo que imperó fue la ausencia de coordinación y los conflictos entre la SSP y la PGR. La administración de Calderón concluyó dejando un país con miles de desaparecidos y sembrado de fosas clandestinas.

El gobierno de Peña Nieto mejoró la coordinación (la relación entre los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina es constructiva), procuró bajar el volumen a la información en los medios sobre inseguridad para modificar la percepción, exploró distintas líneas de acción, pero entrega malas cuentas.

La situación ha alcanzado una gravedad que no admite dilaciones. En vez de replegar a los delincuentes, cada día nos sacuden nuevos hechos criminales: secuestros y extorsiones en ascenso, jovencitas asesinadas, periodistas ejecutados frente a sus propios hijos, como ocurrió con Gumaro Pérez… Y casi todos estos delitos permanecen impunes. La impunidad es una de las claves para explicar el desbordamiento delincuencial.

Lejos del México en Paz que ofreció el presidente Enrique Peña, lo que se observa en este fin de sexenio es el avance de la mancha delincuencial que genera miedo e indignación de la sociedad.

Muy pocos parecen entender en el gobierno que no habrá forma de contener y replegar a la delincuencia mientras no se asuma como un desafío que interpela no sólo al gabinete de seguridad nacional, sino al Estado todo, es decir, a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno. Pero que exige la concurrencia de la sociedad y de las instituciones académicas. Las universidades públicas y privadas y los centros de pensamiento tienen el deber de contribuir al estudio del fenómeno delincuencial y al diseño de propuestas para encararlo.

Lamentablemente, casi nada queda por hacer a esta administración y, hasta ahora, ninguno de quienes aspiran a gobernar el país ha mostrado tener claridad en el diagnóstico ni la estrategia integral para enfrentar este, que es el desafío mayor de nuestro convulso tiempo.
Presidente de Grupo Consultor

Interdisciplinario. @alfonsozarate

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