Radiactividad, sin control

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En el bullicioso centro de Salamanca, Guanajuato, Candelaria vende antojitos a sólo seis metros de distancia de una casa habilitada como “laboratorio de pruebas no destructivas”, que guarda en la zotehuela cinco equipos de radiología industrial que actúan con iridio 192, un isótopo radiactivo cuya tenencia está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de la Secretaría de Energía.

Como única advertencia de seguridad para los transeúntes, el pequeño negocio tiene un símbolo del trébol radiactivo pintado sobre la fachada. El logo es el único señalamiento de riesgo que llevan rotulado las camionetas con las que la empresa transporta sus equipos, mismas que se estacionan en la calle, al no contar el inmueble con cochera.

En esta industrializada ciudad, el Reglamento de Protección Civil prohíbe el uso de la vía pública para cargar productos peligrosos, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-025/2, cuyo cumplimiento corresponde a la CNSNS, dicta obligaciones a los dueños de estas unidades: “En caso de pernoctar fuera del almacén, deben estacionarse en lugar seguro y nunca en la calle. Cuando se estacionen en la calle, en todo momento deben estar vigiladas por el personal ocupacionalmente expuesto”.

Mantenimiento Industrial del Centro (MICSA) es el nombre del referido taller, el cual el pasado 28 de febrero adquirió notoriedad al saberse que uno de sus vehículos transportadores de iridio 192 fue robado en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, una unidad radiológica que también en ese caso fue estacionada y dejada en la vía pública por sus operarios.

El contenedor portátil de iridio 192 presuntamente robado en San Juan del Río y que días después fue encontrado (“sin incidentes por lamentar”) en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca es el octavo que se reporta en México en los últimos 26 meses, de acuerdo con un recuento de EL UNIVERSAL.

Ocho robos en dos años

Cada uno de estos extravíos de material radiactivo ha originado la emisión de alertas por parte de las autoridades municipales y estatales afectadas, así como por las federales de la CNSNS, de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública e inclusive de las consulares, obligadas a girar avisos internacionales debido a los convenios que nuestro país tiene firmados en materia de seguridad nuclear.

Con la excepción de dos casos, donde los hurtos de material radiactivo se reportaron por presunto allanamiento de almacenes de dos empresas, los seis restantes tuvieron como común denominador el descuido de las unidades móviles por parte de los técnicos a cargo, tanto en estacionamientos públicos como en la calle.

En ninguno de los casos reportados la CNSNS ha hecho pública la imposición de algún tipo de sanción para las empresas involucradas. A raíz del caso de San Juan del Río, EL UNIVERSAL solicitó al área de Transparencia de la Secretaría de Energía dicha información, la cual se encuentra “en trámite”.

Los más comunes

Dedicado a brindar “servicios de identificación radiológica de fallas en ductos, equipos industriales y soldaduras en general”, MICSA es uno de los cinco “laboratorios” que operan con iridio 192 en la ciudad de Salamanca y uno de los aproximadamente 173 permisionarios para el manejo de toda clase de productos radiactivos que actúan en México, de acuerdo con datos actualizados hasta abril pasado por la CNSNS.

Al igual que Guanajuato, los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Baja California y la Ciudad de México son las entidades donde se concentra 90% de las empresas del ramo, de acuerdo con los datos recabados por este diario.

El iridio 192 es el isótopo artificial que mayormente se emplea en México, además del cesio 137, iterbio 179 y tulio 170, para uso industrial. Asimismo, para fines de radiología médica los más utilizados son el cobalto 60, yodo 129/131 y tecnecio 99.

Los riesgos para la salud que implica la exposición (inclusive instantánea) a estos compuestos llegan a ser letales, razón por la cual los protocolos de seguridad exigen su resguardo dentro de contenedores sellados, así como mantener “un perímetro de seguridad con radio mínimo de 30 metros” de distancia de las personas no capacitadas para su manejo (ver infografía).

¿Negligencia?

Jesús Gurría, ingeniero independiente con experiencia de 40 años en consultoría industrial, es contundente para descalificar a todo el mercado de servicios de “pruebas no destructivas”, el cual, asegura, “consta de pocas empresas porque entre todas se disputan a sus dos principales clientes: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad”.

“Nunca he conocido un servicio de radiología del que yo pueda decir ‘este sí es completamente profesional’. Ninguno de esos negocios tiene el cuidado necesario con la radiactividad ni menos aún cuentan con el equipo, los uniformes o el adiestramiento suficiente para su personal técnico. Nos falta disciplina y conocimiento del manejo de materiales radiactivos. No es que estemos en pañales ni que no conozcamos de riesgos, sino que simplemente así somos de negligentes. Así actuamos en México: a la mexicana, precisamente”, afirma.

Bonifacio Alanís, ingeniero capacitador de técnicos radiólogos, tiene una opinión menos radical al respecto y asegura: “Gracias a la presencia en México de industrias extranjeras hemos avanzado bastante en el ramo de la seguridad industrial. Tendría que recordarse lo que era este ambiente hace unos 20 años: una verdadera pena”.

Sin embargo, Alanís acepta que sí existe un “área de oportunidad” para mejorar el ramo: certificar a todas las empresas y técnicos radiólogos, una meta que aún es remota. “Los riesgos para la salud pública son grandes, de modo que a nuestra industria le conviene tomar los ejemplos buenos y malos que tenemos a la vista y proceder a certificarse. Nunca es tarde para ello”, comenta.

La opinión anterior se complementa con la del legislador Arturo Álvarez, titular de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quien sugiere modificar las normas de seguridad que regula la CNSNS, a fin de poder instalar un chip GPS tanto a vehículos transportadores como a los contenedores radiactivos, el cual esté enlazado con todas las instancias de seguridad del país, además de “imponer obligaciones más estrictas a las empresas autorizadas para manejar estos compuestos”.

“Ni saben lo que se roban”

Alfredo Álvarez, técnico radiólogo y representante legal de MICSA, manifiesta a EL UNIVERSAL su tranquilidad por la recuperación de su unidad móvil: “Bendito sea Dios, ya pasó el peligro”. Pero sobre la responsabilidad de su empresa al dejar en la vía pública un artefacto radiactivo, el empresario responde diciendo que ya ha enviado a la autoridad reguladora de la CNSNS una explicación de lo que, considera, fue un “hecho fortuito”.

“La gente está muy dañada, los rateros no sé qué traen en la cabeza, serán las drogas. Si están viendo que la camioneta trae sus símbolos de radiactividad, que es peligroso. No supieron ni lo que se robaron, caray”, señala.

En ausencia de Álvarez, este diario visitó brevemente las oficinas de MICSA, donde los radiólogos Moisés y Fernando defienden a la empresa y dicen querer mostrar que sus instalaciones son seguras: “Si usted ve, esta área está aislada de cualquier peligro de radiación”, expone Moisés, anteponiendo como garantía de lo que dice tener una experiencia de 30 años en el ramo y en “cosas de seguridad”.

Lo apoya Fernando, quien explica que los trabajos de riesgo no se practican en ese local, sino en el domicilio de las industrias que los contratan. “Aquí sólo le damos mantenimiento al equipo y lo guardamos muy bien, a dos metros bajo tierra, con una cobertura de plomo”.

Aseguran ambos técnicos que sus equipos son manipulados “con total precaución”, incluyendo las maniobras de llevarlos y traerlos de los vehículos donde se transportan, “unidades móviles” que se estacionan en la calle, puesto que el local no tiene cochera. “Nuestra propia vida está en riesgo, así que no dejamos ningún pelo suelto en seguridad”.

Por lo pronto, la responsabilidad de MICSA es cuestionada por el propio alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, quien dice a este diario: “Me sorprende mucho que los técnicos que anduvieron de paso por nuestra ciudad dejaran en la calle un equipo tan peligroso y sin darnos ningún aviso. Pienso que la camioneta debió venir custodiada y con ello podríamos haber evitado no sólo el robo, sino un gran riesgo para los sanjuanenses. Creo que las autoridades federales deben indagar si procede una sanción, así como dictar medidas preventivas para que no se repitan estos casos”.

Un robo por trimestre

La cápsula de iridio 192 extraviada este 28 de febrero en San Juan del Río tiene similitud con otras siete desapariciones de material radiactivo reportadas en México desde el 2 de diciembre de 2013, periodo que suma 26 meses y otorgaría el promedio de un robo trimestral.

Uno de ellos fue el 13 de abril de 2015, cuando en Cárdenas, Tabasco, desapareció una unidad móvil con iridio 192 del estacionamiento del edificio donde vivía el conductor. El vehículo se recuperó en la central camionera, mientras que la fuente fue hallada en un puente peatonal situado a unos pasos de la Escuela Secundaria 36. La empresa que reportó la desaparición del equipo, Garantía Radiográfica e Ingeniería, no pudo ser ubicada en ningún directorio por este diario ni fue reconocida por expertos. La CNSNS no la registra en su base de datos pública.