Corte frena inhabilitación a Semilla en Guatemala

San José. – Con 37 años de frágil existencia marcados por sobresaltos y amenazas de interrupciones, la democracia en Guatemala volvió a entrar esta semana a una zona de peligro y de zozobra agravados por el futuro de la segunda ronda de las elecciones presidenciales.

“En las sombras está conspirando lo peor de lo peor de los viejos poderes guatemaltecos”, afirmó una activista guatemalteca de derechos humanos que huyó de Guatemala a un país de Centroamérica por lo que describió como “serias amenazas” en su contra en su tierra natal y en referencia a las “fuerzas más oscuras” de la política de esa nación.

“El temor es que estén dispuestas a hacer lo que sea para cumplir su objetivo”, advirtió, en declaraciones telefónicas a EL UNIVERSAL bajo pedido de anonimato por miedo a represalias. “Guatemala no cambia”, narró, al solicitar preservar discreción sobre su paradero.

La meta de la denunciada conjura pareció clara: impedir que el aspirante presidencial centroizquierdista Bernardo Arévalo, del opositor partido Semilla, avance fuerte a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 20 de agosto, y con opciones reales de triunfo, y posicionar al centroderechista Manuel Conde, candidato respaldado por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y del oficialista partido Vamos.

Tras callar en medio de una tormenta institucional, política y electoral, el gobierno de Giammattei buscó despojarse de las sospechas en su contra a favor de Conde y se declaró ayer “respetuoso del Estado de derecho y la independencia de poderes dentro del sistema republicano, por lo que se mantiene alejado de cualquier proceso judicial de los órganos correspondientes”.

Arévalo y la centroderechista Sandra Torres, del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), disputarán la segunda ronda, en la que se triunfará por mayoría simple.

Para la primera, efectuada el 25 de junio anterior, Torres quedó de primera y Arévalo de segundo y sin llegar a la mitad más uno de los votos requerido para ganar la Presidencia en esa etapa, mientras que Conde de tercero y eliminado con 18 candidatos más.

En una nueva y sorpresiva maniobra contra Arévalo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de la Fiscalía General o Ministerio Público (MP) solicitó anteayer cancelar o suspender la personería jurídica de Semilla por presunta corrupción, en un trámite refrendado por un juzgado penal local.

En una acción sin precedentes en la historia institucional guatemalteca, la FECI allanó ayer el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el entono de la instancia de organizaciones políticas e informó que fue una tarea de “inspección, registro y secuestro de evidencia”.

“Dentro de la investigación existen indicios que posiblemente más de 5 mil ciudadanos habrían sido adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, mediante falsificación de documentos. Así también, al menos 12 personas fallecidas habrían sido inscritas en dicho partido político”, reportó.

En respuesta, y después de más de dos horas de debate, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo provisional a un recurso que presentó Semilla, que así podrá seguir en la segunda vuelta con los cargos electos el pasado 25 de junio de Arévalo y su candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera.

Pero la gestión de la FECI generó una onda expansiva.

La democracia en Guatemala “está en vilo”, advirtió la abogada guatemalteca Irma Palencia, presidenta del TSE, al declararse su angustia ante la arremetida del MP.

“Estoy tan sorprendida. Esto es inédito”, admitió Palencia en declaraciones a la estación radiofónica guatemalteca Emisoras Unidas. “Preocupada, por supuesto, por los jefes, directores, los trabajadores, por todo mundo porque esta invasión a una parte de la institución nos preocupa. Ya no sé qué pensar o qué más sigue”, reconoció.

Por solidaridad con los votantes de Semilla, Torres suspendió ayer su campaña y explicó que lo hacía para competir en igualdad de condiciones con Arévalo y evitar aprovecharse de la controversia.

Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron ayer su honda inquietud por el intento del MP de sacar de contienda a Semilla. “Creciente tensión” en Guatemala, destacó el secretario general de la ONU, António Guterres. “Profundamente preocupado”, se declaró Washington.

El trámite inesperado de la FECI se produjo el miércoles en la tarde y de previo a que ese mismo día, en una resolución que chocó con el caso emprendido por Curruchiche, el TSE oficializó y avaló los resultados del 25 de junio y proclamó a Torres y a Arévalo como competidores para el 20 de agosto.

Tras 10 días de incertidumbre, la Corte Suprema de Justicia sepultó el lunes anterior un inicial acto hostil sobre Arévalo que fue desplegado por los partidos de la clase política tradicional de Guatemala en la semana siguiente a la primera vuelta y que, el primero de este mes, ordenó al TSE abstenerse de emitir resultados.

La Corte ordenó el lunes al TSE oficializar el escrutinio de la primera vuelta y proclamar a ambos candidatos para la segunda. El TSE acató, pero casi en paralelo al operativo del FECI.

El escenario reactivó temores de golpe de Estado en un país que, de 1954 a 1986, vivió en un régimen militar derechista y que, con la transición de 1986, cumplió 37 años de paulatino retorno a la democracia en 2023.

El primer gobierno en democracia, de 1986 a 1991, sofocó al menos tentativas de golpe de Estado. El segundo, elegido para gobernar de 1991 a 1996, terminó en 1993 al promover un autogolpe de Estado que fracasó y pudo aplastarse por vía constitucional y sin ruptura.

La crisis de 2023 volvió a encender las alertas.

“Esto es el saldo de los tres gobiernos (cuatrienios de 2012 a 2024) han perfeccionado la captura del Estado y de sus instituciones”, aseguró la guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.

De León recordó a este diario que existe una conjura partidista y empresarial de la derecha guatemalteca con apoyo militar que, con raíces en 2012 y afianzada en 2017, se lanzó a controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electora y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía.

“El nivel de autoritarismo de Giammattei es el máximo. Lo que está comprando es impunidad para tratar de que Conde pase a segunda vuelta”, relató.