“Legalización haría insostenible guerra antidrogas”

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La probabilidad de una reconsideración estilo Uruguay o Colorado es considerablemente menor, dado que México sigue constreñido por la política estadounidense y por la presencia de cárteles salvajes en su suelo. Pero es posible hipotetizar una ruta hacia la revisión de su política antidrogas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido reticente a hacer más que especular sobre cambiar las reglas. Después de todo, la estrategia del PRI había sido evitar lidiar con los problemas de la guerra contra las drogas tanto como fuera posible, y en vez de eso concentrarse en las iniciativas económicas. La legalización requeriría un cambio drástico de prioridades (aunque no de ideología, pues la discriminalización podría presentarse como un impulso al libre mercado).

Pero el movimiento de autodefensas, y ahora la indignación nacional por la desaparición de los 43, junto con la preocupación de los inversionistas internacionales por la criminalidad rampante vigente, ha forzado a Peña Nieto a afrontar la cuestión del crimen. ¿Pero cómo? Dado que una repetición del asalto militar sin cuartel de Calderón está casi fuera de discusión —vine, hice, no funcionó— una de las maneras más probables de tumbar al crimen sería ir por el camino de la discriminalización: secar el mar en el que los cárteles nadan. Pero ahí se estrellaría contra Estados Unidos, cuya capacidad de desquitarse con la descertificación y otras medidas no tiene par, como no lo ha tenido durante un siglo. ¿Cómo salir de esta trampa? Una posibilidad: políticos del PRD en la Ciudad de México han dicho que van a entregar un paquete de legalización a la legislatura de la ciudad, donde la aprobación sería posible.

La capital es más liberal que la provincia en cuestiones culturales: ya legalizó el aborto y el matrimonio homosexual.

Si la ciudad lo hiciera, el gobierno federal se vería confrontado con el mismo dilema al que el presidente Barack Obama se enfrentó tras la jugada disidente de Colorado y Washington; podrían demandar u ordenar arrestos, o podrían aquiescer.

Supongamos además que en 2016 California legalice la producción y distribución de marihuana (las encuestas actuales muestran un 65% a favor). Podría ser posible que la legalización de exportaciones por parte de México no invocaría la ira del gobierno del presidente Obama, aún en el poder; de hecho, todo el régimen de la guerra contra las drogas se volvería inestable, quizás insostenible.

Hay muchos empresarios estadounidenses que se están preparando para un suceso así; un ex ejecutivo de Microsoft está solicitando inversionistas que aporten 10 millones de dólares para crear la primera marca nacional de marihuana, que suministraría cannabis importado legalmente de México a tiendas recreativas y médicas. (Ha comenzado a comprar dispensarios y a hacer giras con Vicente Fox para promover su visión).

Cuando Nueva York aprobó su ley de marihuana médica en julio de 2014, y le dio al Departamento de Salud 18 meses para elegir cinco compañías que produjeran yerba “de la semilla a la venta”, disparó una carrera de posibles cultivadores, inversionistas, cabilderos, consultores y empresas de branding.

En octubre, 900 personas corrieron a una Expo de Negocio de Cannabis, Conferencia Educativa y Cumbre Regulatoria de la Costa Este (East Coast Cannabis Business Expo, Educational Conference and Regulatory Summit), a reventar de vendedores y capitalistas atrevidos preparados para soltar 20 millones de dólares para cubrir gastos iniciales. La venerable revista contracultural High Times anunció que planeaba crear un Fondo de Crecimiento High Times (High Times Growth Fund), el cual sería de acciones para invertir en negocios canábicos.

¿Pero qué hay de los cárteles? ¿Cómo podrían reaccionar ante esta marea? ¿Cómo están lidiando con las ganancias en declive de la marihuana? Algunos se están retirando. Un reporte de abril de 2014 sobre la región del Triángulo Dorado de Sinaloa descubrió que los campesinos ya no estaban plantando el enervante, pues su precio a granel había colapsado de 100 dólares el kilo a menos de 25. “Ya no vale la pena”, dijo al Washington Post Rodrigo Silla (quien ha cultivado cannabis toda su vida), y añadió: “Ojalá que los gringos le pararan a esta legalización”.

¿Estarán realmente listos los cárteles para abandonar del todo la producción de marihuana? No por el momento, pero están reajustando sus planes de producción. Los narcocampesinos en Sinaloa están llenando sus sembradíos de adormideras para opio, en parte en respuesta a una mayor demanda en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses, tratando de contener una epidemia de abuso de recetas de anestésicos, han estrechado el control sobre los opiáceos semisintéticos como la hidrocodona y la oxicodona. Al volverse más costosas y difíciles de conseguir las pastillas, los cárteles han ajustado su línea de producción, y ahora envían un río de heroína al norte. De manera similar, los cárteles están experimentando con el cultivo de hoja de coca; en septiembre de 2014, se descubrieron 639 mil plantas en Chiapas. Sin embargo, probablemente no podría mantenerse una situación mitad criminal y mitad legal a largo plazo, y probablemente se requeriría el desmantelamiento total del régimen antidrogas, incluyendo el espectro completo de las drogas actualmente criminalizadas (como lo hizo la ley mexicana de 2009, aunque sólo para la posesión de cantidades mínimas, y como lo hace la estrategia total adoptada por Portugal).

La producción apacible de cultivos de drogas se convertiría en tan sólo una industria más —como cultivar aguacates o hacer tequila— y al brindar empleos agrícolas con un pago decente a los campesinos. Al final, una recuperación total requeriría atacar la pobreza, el desempleo y la desigualdad económica omnipresentes en México al brindar a la ciudadanía empleos decentes, buena educación y servicios de salud accesibles. Esto, sin embargo, es un proyecto social incompatible con el compromiso vigente con las mociones neoliberales y las fantasía recurrentes de salvación por medio de la inversión petrolera, especialmente ahora que el precio del crudo ha colapsado.

¿Sería políticamente concebible terminar con la guerra mexicana contra las drogas al discriminalizarla hasta la inexistencia? Tal vez, dada la alternativa sangrienta. La esperanza sería, dado el tremendo golpe que recibirían los cárteles gracias a la redituabilidad disminuida, que ellos y su progenie de banditas se volvieran vulnerables a un ataque concentrado por parte de unas fuerzas del orden reestructuradas y menos sobornables. Si se canalizara un poco de la actual insistencia furiosa de la sociedad civil porque la justicia, la ley y el orden prevalezcan para conseguir una solución estructural, en vez de otro arreglo a corto plazo, habría oportunidad de que México saliera del lodazal en el que se ha metido, en gran parte por cortesía de Estados Unidos. Tal vez sea tiempo de decir: ¡Ya basta! Con 100 años tenemos.