El Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto reconocieron el carácter de víctima del comunicador y aceptaron que se violentaron sus derechos humanos
Según las investigaciones elementos de la PGR realizaron una detención arbitraria y colocaron un arma en el vehículo de un hombre que contaba con una orden de presentación en calidad de testigo