La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las normas impugnadas, garantizan el Sistema de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos y se protege el derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México