En los últimos días, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acaparado los reflectores con sus declaraciones sobre el perdón que otorgaría a los presidentes de las pasadas administraciones a los que ha acusado de grandes actos de corrupción.

Hace casi un año, el entonces Presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski ocupaba los titulares de los diarios al haber otorgado el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori quien estaba sentenciado a 25 años de prisión por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Esta acción sumada a las acusaciones de corrupción de su propio gobierno le generó una crisis política de tales dimensiones que se vio forzado a renunciar al cargo unos pocos meses después. Corrupción por cierto, relacionada con pagos de Odebrecht a empresas ligadas al presidente.

También en diciembre pasado, en Brasil, el presidente Michael Temer intentó usar sus facultades de indulto para beneficiar a individuos que han sido sentenciados por corrupción relacionada con el caso Lava Jato, el escándalo de descomposición política más explosivo de los últimos años y cuyos efectos han llegado incluso a nuestro país. El caso de Temer sin embargo, resultó también infructuoso, pues la Corte Suprema de Brasil suspendió el indulto por considerarlo anticonstitucional.

Por supuesto el caso mexicano se aleja de los ejemplos precedentes por la simple razón de que aquí no se ha iniciado siquiera una investigación para saber si los desorbitantes casos de corrupción se cometieron. Mucho menos existe un juicio y ni que decir de una sentencia condenatoria a la que, en última instancia podría recaer un indulto presidencial.

Sabemos, gracias a investigaciones periodísticas serias, que, al menos en la administración que se va, hubo corrupción e impunidad flagrante. Desde la Casa Blanca hasta la Estafa Maestra pasando por Grupo Higa y Oderbrech hay sospechas totalmente fundadas de la falta de probidad con que se llevaron a cabo negocios millonarios.

Con todo y eso, con todo y la indignación que generaron en la sociedad mexicana -una que llevó al propio López Obrador a ganar la presidencia-, con todo y el daño patrimonial a México, es casi seguro que ni siquiera se investigarán estos hechos. Porque el próximo Presidente ha decidido que su capricho personal es más importante, porque opina que la investigación es revanchismo, porque quiere ser recordado como el bueno y conciliador. Sin embargo, eso no es justicia. Si hubo delitos que se investigue a los responsables, que se sancionen sus acciones, que se les condene y se les haga responsables.

¿Perdón? el perdón es para un amigo que llegó tarde, para un hijo que rompió un florero, para el conocido que no devolvió un libro prestado. El perdón es de la esfera privada, es discrecional. La justicia es para los servidores públicos y se debe aplicar a quienes hayan cometido delitos y la corrupción es, sin duda el peor de ellos. ¿Perdón? No señor presidente electo, la justicia no es optativa.

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