2018 ¿el año para terminar con la corrupción?

El sexenio se termina. Una vez más estamos ya enzarzados en la carrera por la Presidencia de México. Una vez más los ciudadanos estamos sin opciones viables para ejercer nuestro derecho al voto. Otra vez, la democracia muestra su lado más flaco: podemos votar pero ¿por quién?

En el resumen del sexenio peñanietista hay un poco de todo, pero parece ser que los escándalos de corrupción se llevan la medalla de oro y hoy, lejos de cantar na na na na de Movimiento Ciudadano, deberíamos exigir una evaluación de los enormes daños que la corrupción ha causado en nuestro país.

Hace unos años durante la entrevista organizada por el Fondo de Cultura Económica que le hicieron periodistas de distintos signos, llamó la atención el poco interés del presidente en esta materia, sobre todo cuando éste fue parte nodal de su campaña presidencial y parte del arranque de su gobierno que permitieron posicionarlo a él y al PRI como un partido diferente al PRI-corrupto que gobernó al país por más de 70 años.

La supuesta lucha anticorrupción fue aventada al cajón de los recuerdos y la prioridad fueron las tan cacareadas reformas estructurales que poco han dejado para el país. En un país donde la corrupción ha marcado muchas generaciones y parece ser inagotable, empujar reformas como la energética o la de telecomunicaciones donde el primer requisito para su correcto funcionamiento es precisamente la transparencia y el manejo sin corrupción de los procesos de licitación era sin lugar a dudas un contrasentido.

En un país en el que las autopistas pueden quedarse cerradas porque las tarjetas de telepeaje dejaron de funcionar debido a un proceso de licitación mal llevado y con visos de haber sido manipulado, abrir la industria energética era cometer suicidio. Y no se trataba sólo de la transparencia sino también de la responsabilidad administrativa, política y penal para los muchos funcionarios que se benefician de hacer las cosas mal, de recibir sobornos a cambio de licitaciones manipuladas, de recibir bonos a cambio de votar a favor de una reforma, de recibir moches, de ligarse con empresas como Oderbrech o Grupo Higa cuyos antecedentes de transparencia y buenas prácticas son inexistentes.

En estos años México necesitaría haber comenzado por cambiar el problema de la corrupción, transformar a México pasaba por eliminar la impunidad que es el incentivo más perverso para que existan aquellos que deciden no ajustarse a las reglas, aceptar dinero a cambio de dádivas o esconder aquello que debía ser abierto a todos.

Una verdadera transformación de México tendría que haber comenzado por eliminar la forma antigua de hacer política que heredó el PRI que hoy ocupa Los Pinos, del PRI de López Portillo, Echeverría, de la Madrid o Salinas. Para “Mover a México” se necesitaban más que spots y por supuesto más que reformas constitucionales a modo y legislación secundaria a todas luces anticonstitucional.

Cambiar a México tendría que haber pasado por el gobierno de manera interna obligando a sus propios funcionarios, trabajadores y colaboradores a cumplir con las leyes y mostrar que si no se cumplen hay consecuencias y que éstas son, con mucho, más costosas que el beneficio de hacer las cosas mal. México, quiero pensar no es, como parecía sugerir Peña Nieto un país intrínsecamente corrupto.

Por ello, la lucha anticorrupción tiene que seguir siendo una bandera de exigencia ciudadana en el 2018, más allá de cualquier otra. Si seguimos sin resolver este problema, todo lo demás se va a la basura y viviremos otro sexenio similar a este: políticos y empresarios que se hacen millonarios a costa de la riqueza que pertenece a la nación. Licitaciones de millones de pesos en que los beneficiarios son amigos, compadres o la compañía que “ofreció” más al responsable de tomar decisiones.

Desastres ecológicos -como el de Sonora, Cancún, Nuevo Vallarta- sin responsabilidades porque las empresas llegaron al precio al gobierno y hay que hacerse de la vista gorda: cero responsabilidades y supuestas “remediaciones” con cargo al erario público sin que los principales afectados vean realmente solucionado el problema.

México ya no puede más, ya no deberíamos permitirlo, la pregunta aquí es ¿quién toma la bandera? ¿quién empuja el tema? o ¿de plano nos hemos vuelto los ciudadanos tan apáticos, tan cínicos que ya no nos importa? O estamos listos para que 2018 sea el año anticorrupción, esa debería ser nuestra mayor exigencia.