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Diana García Pérez lleva dos años y tres meses luchando por dar con el paradero de su hija. El pasado 30 de marzo acudió a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, en Naucalpan, Estado de México, para denunciar lo que considera violencia vicaria. Pero cuando intentó hacerlo, las autoridades que la atendieron le dijeron que no podían registrar los hechos bajo ese delito y la denuncia quedó asentada como violencia familiar.
Esto, a pesar de que diez días antes, el 20 de marzo de 2026, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México una reforma al Código Penal en materia de violencia vicaria, con la que dicha conducta fue incorporada como delito.
La violencia vicaria es una forma de violencia contra las mujeres en la que el agresor utiliza a sus hijas o hijos o personas significativas como herramientas para causarles daño o sufrimiento o como una forma de ejercer control. El Código Penal del Estado de México en su artículo 218 BIS enumera conductas relacionadas con este tipo de violencia, entre ellas, amenazar, ocultar, sustraer, retener a familiares o personas allegadas, y presentar acciones legales basadas en hechos falsos para obtener la custodia.
La violencia vicaria es un término que responde a una dinámica de violencia de género. Aunque un hombre pueda padecer la retención de sus hijos, jurídicamente no se clasifica como violencia vicaria.
Madres exigen la aplicación de la Ley Vicaría (Cortesía: Jennifer Seifert)
Desde el 30 de marzo, la carpeta de Diana continúa bajo la clasificación de violencia familiar. Aunque su abogado le explicó que los hechos podrían corresponder al nuevo delito, sólo la autoridad podría determinar la figura jurídica bajo la cual debe investigarse su caso. El problema, dice, no es ponerle nombre a la situación que vive, sino conseguir que las autoridades reconozcan el delito.
Mientras espera que eso ocurra, Diana sigue reuniendo pruebas para intentar judicializar la carpeta por violencia familiar o por desacato judicial. El padre de su hija ha incumplido, asegura, distintas órdenes emitidas por un juez relacionadas con las convivencias entre madre e hija. Han pasado dos años y tres meses desde la última vez que Diana vio o supo de su hija.
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Las dificultades para denunciar este delito no solo las ha padecido Diana. De acuerdo con cuatro colectivos de madres víctimas de este tipo de violencia, consultados para este reportaje, a seis meses de que entraron en vigor las reformas para clasificarla como delito, hasta ahora no conocen un solo proceso iniciado bajo la nueva figura penal en el Estado de México. Relatan que, cuando las mujeres acuden a un Ministerio Público para denunciar, en algunos casos las autoridades se niegan a recibir los hechos como violencia vicaria bajo el argumento de que aún no están capacitadas para aplicar el nuevo delito.
Corriente Alterna solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vía ley de transparencia, información estadística sobre las carpetas de investigación iniciadas y judicializadas por violencia vicaria desde que se incluyó este delito en el Código Penal. Sin embargo, la Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Fiscalía informó que en los datos estadísticos que genera no se contempla el de violencia vicaria, es decir, no lo registran.
Además se buscó al área de Comunicación Social de la Fiscalía estatal, con la intención de obtener una entrevista para saber por qué no se contempla la violencia vicaria en sus datos estadísticos, pero se informó que en esa institución no se brindan entrevistas, solo informan a través de boletines o redes sociales.
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Un delito que todavía no llega a los juzgados
“Yo pensaba que estaba como en un sueño” cuenta Lizbeth Portillo al recordar las noches de diciembre del 2021 cuando su expareja y padre de su hijo decidió sustraerlo de su hogar. En ese tiempo llevaban siete años separados y hasta ese momento todo fluía sin pleitos, ni pensiones atrasadas y sin abogados de por medio. Ella, en ese entonces, tenía un puesto de venta de alitas afuera de su casa y su hijo iba a convivir con su papá ciertos días a la semana, según el acuerdo que había entre ambos.
Sin embargo, un día todo cambió. Su hijo, que entonces tenía siete años, le contó lo que vivió cuando iba a convivir con su papá: el abuso sexual por parte de su abuela paterna. Lizbeth se lo dijo al padre y como respuesta, éste se llevó al niño con el fin de que no denunciara a la presunta agresora. Empezaron entonces noches en las que Lizbeth cuenta que no dormía queriendo creer que nada había cambiado y que su hijo estaba en la habitación contigua.
Perdió legalmente la guarda y custodia de su hijo, perdió su negocio debido a la deuda que le ocasionó pagar abogados y en medio de esa incertidumbre, encontró que lo que estaba viviendo tenía nombre: violencia vicaria.
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Lizbeth tiene cuatro carpetas de investigación abiertas ante el Ministerio Público por los delitos de abuso, violencia familiar, sustracción y otro hecho que prefirió no detallar. De esas cuatro, solo una se ha judicializado, es decir, la Fiscalía logró llevarla ante un juez al considerar que existen elementos para iniciar un proceso penal contra la persona señalada. El resto avanza a un ritmo que ella describe como lento.
Cuenta que como parte del desahogo del proceso penal, se citó su hijo para que el juez escuchará directamente su testimonio. Ahí, el niño relató lo que vivió con su abuela paterna. A pesar de lo que contó, el juez decidió no actuar, según Lizbeth, y simplemente ordenó que el niño volviera con su papá. “Se lavan las manos”, reprocha.
Lizbet cuenta que su hijo intentó escapar al menos en tres ocasiones desde que el padre se lo llevó. La última vez logró huir y regresar con ella. Lizbeth decidió no reincorporarlo con el padre y dice que no lo hará. “Si los jueces ya saben que mi hijo corre peligro, ¿para qué lo voy a reincorporar con su papá?”, cuestiona. La orden del juez sigue vigente pero hasta ahora el padre no ha ido a buscarlo.
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El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), una organización que brinda apoyo a madres víctimas y documenta este problema a nivel nacional, tiene registrados más de cinco mil 700 casos en todo el país, el 15% corresponde a víctimas del Estado de México, lo que lo coloca como la segunda entidad con más casos, solo por detrás de la Ciudad de México que concentra el 22% del registro.
Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional y representante de la organización en el Estado de México, explicó que esta entidad fue una de las primeras en incorporar la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en junio de 2022 en su decreto 60, mientras que apenas en marzo del 2026 se incorporó al Código Penal estatal, tipificándose como un delito.
A pesar de ello, señala Jennifer, aún no existe un solo proceso iniciado bajo el delito de violencia vicaria por parte de la Fiscalía estatal.
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“Cuando llegas al al ministerio público al Centro de justicia no te permiten levantar la denuncia por violencia vicaria, muchos porque no quieren, porque les da flojera, porque no lo entienden. Muchos porque dicen no estar capacitados, cuando en realidad todas las autoridades ya están capacitados en temas de violencia vicaria”, destaca Jennifer.
Grecia Jiménez, abogada con tres años de experiencia en casos de violencia vicaria y activista enfocada en estos temas, señala que el problema también está en la falta de protocolos para que las autoridades identifiquen y reconozcan estos casos de violencia vicaria.
"Lamentablemente hoy en México no hay protocolos para seguir y reconocer un asunto de violencia vicaria. Justamente esa es mi labor hoy en día, que haya unos protocolos para reconocer la violencia vicaria", señala Jiménez.
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El abogado Alejandro Ledesma, con más de 20 años de experiencia en materia penal, califica como “muy criticable” que la Fiscalía del Estado de México no contempla incluir en sus registros estadísticos información sobre la cantidad de carpetas iniciadas por este tipo de delito, el estatus de las mismas y las determinaciones.
“No se contempla una estadística que nos permita saber cómo se va generando este fenómeno del delito de la violencia vicaria… es una opacidad muy grande, porque entonces, pues cómo podemos tomar como base si este delito se está desarrollando de manera rápida, si no sabemos a partir de la reforma cuántas carpetas se han iniciado”, cuestiona.
El abogado señala que esta omisión en la medición del fenómeno tiene como consecuencia que el estado no pueda contar con las herramientas necesarias que le permitan diseñar políticas criminales para la toma de decisiones.
“Vamos a suponer que a lo mejor esta reforma fue o estuvo chata, o le faltaron cosas, y eso solamente te lo va a decir el desarrollo de las investigaciones, cómo lo están haciendo los ministerios públicos, cuántas carpetas de investigación tienes y cuántas han sido judicializadas, y cuál ha sido su resultado”, destaca.
El largo camino hacia la justicia
El caso de Paola Zavaleta, representante de un grupo de madres autónomas, refleja esta misma pared institucional. Ella lleva cuatro años en medio de un litigio por la sustracción de su hija y ha atestiguado cómo los juzgados favorecen la dilatación del proceso. "Ellos no saben bien de qué se trata el tema. Apenas lo han estado como aprendiendo", explica sobre el personal del Poder Judicial.
La mujer cuenta que en el 2022, tras separarse del padre de su hija, le avisó a éste que se mudaría de casa con la niña para iniciar una nueva vida. Al llegar el verano, su ex pareja le pidió llevarse a su hija de vacaciones. Paola aceptó pero él nunca se la regresó, y desde entonces le ha prohibido acercarse a ella.
A partir de ese momento comenzó un desgastante proceso legal en los juzgados del Estado de México. Aunque contaba con una orden judicial para reincorporarla y recuperar su custodia, las autoridades no la ejecutaban. Ante la falta de respuesta, Paola comenzó a protestar frente a los juzgados. La presión social la llevó a obtener una resolución parcial: se le permitieron convivencias con su hija en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM).
Después de años sin verla, apenas hace tres meses logró reencontrarse con ella durante unas horas, bajo la vigilancia de trabajadores sociales.
En su caso, la presión institucional llegó al punto en que el propio juez le exigió ceder ante el agresor: "A mí el juez me decía: 'llegue a un acuerdo, señora, es lo más favorable”.
La violencia institucional es otro de los factores que obstaculizan el acceso a la justicia para las madres que buscan a sus hijas e hijos. El FNCVV realizó una encuesta a mujeres que han vivido este tipo de violencia, con el fin de obtener datos estadísticos sobre su situación. Los resultados muestran que el 90.76% de las encuestadas mencionó haber sufrido violencia institucional. Además, poco más del 60% señaló que los regímenes de convivencia establecidos por las autoridades no se cumplen o casi nunca se cumplen.
Manifestación (Cortesía: Jennifer Seifert)
De la búsqueda a la organización colectiva
La falta de respuestas de las autoridades no solo prolonga los procesos, cada demora significa que las madres pasan más tiempo separadas de sus hijos y enfrentan una mayor incertidumbre sobre su futuro. Ante la búsqueda de justicia, que se prolonga durante años, muchas mujeres han encontrado en la autoorganización una herramienta de protección y apoyo mutuo.
Tras la pérdida de su hijo en 2021, Lizbeth Portillo decidió fundar, en 2023, el colectivo “Mamá está contigo”, que hoy dirige en el Estado de México. El nombre surgió de las primeras palabras que le vinieron a la mente cuando se llevaron a su hijo. Lo que empezó como una experiencia personal se convirtió en una red de apoyo integrada por unas 50 coordinadoras -una por municipio- y más de mil 500 mujeres. Mientras enfrentan los procesos legales y buscan a sus hijos, muchas de ellas se organizan como voluntarias para acompañar a otras madres y evitar que atraviesen solas ese camino. “Las mismas víctimas son las que te ayudan”, dice la madre.
Hoy en día el colectivo de Lizbeth ha acompañado a 38 familias, la mayoría de ellas de madres adolescentes, que han vivido la sustracción de sus hijos o hijas en contextos de violencia vicaria. En estos casos, explica, realizan una “intervención temprana”, es decir, orientan a la madre sobre la ruta de acción; en la cual se activa la búsqueda, una solicitud de restitución ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Edomex y se presenta la denuncia ante la Fiscalía local.
La lucha de Lizbeth no terminó cuando su hijo regresó a casa. Aunque hoy está nuevamente con ella, los procesos legales continúan abiertos y la orden judicial de reincorporarlo con su padre sigue vigente. Mientras las carpetas avanzan lentamente, ella acompaña a otras madres.
La violencia vicaria ya está tipificada en el Estado de México, pero para Lizbeth y cientos de mujeres víctimas de este delito, el reto ahora es que esa reforma se traduzca en procedimientos que las autoridades sepan aplicar y un camino efectivo para lograr justicia.
*Este trabajo fue realizado sin fines de lucro para la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP) de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y publicado originalmente en la plataforma Corriente Alterna. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la UIP.
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