Elecciones 2027: retos en materia de género

Para la organización de las elecciones federales por las que se renovará la Cámara de diputaciones a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente su inicio el pasado 10 de septiembre y, desde entonces algunos Organismos Públicos Locales Electorales han hecho lo propio para la adecuada organización de las elecciones locales por las que se renovarán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y en 30 entidades federativas la renovación de las autoridades de los ayuntamientos y de las alcaldías de la Ciudad de México.

En este sentido, los retos que enfrentarán las autoridades electorales y en particular el INE son muchos para la adecuada coordinación y ejecución de actividades para la elección federal y locales.

Uno de estos grandes retos es que estas elecciones cuenten con todos los elementos para garantizar la integridad electoral, que generen equidad e igualdad en las contiendas electorales y para ello tres elementos son fundamentales: que las elecciones se desarrollen en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres; el cumplimiento irrestricto al principio constitucional de paridad y que el INE tenga todos los elementos para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Así, uno de los retos más importantes para el INE será nuevamente establecer los criterios para la paridad en gubernaturas, buscándose que las 17 gubernaturas se traduzcan en, por lo menos 9 candidaturas para mujeres y 8 para hombres teniendo en cuenta que la Constitución permite considerar a la paridad como un principio para materializar la igualdad sustantiva y no como un límite rígido que perpetue el rezago histórico en esta materia.

De igual forma, el principio de paridad deberá considerarse invariablemente para las diputaciones federales, locales, así como en los cargos de elección popular de los ayuntamientos y alcaldías; en este último caso, la presencia de las mujeres en las presidencias municipales no rebasa el 30%, es el cargo público que más rezago presenta frente al principio constitucional de paridad.

Una competencia equitativa y con plena credibilidad exige condiciones óptimas para el pleno desenvolvimiento de las mujeres en la esfera pública, por lo que el INE enfrentará el enorme reto de fijar criterios para verificar que ninguna persona candidata se encuentre en las causales de la denominada “8 de 8 Contra la Violencia” establecidas en el artículo 38 constitucional, para que ninguna persona que haya cometido violencia contra las mujeres sea candidata o ejerza un cargo público.

Asimismo, otro de los retos más importantes consiste en que los partidos políticos destinen el 3% que mandata la norma para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de mujeres lo que en el ámbito nacional implica más de 236 millones de pesos de su financiamiento ordinario. El objetivo del INE será verificar en su oportunidad que efectivamente estos recursos fueron destinados para estos fines, imponiendo las sanciones que la ley determina en caso de incumplimiento.

De igual forma, los partidos están obligados a destinar al menos el 50% de sus espacios en radio y televisión para sus precandidatas y candidatas, así como el 50% de su financiamiento público de campañas a las candidaturas de mujeres lo que garantiza condiciones mínimas para que tengan una competencia digna y en la que el INE tendrá la ardua labor de revisar y fiscalizar el cumplimiento a esta disposición normativa.

Visto en perspectiva, el INE no sólo es el árbitro electoral, es la máxima instancia electoral administrativa que protege los derechos políticos y electorales de las personas y, en particular de las mujeres quienes hemos estado durante muchos años discriminadas e invisibilizadas para acceder al poder público.

En este contexto, 2027 debe convertirse en un auténtico referente electoral que siente las bases para una auténtica igualdad sustantiva con lo que fortaleceremos a las mujeres y a nuestra democracia.

Consejera Electoral del INE

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