Tras un operativo contra narcolaboratorios ubicados en la sierra chihuahuense, en la madrugada del 19 de abril, una columna emprendió el regreso por brechas de terracería. En la unidad de avanzada viajaban Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, además de dos estadounidenses cuya identidad real detonaría el escándalo. Minutos después, la camioneta se precipitó a un barranco, no hubo sobrevivientes.
Durante horas, la versión oficial habló de un percance vial. Silencio, cautela, evasivas. Sin embargo, en el curso de los días comenzaron a emerger testimonios incómodos, resulta que los extranjeros eran agentes de la CIA. La narrativa cambió de inmediato, ya no era un incidente aislado, se trataba de una grieta institucional con implicaciones internacionales.
Las preguntas se multiplicaron ¿Quién autorizó su presencia? ¿Bajo qué marco estaban? ¿Conocimiento federal o iniciativa local? Ninguna respuesta fue clara. Reportes posteriores evidenciaron ausencia de permisos del gobierno central, en resumen, la participación sucedió al margen de instancias formales.
Del 22 al 25 de abril, la presión política escaló. Legisladores exigieron explicaciones; especialistas señalaron riesgos a la soberanía, voces críticas advirtieron la peligrosa normalización de inteligencia ajena actuando en las sombras. El caso cedió de lo policial para convertirse en un asunto de Estado.
El 27 llegó la primera consecuencia, renunció el fiscal César Jáuregui Moreno, dimisión que no cerró interrogantes, las amplió. Al día siguiente, la atención nacional recayó en la gobernadora María Eugenia Campos, en espera de que deje el cargo. Mientras desde Palacio la Presidenta Claudia Sheinbaum negaba haber dado su aval y calificó la situación como grave.
El fondo de la crisis no radica únicamente en la asistencia de los forasteros, realmente es la opacidad que la rodea ¿en manos de quien estamos? si bien, la cooperación bilateral en la materia ha existido por décadas, siempre con esquemas, al menos en el discurso, regulados. Aquí, todo apunta a una zona gris, basada en ‘acuerdos’ tácitos, decisiones fragmentadas, responsabilidades difusas y lo inevitable: injerencia.
El desplome en la cañada reveló mucho más que una tragedia humana, expuso un sistema incapaz de trazar límites entre colaboración y subordinación. En un país donde la violencia exige coordinación regional, claramente, el desafío no es rechazar el apoyo externo sino someterlo a controles y protocolos transparentes. Lo ocurrido en Chihuahua sugiere lo indeseable, improvisación, discrecionalidad y desorden.
Hay un factor adicional que empeora el escenario, sin el accidente la intromisión de los espías permanecería oculta. No fue la rendición democrática de cuentas la que sacó la verdad a la luz, fue la fatalidad, somos una sociedad a la que no se le informa, se le miente, para muestra el derrame de petróleo en el Golfo.
México enfrenta un dilema histórico, combatir al crimen organizado sin perder el mando sobre su territorio; cada operación clandestina quiebra la confianza pública. El episodio reciente no sólo cuestiona a las autoridades de la entidad, desnuda la urgencia de desmontar por completo corporaciones que no sólo claudicaron ante los malhechores, sino que también entregaron su mando a intereses foráneos.
El problema no es que un convoy haya caído en la sierra. El problema es que el Estado cayó con él.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.