México no padece una escasez de leyes, sobran códigos, reformas, discursos y promesas, lo que falta es la capacidad elemental de perseguir delitos, ahí reside la tragedia. Las fiscalías llamadas a ser la esperanza de los agraviados se han convertido en el principal obstáculo para alcanzar la verdad y la reparación.
Según el INEGI, cada año se cometen alrededor de 33.5 millones de ilícitos en el país, de esos, apenas uno de diez se denuncia y, aun así, la cuarta parte jamás será carpeta formal; el saldo es demoledor: 93% de los crímenes permanecen fuera del radar del derecho.
No se trata solo de apatía, la gente dejó de acudir al Ministerio Público porque implica perder horas, soportar humillaciones, repetir una historia dolorosa y salir exactamente igual que como entró: sin respuestas. No se abstiene por indiferencia, es por experiencia, para muestra está el lamentable feminicidio de Edith Guadalupe Valdés.
Las estadísticas son su propia condena, los asuntos iniciados no registran avances, se empolvan, los testimonios se esfuman, las diligencias nunca se ejecutan y los responsables vuelven a la calle con la certeza de que no habrá consecuencias.
Todo gira en torno en este contexto, en el que, el malhechor calcula que difícilmente se le aprehenderá, si lo capturan, probablemente no se integrará bien la investigación y si se llega al tribunal, los cargos vendrán mal armados, sabe que lo soltarán. El desorden no es una grieta accidental, es el incentivo perverso que hoy agita a la seguridad pública.
El aparato ministerial opera como oficinas de trámite, no como órganos de persecución criminal, son meras ventanillas de la derrota en las que predomina el escritorio sobre la indagatoria, el sello ante la prueba, los números maquillados frente a los resultados. Se inauguran edificios, se cambian logotipos, se anuncian ‘nuevos modelos’, pero detrás de la propaganda subsiste la misma realidad: burócratas rebasados, déficit de detectives, peritos insuficientes, laboratorios obsoletos y cadenas de mando sometidas al cálculo político, al final, colosales cementerios de averiguaciones sin resolver.
Peor aún, buena parte de las fiscalías no están para amparar a las víctimas sino para quien detenta el poder y, sí, se persigue con ferocidad al rival irritante, en tanto el ciudadano común queda abandonado a su suerte. Pocas veces se esclarece una desaparición, un robo, una extorsión o un homicidio.
Han fracasado y eso tiene un costo mucho mayor que la ausencia del castigo: rompe el vínculo primordial entre Estado y pueblo. Cuando una persona comprende que nadie la protegerá, deja de confiar, no se querella, vivirá la frustración o lo arreglará por su propia mano, así comienza la descomposición, el gobierno pierde el monopolio de la acusación y la sociedad no cree en ella, luego se presentan reacciones como la de la señora Carlota de Chalco.
Desde Palacio se insiste en que la violencia se acabará con más Guardia Nacional, más soldados o más cárceles, es una coartada cómoda, pero ninguna estrategia funcionará si el primer eslabón está podrido. De nada sirve detener si después no se hace el trabajo para sostener una imputación y construir un caso sólido.
Las fiscalías mexicanas no son dependencias fallidas, son algo inferior, una estructura que aparenta procurar justicia mientras administra la impunidad y esa simulación, perene, ha terminado por normalizar lo intolerable.
Abogado. @VRinconSalas
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