En 2013, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), preparábamos un estudio basado en un análisis estadístico con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Lo complementábamos con seguimiento periodístico, testimonios y solicitudes de información que realicé vía INFOMEX durante varios meses. Era un ir y venir con autoridades que poco respondían y que, en la mayoría de los casos, negaban el delito en su territorio. El caso de Aguascalientes es ilustrativo: su fiscal general acudió personalmente a pedir explicaciones; primero a mí y después al director, Francisco Rivas, porque insistía en que en su estado no había extorsión, a pesar de las numerosas notas en medios que ya la señalaban como una emergencia de seguridad.
En ese estudio, “Análisis de la extorsión en México 1997–2013. Retos y oportunidades”, documentábamos que, aun con brechas estadísticas y falta de información oficial, se registraban, según cifras oficiales, en promedio 22 extorsiones al día en 2013. Desde entonces era evidente que el problema no solo era de incidencia, sino también de tipificación o, peor aún, un pretexto para la omisión de las autoridades. Las víctimas eran principalmente empresarios de MIPYMES, familias y personas que, bajo amenaza, terminaban entregando dinero o bienes. Las exigencias podían ir desde millones de pesos hasta acuerdos absurdos que concluían en tarjetas telefónicas de prepago. La mayoría de las llamadas provenían de centros penitenciarios. El diagnóstico ya era claro y estaba respaldado por evidencia de organizaciones, academia y autoridades.
Ahora, en abril de 2026, no solo nada ha cambiado, sino que la extorsión se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad en el país. Al cierre de 2025 se contabilizaron 10,507 delitos denunciados, lo que equivale a 28.7 casos diarios; es decir, más de un delito de extorsión cada hora. Esto representa un incremento de más del 30.82% respecto de lo reportado en el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano en 2014, el cual, además, ya cuenta con una actualización reciente.
Es cierto que la actual administración ha impulsado acciones en la materia, y que el delito está tipificado en el artículo 390 del Código Penal Federal, definiéndolo como el “Obligar a otro, sin derecho, a hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o causando un daño”. También existe una ley general que busca su homologación y contempla penas de hasta 42 años de prisión. Entre 2025 y lo que va de 2026 se han detenido 1,100 personas, quizá una de las cifras más altas en términos de detenciones. Sin embargo, la realidad sigue desbordando cualquier esfuerzo institucional.
Dos casos bastan para dimensionar la gravedad del problema. Primero, en Durango las extorsiones se han vivido hasta el cansancio, desde trabajadores de la construcción hasta grandes empresarios. Esto mermó la capacidad productiva y costó vidas. Fuentes consultadas refieren amenazas derivadas de la operación de un grupo criminal en coordinación con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con un líder ligado a Los Cabrera (uno de los grupos más violentos de la región), recientemente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos como narcotráfico y delincuencia organizada. Hoy, en la página de la CATEM, no aparece líder de la región, ni para La Laguna, Coahuila o Durango, pero resulta evidente que esta organización no ha sido vinculada por extorsión. Y, gracias al bendito internet, es posible constatar que formaba parte de esa estructura, supuestamente creada para apoyar a los trabajadores, pero que hacía todo menos eso, junto con sus líderes nacionales.
Segundo, Morelos ofrece otra cara de la misma realidad: una espiral sin fin. El estado cerró el año 2025 con 419 carpetas de investigación, la cifra más alta desde 2010. Empresarios locales señalan como punto de inflexión la existencia de presunta complicidad entre el gobierno heredado por el exfutbolista americanista y los grupos del crimen organizado. Uno de ellos, empresario reconocido a nivel nacional, relata que las extorsiones cesaron tras denunciar, no por el avance de la investigación, sino quizá por la filtración de su caso desde las más altas esferas del poder. Es decir, no fue la justicia la que operó, sino el aviso.
Morelos tiene una cifra negra del 90%. La mayoría de los casos no se denuncian. Y para quienes no tienen contactos o acceso a protección, el desenlace es previsible: negocios cerrados, caída de la productividad y abandono de proyectos familiares. Municipios como Cuautla lo reflejan con claridad: economías debilitadas, MIPYMES asfixiadas y comunidades enteras sometidas al cobro de piso. Lo que subyace es una responsabilidad directa de las autoridades. En algunos casos existen señales de coordinación y voluntad; en otros, lo que predomina es el uso faccioso de la seguridad pública. La reciente escalada de violencia, en Morelos, un estado que antes era referente turístico da cuenta de la profundidad del problema.
La extorsión no es un delito menor; es un mecanismo de control territorial, económico y social que ha crecido al amparo de la captura del Estado. Combatirla exige más que detenciones o reformas legales: implica romper redes de impunidad, sin importar si conectan a gobernadores en funciones o a liderazgos sindicales nacionales, fortalecer las instituciones y asumir que, sin una coordinación real entre autoridades, sector privado y sociedad civil —acompañada de denuncias efectivas y protección—, cualquier política seguirá siendo insuficiente.
Lo más preocupante es que este escenario se parece demasiado al de 2013 cuando iniciábamos el estudio de la extorsión desde el ONC. Han cambiado los grupos criminales y los partidos en el poder, pero no la dinámica del delito. Seguimos atrapados en la misma espiral: los delitos aumentan, bajan marginalmente y vuelven a dispararse. Mientras tanto, las víctimas se acumulan, la economía se erosiona y el costo, como siempre, lo termina pagando la ciudadanía.
La extorsión no se sostiene por el ilícito en sí mismo, sino porque hay autoridades que la permiten, la toleran o forman parte de ella. El contubernio con organizaciones criminales y sus franquicias no es un secreto; es una realidad visible para quien quiera observar. Si lo sabemos nosotros, también lo saben las autoridades. La pregunta ya no es qué está pasando, sino por qué no se detiene: ¿no pueden, no saben o no quieren? En cualquiera de los casos, el escenario es grave.