La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrece una radiografía sobre la relación entre ciudadanía, gobierno, corrupción y calidad de los servicios públicos en México. Más allá de los discursos institucionalizados y de la narrativa repetida durante años sobre el supuesto fin de la corrupción, los datos muestran que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del país.
La encuesta, aplicada a personas mayores de 18 años en zonas urbanas de más de 100 mil habitantes, documenta experiencias concretas de corrupción vividas por millones de personas al interactuar con el Estado mexicano. Se trata de uno de los instrumentos más sólidos para medir el fenómeno de la corrupción, que no se limita a percepciones ni al reflejo de índices internacionales, sino que recoge experiencias ciudadanas directas mediante una metodología técnica y rigurosa desarrollada por una de las instituciones públicas con mayor credibilidad en México. Y el resultado es fuerte en el 2025, desde la última medición en 2023, tanto la percepción como la experiencia de corrupción aumentaron.
El dato resulta especialmente significativo porque esta medición captura tanto el cierre del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador (marcado por la promesa de erradicar la corrupción) como el inicio del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. La corrupción, lejos de desaparecer, continúa instalada en la experiencia cotidiana de millones de personas y, también hay que decirlo, no es un problema reciente, pero sí ha aumentado considerablemente. Basta observar que el costo de la corrupción para la población pasó de 8 mil 358 millones de pesos en 2021 a 17 mil 707 millones, un aumento de casi 112 %. Es decir a cada mexicano paso de costarle 3368 a 3865, es decir, casi un 15% más que en 2023
Uno de los hallazgos más relevantes de la ENCIG 2025 es la persistencia de altos niveles de corrupción en prácticamente todo el territorio nacional. Pero el problema va más allá de los sobornos o las irregularidades administrativas. Ya se ha dicho aquí y en otros espacios, la corrupción hoy es un tema de seguridad nacional. Lo que revela la encuesta es la incapacidad institucional para responder de manera eficaz a las necesidades más básicas de la población.
La prevalencia de corrupción al realizar trámites pasó de 13 mil 966 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2023 a 15 mil 642 en 2025. La mayoría de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa. Michoacán y Baja California aparecen entre los estados con mayores percepciones de corrupción, mientras que Querétaro y Yucatán registran los niveles más bajos. Hidalgo encabezó la prevalencia de experiencias directas de corrupción, seguido por Oaxaca y Sinaloa.
La encuesta también evidencia un deterioro persistente en la experiencia cotidiana frente a las instituciones públicas. Durante 2025 se realizaron más de 472 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios, la cifra más alta registrada por la ENCIG. Sin embargo, cerca del 39 % de las personas reportó haber enfrentado problemas al realizar un trámite. Las principales dificultades siguen siendo las mismas desde hace años: largas filas, horarios limitados, requisitos excesivos y falta de información clara.
Aunque aumentó el uso de herramientas digitales para interactuar con el gobierno, la digitalización todavía no logra resolver los problemas estructurales de atención ciudadana ni reducir de manera significativa los espacios para la corrupción. Aun así, el avance resulta relevante: la evidencia internacional muestra que reducir el contacto discrecional entre autoridades y ciudadanía disminuye oportunidades de sobornos, extorsión administrativa y abuso burocrático.
La ENCIG también exhibe profundas desigualdades en la calidad de los servicios públicos. Los servicios mejor evaluados fueron la recolección de basura y el suministro de agua potable, mientras que las peores calificaciones corresponden a calles, carreteras y corporaciones policiales. La calificación promedio nacional apenas alcanzó 6.1 sobre 10, un resultado apenas aprobatorio para servicios que deberían garantizar condiciones mínimas de bienestar y fortalecer la confianza en las instituciones.
En materia de salud pública, el diagnóstico continúa siendo preocupante. Los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar mantienen bajos niveles de satisfacción ciudadana debido a problemas recurrentes: saturación hospitalaria, desabasto de medicamentos, falta de atención inmediata y escasez de personal médico. Una parte importante de la población señaló haber recurrido a servicios privados ante las deficiencias del sistema público. Aun cuando existen esfuerzos institucionales para mejorar el abasto de medicamentos, la percepción ciudadana sigue reflejando un problema no resuelto.
Quizá el dato más alarmante aparece en materia de seguridad pública. La confianza en las instituciones encargadas de proteger a la población continúa deteriorándose. La encuesta muestra que el 63.5 % de las personas entrevistadas reportó incidentes de corrupción en su contacto con autoridades de seguridad pública. Es decir, las instituciones responsables de garantizar protección aparecen como espacios donde la ciudadanía percibe mayores niveles de corrupción.
La población no solo enfrenta miedo frente a la violencia; enfrenta desconfianza hacia quienes deberían combatirla y proporcionarles seguridad. Los mayores niveles de corrupción reportados se concentran precisamente en el contacto con policías, autoridades de tránsito y trámites relacionados con propiedad y justicia. El problema se ha documentado claramente durante los últimos meses, con casos de autoridades municipales y estatales vinculadas con redes criminales, esquemas de extorsión y protección de actividades ilícitas. Los casos recientes en Morelos, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Durango muestran cómo las fronteras entre corrupción institucional y criminalidad organizada son cada vez más difusas.
La ENCIG 2025 confirma algo que millones de personas en México conocemos de primera mano: la corrupción es un problema estructural que atraviesa y refuerza la inseguridad, la falta de justicia, las deficiencias en salud y el deterioro de los servicios públicos. También confirma que la crisis de confianza institucional sigue profundizándose y que la distancia entre ciudadanía y gobierno continúa ampliándose.
Los datos vuelven a recordarnos que el desafío no consiste únicamente en castigar algunos casos emblemáticos o sostener discursos políticos sobre honestidad pública. El verdadero reto es reconstruir instituciones, como el olvidado Sistema nacional Anticorrupción, capaces de responder con eficacia, integridad, eficiencia y cercanía a las necesidades de la población. Pero también implica asumir que ninguna estrategia anticorrupción será suficiente sin ciudadanía crítica, transparencia efectiva, rendición de cuentas real y una transformación profunda de la relación entre Estado y sociedad. El reto es mayúsculo y no solo corresponde a quienes están en el poder. Nos toca reconstruir tantas veces como haga falta; nuestra aspiración debería ser esa.
INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, 21 de Mayo de 2026, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2025/
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