La designación de diversos cárteles mexicanos como Foreign Terrorist Organizations (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos representa uno de los cambios más profundos en la política de seguridad hemisférica de los últimos años. Aunque el debate público en México se ha concentrado en la posibilidad de intervenciones militares o en las implicaciones diplomáticas de la medida, el verdadero impacto podría encontrarse en otro lugar: el sistema financiero y su asfixia.
La United States Counterterrorism Strategy 2026 y la National Drug Control Strategy 2026 revelan una estrategia integral que combina herramientas jurídicas, financieras, de inteligencia y seguridad nacional para combatir a organizaciones consideradas amenazas transnacionales. Bajo este enfoque, dado a conocer en las últimas semanas por el gobierno vecino, los cárteles dejan de ser grupos criminales dedicados al narcotráfico y pasan a ser tratados como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y del hemisferio, en la lógica de la estrategia Escudo de las Américas, abanderada junto con otros líderes de la región.
El cambio de categoría transforma las reglas económicas, pues las autoridades estadounidenses ya no se dedican exclusivamente a la persecución de líderes criminales o al decomiso de cargamentos de droga, como históricamente hemos visto en agencias estadounidenses como la Drug Enforcement Administration (DEA). Ahora buscan desmantelar los ecosistemas económicos, comerciales y financieros que permiten la operación de estas organizaciones. Ojo: la globalización y el crecimiento transnacional del crimen hacen necesarias estas medidas.
La decisión tiene su origen en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a finales de enero de 2025, denominada Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists. Desde entonces, la narrativa estadounidense, impulsada desde la White House, ha endurecido progresivamente sus posiciones, vinculando cada vez con mayor frecuencia fenómenos de corrupción política, tráfico de drogas, migración irregular y seguridad nacional.
Nos guste o no, la promesa realizada por Trump a su electorado ha sido consistente: atacar la capacidad financiera de los cárteles y de todas las estructuras que faciliten, directa o indirectamente, sus operaciones. La estrategia busca generar una asfixia económica sobre los círculos concéntricos que rodean a estas organizaciones, extendiendo el riesgo a proveedores, intermediarios, prestadores de servicios, transportistas, operadores financieros e incluso empresas que pudieran mantener relaciones comerciales con actores vinculados a las organizaciones designadas.
La lógica detrás de esta política parte de una realidad difícil de esconder para las instituciones mexicanas, los cárteles mexicanos han logrado construir estructuras económicas complejas que trascienden el tráfico de drogas. Operan cadenas logísticas, redes de transporte, sistemas de lavado de dinero, mecanismos de corrupción y esquemas empresariales que les permiten insertarse simultáneamente en mercados legales e ilegales. Por ello, el principal campo de batalla ya no es territorial; el poder se demuestra en el ámbito financiero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha comenzado a emitir alertas dirigidas a instituciones financieras para reforzar la vigilancia sobre actividades consideradas de alto riesgo. Aunque algunas advertencias se relacionan con fenómenos específicos, como la explotación laboral o la migración irregular, el mensaje de fondo es que la administración estadounidense pretende y puede utilizar el sistema financiero como una herramienta central de seguridad nacional.
Desde una perspectiva de macrocriminalidad, esta estrategia resulta particularmente relevante porque reconoce que las organizaciones criminales funcionan como redes complejas que requieren financiamiento, logística, insumos, infraestructura y protección institucional para operar, congruentemente con las convenciones e instrumentos internacionales vigentes. En consecuencia, el objetivo ya no radica en capturar criminales, sino en desarticular las cadenas económicas que sostienen su existencia.
Las implicaciones para México podrían ser devastadoras. Señalo a continuación las tres más relevantes:
La primera es la expansión del concepto de material support to terrorism. Bajo este criterio, empresas, proveedores, intermediarios o particulares podrían enfrentar riesgos legales si proporcionan bienes, servicios, financiamiento, transporte, infraestructura o cualquier otro apoyo a organizaciones designadas como FTO. El umbral de riesgo se amplía considerablemente y genera incertidumbre para sectores económicos enteros; no solo para los proveedores de precursores, sino hasta para la tiendita que provee empaques o la empresa transportista que, sin saberlo, colabora con ellos.
La segunda es el congelamiento de activos y el bloqueo financiero. La designación facilita la imposición de sanciones, restricciones operativas y cierres preventivos de cuentas bancarias. En la práctica, muchas instituciones financieras podrían optar por cancelar relaciones comerciales o restringir operaciones ante la sola posibilidad de una vinculación con actividades de riesgo.
La tercera es la presión creciente sobre la banca mexicana. Las instituciones financieras tendrán incentivos para endurecer sus mecanismos de conocimiento del cliente Know Your Customer (KYC), debida diligencia, identificación de beneficiarios finales y monitoreo transaccional. También podría incrementarse el fenómeno conocido como de-risking o sobrecumplimiento, mediante el cual bancos y empresas prefieren excluir clientes, regiones o sectores completos para evitar riesgos regulatorios. Por ejemplo, el bloqueo preventivo realizado a las cuentas, del exgobernador morenista, Rocha Moya por solicitud de la UIF; es decir, no necesitamos una sentencia firme para tener bloqueos de cuentas.
Todo ello ocurrirá en un contexto de creciente presión diplomática sobre México. El objetivo estratégico estadounidense no parece ser una intervención militar convencional. Su apuesta principal consiste en afectar la infraestructura financiera, logística y comercial que permite la supervivencia de las organizaciones criminales.
Lo que comienza a incomodar es hasta dónde llegará esa lógica.
Si la estrategia consiste en seguir el dinero, rastrear relaciones económicas y desarticular redes de apoyo, ¿qué ocurrirá con los entornos políticos señalados en investigaciones estadounidenses? ¿Qué sucederá con contratistas, proveedores, operadores financieros o empresas vinculadas a gobiernos locales cuyos funcionarios han sido objeto de señalamientos o investigaciones? ¿Podrían convertirse también en sujetos de escrutinio por parte de autoridades extranjeras?
¿México está preparado para las consecuencias?