En México la trampa dejó de ser una excepción para convertirse, para muchos, en una forma de vida. Se presume entre amigos; se comparte en redes sociales; se enseña como si fuera una habilidad y, con demasiada frecuencia, termina siendo premiada. "Yo sé el truco para ganar con menos esfuerzo"; "yo conozco a quien te resuelve el problema"; "yo tengo el contacto que te lo saca con una lana". La ilegalidad ha dejado de avergonzar, y varios espacios, incluso otorga prestigio.
Hacer trampa siempre termina saliendo mal. Sin embargo en México predomina la percepción de que no pasará nada. ¿Y cómo habría de pasar algo cuando los delitos rara vez se castigan? ¿Cómo confiar en las instituciones cuando un gobernador con licencia como Rubén Rocha Moya y un senador en funciones continúan desafiando a la opinión pública mientras pesan sobre ellos señalamientos de enorme gravedad y solicitudes de extradición difundidas públicamente, sin que exista una explicación institucional convincente sobre la actuación de las autoridades mexicanas? El resultado en Sinaloa es una de las peores crisis económicas de su historia reciente. La violencia se ha recrudecido, la actividad económica se ha deteriorado, cientos de negocios han cerrado o reducido operaciones, las inversiones se han frenado y miles de familias viven con incertidumbre. La crisis de seguridad terminó convirtiéndose también en una crisis económica y social que ha deteriorado profundamente la confianza ciudadana.
Algo similar ocurre en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta una crisis política que durante semanas ha permanecido en el centro del debate público debido a señalamientos relacionados con su visa y con presuntas gestiones realizadas para atender su situación jurídica derivada de las implicaciones con el crimen organizado. Los audios difundidos en las últimas semanas hablan de una gobernadora en funciones capaz de hacer negociaciones poco éticas, trampa y otras presuntas negociaciones (cuya voz la propia gobernadora ha reconocido) que incrementaron aún más la preocupación pública.
En una democracia, el estándar para permanecer en el cargo debería incluir la preservación de la confianza pública frente a la integridad sin cuestionamientos. Cuando una gobernadora enfrenta acusaciones de tal magnitud que comprometen la credibilidad de las instituciones, generan una crisis de gobernabilidad y colocan al estado bajo escrutinio nacional e internacional, Lo responsable sería separarse temporalmente del cargo mientras se aclaran los hechos. No es solo admitir culpabilidad, sino de proteger la legitimidad de la institución, garantizar investigaciones libres de cualquier sospecha de interferencia y demostrar que nada está por encima del interés público. Permanecer en funciones en medio de una profunda crisis de confianza debilita al gobierno, erosiona la credibilidad del Estado y termina afectando a millones de ciudadanos que necesitan instituciones fuertes y confiables.
Los delitos tampoco se denuncian porque los ciudadanos han dejado de confiar en las autoridades. Incluso cuando las propias autoridades son señaladas por abusos o irregularidades, existe la percepción de que el poder político o las influencias terminarán imponiéndose. Las cifras respaldan esa desconfianza. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 93% de los delitos cometidos en México no se denuncian o no se investigan. En materia de corrupción, Transparencia Internacional asegura que solo 7 de 100 casos llegan a sancionarse. La impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.
Lo ocurrido recientemente con el examen de ingreso a la UNAM es otra expresión de esta cultura de la trampa. Una de las universidades más importantes de América Latina confirmó, mediante su Comisión Técnica, que existieron irregularidades graves: uso de teléfonos celulares, apoyo remoto a aspirantes y, en los casos más delicados, suplantación de identidad. La Universidad canceló alrededor del 2% de los exámenes y aplicará una evaluación presencial de control para intentar reparar el daño. Sin embargo, hasta ahora las sanciones siguen siendo inciertas.
Lo verdaderamente preocupante no son únicamente los estudiantes que decidieron hacer trampa, sino que en redes sociales proliferan quienes enseñan cómo hacerlo, lo celebran y hasta lo convierten en un negocio. El beneficio personal vale más que el mérito, y el esfuerzo o las reglas que garantizan igualdad de oportunidades no son relevantes. Los más chingones ganan y ganan mucho según esta premisa.
Como explican Alfonso Valenzuela y Rafael Monroy, la economía criminal se sostiene sobre condiciones de informalidad e ilegalidad que facilitan el reclutamiento de personas, el control territorial y la consolidación de mercados ilícitos. Pero el crimen organizado no opera únicamente desde la ilegalidad; también necesita infiltrarse en el sector formal mediante la corrupción de servidores públicos, autoridades de seguridad, instituciones y redes de poder. La corrupción, la impunidad y la normalización de la trampa constituyen parte de la infraestructura que permite el crecimiento de estas organizaciones.
Durante años se ha construido un circuito donde la ilegalidad parece ofrecer soluciones rápidas. En ocasiones genera la falsa impresión de estabilidad, pertenencia o solidaridad. El favor recibido crea compromisos; la trampa se normaliza; el beneficio inmediato termina justificando cualquier conducta. Así, quien logra ingresar mediante fraude a una universidad, quien evade una investigación, quien utiliza influencias para evitar consecuencias o quien celebra públicamente a personajes bajo graves cuestionamientos, termina reforzando una lógica brutal: las reglas existen solo para algunos, sobre todo los que no tienen poder, palancas o no son políticos.
Por eso hoy podemos hablamos de una simbiosis entre la ilegalidad, la informalidad, la corrupción, el crimen y la impunidad. Esos fenómenos dejan de ser excepcionales y se convierten en referentes cotidianos, Los ciudadanos pierden confianza en la ley y dejan de verla como un instrumento para proteger sus derechos y más bien como un obstáculo que trunca su vida.
La ilegalidad, la trampa y la corrupción constituyen algunos de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo económico, democrático y social. Las normas deberían existir para proteger el bien común, generar igualdad de oportunidades y garantizar que el mérito prevalezca sobre los privilegios. Sin embargo, hemos permitido que demasiadas veces ocurra exactamente lo contrario. Todos, de a poquito, vamos siendo complices.
La clase política es en buena medida, un reflejo de esa realidad. Gobernadores que se atrincheran en el cargo aun cuando enfrentan profundas crisis de confianza; funcionarios que se presentan como víctimas mientras las instituciones pierden legitimidad; ciudadanos que comienzan a creer que incumplir la ley es la única forma de salir adelante. Espero que seamos muchos los que nos negamos a aceptar esa idea.
Hoy incluso existen despachos que ofrecen amparos para intentar conservar lugares obtenidos presuntamente mediante fraude en la UNAM. Puede ser una estrategia jurídicamente posible, pero resulta profundamente cuestionable desde el punto de vista ético. Ese tipo de conductas explica por qué la corrupción sigue costando mil de millones de pesos a los hogares mexicanos a través de los sobornos cotidianos, sin contar el enorme daño provocado por la gran corrupción, empresas fantasma, Odebrecht, Agronitrogenados, Segalmex o el huachicol fiscal.
Toda gran corrupción comienza con una pequeña trampa. Quien aprendió que podía copiar para ingresar a una universidad puede terminar creyendo que también puede manipular una licitación, alterar una investigación, vender una sentencia o aceptar un soborno. La corrupción nunca empieza con millones de pesos; empieza cuando alguien descubre que romper las reglas resulta más rentable que respetarlas. Si hacer trampa para un examen no se obtienen castigo o se da la sensación de que no pasa nada, luego no importará si haces un daño mayor.
Quizá quien hace trampa obtenga una victoria inmediata. Aparentemente siempre los corruptos ganan y tal vez consigan un lugar en la universidad, conserven un cargo público como Gobernadora, o eviten temporalmente una investigación de Estados Unidos. Pero ninguna sociedad prospera cuando la ilegalidad sustituye al Estado de derecho. Cada excepción erosiona un poco más la confianza colectiva y el funiconamiento de México. Y ese precio lo estamos pagando todos.
P.D. En las últimas semanas comencé a colaborar con la iniciativa internacional Operation Zero Bribe, que me distinguió con el nombramiento de embajadora para México. Impulsada por jóvenes líderes de distintos países y con orígen en India, esta iniciativa parte de que el soborno y la corrupción deben tener tolerancia cero; no solo porque son éticamente inadmisibles, sino porque destruyen oportunidades, debilitan escuelas y hospitales, y comprometen el futuro de millones de personas en el mundo. Me honra formar parte de este esfuerzo, aunque también me duele la realidad que hoy enfrenta nuestro país, porque no somos un ejemplo a seguir.
Seguiremos denunciando.