Hay ideas políticas que empiezan como discurso electoral y terminan transformando la estructura profunda del Estado. Eso ocurrió en México con la lógica de “abrazos, no balazos” y continúa vigente con la narrativa complementaria de “combatir las causas”. Lo que inicialmente se presentó como una alternativa humanista frente a la violencia, hoy encaja peligrosamente en varios patrones que la teoría política identifica en regímenes donde el crimen organizado deja de ser enemigo del poder y se convierte en parte funcional del espacio político.
Así, el caso de Sinaloa y las preguntas alrededor de Rubén Rocha Moya son apenas la expresión más visible de un problema mucho más profundo: la convivencia progresiva entre el poder político de Morena y poderes criminales regionales.
Aquí entra una teoría importante: el “autoritarismo competitivo” descrito por Steven Levitsky y Lucan Way. Estos son sistemas donde siguen existiendo elecciones y oposición, pero donde el régimen utiliza el aparato estatal para inclinar permanentemente el terreno político. En esos contextos, las estructuras criminales frecuentemente terminan siendo funcionales para controlar territorios, economías o electorados.
En nuestro país después de estos 8 años de expansión territorial del crimen organizado, para el gobierno de Morena combatirlo realmente implicaría tocar redes políticas, económicas y territoriales construidas durante el propio ciclo de poder de Morena. Y esa contradicción se vuelve todavía más delicada conforme se deteriora la situación económica. México enfrenta menor crecimiento, estrechez fiscal, aumento acelerado de deuda y señales cada vez más preocupantes de las calificadoras financieras. Hoy el país dedica cantidades históricas al pago de intereses mientras el margen presupuestal para seguridad, salud o infraestructura se reduce.
Cuando un régimen enfrenta deterioro económico y pérdida de capacidad estatal, las estructuras clientelares y territoriales se vuelven todavía más importantes para conservar control político. Y en regiones donde el Estado perdió presencia efectiva, el crimen organizado deja de ser únicamente un problema de seguridad: se convierte en un factor informal de gobernabilidad.
Ahí aparece el recurso más delicado: el uso del nacionalismo y de la soberanía como escudo discursivo. Cada vez que se señalan vínculos entre crimen organizado, corrupción y deterioro institucional, Morena desplaza rápidamente el debate hacia la defensa de la soberanía nacional. La crítica deja de analizarse en sus méritos y pasa a presentarse como un ataque contra México.
En esa lógica convenenciera, el adversario deja de ser el criminal que viola la ley o captura territorios; el “verdadero enemigo” pasa a ser quien exhibe la fragilidad del régimen frente al exterior. Los que alertan sobre el deterioro institucional, la expansión territorial del crimen o la captura parcial del Estado terminan entonces etiquetados como “traidores a la patria”, “entreguistas” o supuestos aliados de intereses extranjeros.
Poco a poco se construye así una narrativa profundamente peligrosa: pareciera que combatir frontalmente al crimen organizado es una forma de “entreguismo”, mientras relativizarlo o tolerarlo se vuelve postura patriótica o que demuestra la “fuerza del Estado”. Lo importante deja de ser si el Estado controla efectivamente el territorio; lo esencial es preservar el relato de fortaleza soberana. Ese quizá sea el síntoma más grave de la soberanía criminal de Morena.
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