Hay decisiones que definen a un régimen no por lo que dicen, sino por lo que revelan. El caso del gobernador de Sinaloa y la negativa a permitir su extradición por sus vínculos con el narcotráfico no es un episodio jurídico, es una radiografía del poder en México. La defensa es cuestionable en lo legal, pero profundamente reveladora en lo político.
Bajo Morena, el Estado mexicano ha extraditado a decenas de mexicanos en procesos rápidos y discretos hacia los Estados Unidos. Subidos a aviones casi clandestinos en vuelos de medianoche, un cumplimiento silencioso, sin debate público, sin interpretaciones complejas. La ley, en esos casos, fue simple, muy “guinda”. Hoy, en cambio, cuando se trata de un actor del círculo del poder de Morena, la ley se vuelve sofisticada y llena de matices. No cambia la norma, cambia a quién se le aplica: La ley como instrumento del poder.
Pero el verdadero problema no está solo en el doble rasero jurídico. Está en la factura.
Porque en la política internacional nada es gratuito. Y menos cuando se trata de la relación con el país mas poderoso del planeta. Si el gobierno de Morena decide no ceder en lo legal para proteger a uno de los suyos y sus secretos, entonces tendrá que doblegarse en otros frentes. No por voluntad, sino por estructura. Nuestro poderoso vecino no se retira de una mesa con las manos vacías.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué se va a entregar en el 2026? La respuesta obvia es económica, es de comercio internacional. México depende en más de un 80% de sus exportaciones del mercado estadounidense. Millones de empleos, en la industria automotriz, manufacturera y agroindustrial, están vinculados a esa relación.
Ahí es donde se juega el verdadero costo del “Caso Rocha”, pues es muy probable que el precio por no ceder ante la petición jurídica norteamericana no será una concesión visible ni inmediata, eso sería mediáticamente inaceptable para Morena. Será gradual, técnica, silenciosa. Se manifestará en paneles comerciales donde México cederá posiciones, en reglas que afectarán cadenas productivas, en condiciones que encarezcan la inversión o en decisiones energéticas que se negocian bajo presión. Así se pagan estas decisiones: sin anuncios, pero con efectos profundos. Esa es la regla histórica y global.
Hoy en nuestra economía bilateral un ajuste marginal en condiciones comerciales puede impactar cientos de miles de empleos. Una concesión en sectores estratégicos puede traducirse en menor crecimiento, menor competitividad o mayores costos para las familias. Y todo eso para proteger, por el momento, a un solo actor político, pero que simboliza la “punta del iceberg” del evidente pacto entre Morena y el narco.
Como han explicado Daron Acemoglu y James A. Robinson: cuando las instituciones se utilizan para proteger a una élite, los costos se socializan. Es decir, lo que beneficia a unos cuantos, lo terminan pagando millones. La paradoja es evidente. Un movimiento que hizo de la “ley simple del pueblo” su bandera, hoy recurre a la complejidad jurídica para defender a los cómplices del poder.
Al final, la pregunta no es si habrá costo. La pregunta es cuánto van a pagar los mexicanos, en empleos, en inversión, en crecimiento, por proteger los secretos de Morena. Porque en la lógica del poder internacional, nada se defiende gratis. Y esta vez, si la factura no llegará en tribunales, llegará en la economía. La soberanía a la carta nos saldrá muy cara a los mexicanos.
Senador de la República por Yucatán