La democracia es “incertidumbre institucionalizada”: todos los actores sociales, políticos y ciudadanos deben conocer las reglas, pero nadie debe poder controlar de antemano el resultado. Las reglas son ciertas. El resultado es incierto. Ahí vive la confianza democrática. Tristemente, en estos días México parece avanzar en dirección contraria.
Las recientes iniciativas sobre nulidad electoral por “intervención extranjera”, la creación de mecanismos de “integridad” para revisar candidaturas y la nueva propuesta para corregir la reforma judicial revelan algo más profundo que simples ajustes legales. Lo que estamos viendo es un cambio de lógica institucional: pasar de un país que buscaba certidumbre en los procesos, a uno que empieza a introducir incertidumbre en las reglas y certidumbre en los resultados. Es decir, la democracia al revés.
Porque el problema no está únicamente en una reforma específica. Está en el patrón que comienza a repetirse. Las iniciativas electorales utilizan conceptos extraordinariamente vagos: “riesgo razonable”, “intervención”, “información relevante” por ejemplo. Son categorías tan amplias que permiten interpretaciones discrecionales y profundamente políticas.
Y eso cambia completamente la naturaleza del sistema. En una democracia sólida, las instituciones funcionan precisamente porque los límites del poder son relativamente claros.
Los jueces deben tener márgenes definidos. Sin embargo, cuando las reglas se vuelven ambiguas, elásticas y re-interpretables, el resultado comienza a volverse previsible. La incertidumbre institucionalizada se vuelve certidumbre des-institucionalizada. Y la discrecionalidad normalmente beneficia al poder.
La llamada “corrección” de la reforma judicial confirma además que el propio oficialismo entendió que el modelo aprobado en 2024 era caótico y difícilmente operable. Ya no se trata de apertura democrática masiva. Ahora se trata de administrar el proceso electivo de los juzgadores.
Y ese cambio no pasa desapercibido para los inversionistas. Durante meses se ha dicho que la preocupación empresarial frente a la reforma judicial era simple resistencia política o ideológica. Eso es negar el problema. Lo que realmente preocupa es algo mucho más profundo: la percepción creciente de que jueces, órganos electorales y autoridades regulatorias terminarán encontrando siempre la interpretación adecuada para alinearse con el poder político dominante.
Porque los inversionistas no apuestan solamente donde hay crecimiento. Invierten donde existen reglas relativamente previsibles, tribunales razonablemente autónomos y procedimientos que no dependen del clima político del momento. Cuando un país empieza a normalizar causales abiertas; criterios ambiguos; mecanismos discrecionales; filtros administrativos; y autoridades crecientemente alineadas, el capital entiende rápidamente que la ley deja de ser un límite claro al poder y empieza a convertirse en una herramienta flexible del poder.
Porque el gran problema de nuestro tiempo ya no es la ausencia de democracia formal. El verdadero problema es la aparición de sistemas donde las reglas se vuelven inciertas, pero el resultado político cada vez parece más previsible. Morena y su gobierno siempre ganará su juicio fiscal o administrativo contra empresarios, la elección perdida será nula y la o el político carismático neutralizado. Cuando eso ocurre, la democracia deja de tener contenido real.
Senador de la República por Yucatán