Hay un momento en que la extorsión deja de ser un delito y se convierte en un problema de Estado. Ese momento llega cuando millones de mexicanos descubren que, para poder trabajar, deben pagar dos veces: una al gobierno y otra al crimen organizado.
Ese segundo cobro no financia escuelas, hospitales ni carreteras. No fue aprobado por ningún Congreso ni está previsto en ninguna ley. Es simplemente el precio que imponen quienes han logrado disputar al Estado una de sus funciones más elementales: permitir que las personas vivan, produzcan y comercien en paz.
Durante años pensamos que el principal desafío de seguridad era el narcotráfico. Sin embargo, la extorsión revela un problema mucho más profundo. El narcotráfico puede existir incluso en democracias consolidadas. El contrabando también. El lavado de dinero atraviesa prácticamente todas las economías del mundo. Pero la extorsión pertenece a otra categoría. Cuando una organización criminal cobra sistemáticamente por permitir trabajar, producir o comerciar, deja de desafiar únicamente a la ley: empieza a disputar una de las funciones esenciales del Estado.
La estrategia de "abrazos, no balazos" de Morena impulsada desde 2018, que redujo el peso de la acción coercitiva del Estado frente al crimen organizado, terminó debilitando un principio esencial de cualquier República. En amplias regiones del país, las organizaciones criminales dejaron de limitarse al tráfico de drogas y comenzaron de forma acelerada a controlar mercados, imponer reglas, fijar precios de productos agrícolas de exportación (limón, aguacate, etc.), forestales y de minería, decidir quién puede abrir un negocio y cobrar auténticos impuestos privados.
Bajo esa lógica, la extorsión no es solamente un delito patrimonial: representa la aparición de una autoridad paralela.
Ya era hora que el gobierno de Morena, por fin, haya decidido colocar la extorsión entre las prioridades nacionales de seguridad. El verdadero desafío, sin embargo, será mucho mayor que realizar operativos o fortalecer fiscalías especializadas.
Después de siete años en los que el crimen organizado amplió y consolidó a placer su presencia territorial y económica, combatir la extorsión significa recuperar espacios donde el Estado dejó de ejercer plenamente su autoridad. Significa reconstruir instituciones, proteger a quienes denuncian y devolver certidumbre a miles de pequeños empresarios, comerciantes y transportistas que durante años aprendieron a sobrevivir pagando dos impuestos: uno legal y otro criminal.
El verdadero reto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada esta semana, es solo uno: dar resultados que se reflejen en la calle y en el ánimo de la gente emprendedora de México, que hoy padece del flagelo extorsionador. Porque nadie invierte cuando desconoce cuánto deberá pagar mañana, quién llegará a cobrar o si podrá seguir operando la próxima semana.
Por eso la extorsión no solo destruye patrimonio. Destruye productividad, empleo, competencia e inversión. Poco a poco transforma economías enteras en economías del miedo. La batalla contra la extorsión no debe entenderse únicamente como una política de seguridad. Es, sobre todo, una política de reconstrucción del Estado.
Porque la primera obligación de cualquier República no consiste en recaudar más impuestos, consiste en impedir que alguien más los cobre en su nombre y en México es obvio que no caben dos gobiernos y es momento de hacer algo.
Senador de la República por Yucatán