La penúltima de las “10 Rutas por un México libre de pobreza” aborda la urgente mejora en la asignación de las transferencias monetarias, hoy columna vertebral —casi única— de la política social. No se propone eliminarlas, la Ruta 9 propone que lleguen a quienes más lo necesitan y sirvan como herramienta para el ejercicio de derechos. El punto de partida es su prioridad para el gobierno: los programas de transferencias en efectivo reciben un presupuesto creciente. En 2026, supera los 866,600 millones de pesos (mdp), lo que equivale al 87% del presupuesto total de salud.
Pese a ello, su alcance está lejos de ser universal. A nivel nacional, solo 12.3 millones de hogares reportan recibir apoyos, mientras que 26.5 millones no los reciben. Es decir, apenas 1 de cada 3 hogares participa. Esto no sería grave si los beneficiarios fueran quienes más lo necesitan.
Pero no es así: de los 15.5 millones de hogares con menor ingreso (deciles I a IV), solo 5.5 millones reciben transferencias (35%); 10 millones están excluidos (65%). Entre personas en pobreza extrema, el 60% queda fuera. Los datos son del INEGI (ENIGH 2024), la misma fuente oficial que reporta la reducción de la pobreza.
Eso explica el escaso efecto de estos programas en la reducción de la pobreza: apenas 3.2 puntos porcentuales. La incidencia baja del 32.8% al 29.6% por efecto de las transferencias. Hace seis años, con un presupuesto 65% menor, el impacto era de 1.9 puntos. Dicho de otro modo: con el gasto triplicado, la ganancia adicional es de solo 1.3 puntos. En pobreza extrema, el efecto diferencial es nulo: 0.2 puntos (INEGI, Medición de pobreza 2024).
La Ruta 9 parte de que la distribución de transferencias es una prioridad gubernamental, por lo que propone corregir la exclusión de la mayoría de los hogares de bajos ingresos o en pobreza. Lo que hoy existe no es universalidad, sino focalización excluyente: lo contrario de lo que se busca.
Además, las transferencias deben operar con reglas que contribuyan al ejercicio de derechos sociales. Las becas, por ejemplo, son una herramienta para impulsar el derecho a la educación, pero miles de jóvenes aún abandonan la escuela sin concluir la media superior. No bastan las becas, y menos si no les llegan.
Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” deberían promover empleabilidad, no solo entregar una transferencia (ver ruta 4). En “Sembrando Vida” no basta sembrar árboles y recibir un subsidio, pero lo relevante es “reforestar” para proteger el territorio y sus ecosistemas así como generar opciones sostenibles de ingreso, por ejemplo mediante empresas comunitarias (ver ruta 7).
Existe gran polarización sobre estos programas. Más allá de posibles desviaciones que también deben evitarse, no hay duda que este tipo de apoyos pueden ser herramienta si llegan a quienes más lo necesitan y si se ajusta su funcionamiento para que si puedan lograr sus propósitos declarados (educación, trabajo, ingreso rural).
Hay que dejar claro que las transferencias no bastan, se requieren servicios públicos de calidad. Las transferencias no sustituyen los servicios de salud, de educación, de cuidado, pero son indispensables en un país con tantas carencias como México, pues pueden ser incentivos para quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos. Para eso, la Ruta 9.