La reciente polémica en torno al examen de admisión de la UNAM dejó una lección importante. El problema no es única ni principalmente la inteligencia artificial. El verdadero problema es haber intentado aplicar un examen de alta importancia en un entorno que la universidad no puede controlar. Hoy cualquier estudiante puede tener en casa una segunda computadora, un teléfono oculto, una pequeña cámara apuntando a la pantalla o un asistente basado en inteligencia artificial. Ningún sistema de vigilancia remota puede garantizar que esos recursos no existan. Cada nueva medida de seguridad genera una nueva forma de evadirla. Es una carrera tecnológica que difícilmente se puede ganar.
En lugar de persistir en esa competencia, conviene preguntarse por qué otros países no dependen exclusivamente de la vigilancia con IA para sus exámenes más importantes.
En Estados Unidos, millones de estudiantes presentan cada año el SAT (que originalmente era el Examen de Aptitud Escolar), una prueba utilizada por alrededor de seis mil universidades y colegios. En EU no se pretende que cada universidad desarrolle su propio examen de conocimientos. El SAT es una evaluación común, administrada por una organización independiente, que cada institución utiliza de acuerdo con sus propios criterios. Una universidad puede exigir un puntaje muy alto; otra puede combinar el resultado con el promedio de preparatoria, entrevistas o ensayos. La autonomía universitaria no desaparece por compartir un instrumento de evaluación.
El modelo tiene otra ventaja importante: reduce costos. Desarrollar un examen confiable requiere expertos en las disciplinas evaluadas, psicólogos y especialistas en evaluación educativa, ingenieros de software, especialistas en seguridad informática y una infraestructura tecnológica compleja. Si cada universidad aplica su propio examen, todos esos costos se multiplican innecesariamente. Cuando miles de instituciones comparten un mismo sistema, el costo por universidad disminuye considerablemente y además es posible invertir mucho más en calidad psicométrica y ciberseguridad.
En realidad, México ya tiene el embrión de un SAT nacional: el EXANI-II del CENEVAL. El CENEVAL aplica desde hace años el EXANI-II, utilizado por numerosas universidades públicas y privadas. Sin embargo, la aplicación sigue concentrándose en determinadas fechas y en salones de las universidades que lo solicitan, precisamente donde el control del entorno resulta más difícil.
Quizá sea momento de dar el siguiente paso.
En lugar de duplicar los experimentos con exámenes remotos, México podría establecer una red permanente de centros de evaluación, distribuidos por todo el país, semejante a la que se utiliza para el SAT, y exámenes similares como el GRE, el GMAT y muchas certificaciones profesionales en todo el mundo. El examen estaría disponible durante varios meses del año. El aspirante elegiría la ciudad y la fecha más conveniente. Las computadoras serían proporcionadas por el centro, estarían protegidas contra accesos externos y el salón sería supervisado por humanos, apoyados por cámaras e inteligencia artificial para documentar incidentes y facilitar auditorías posteriores. La supervisión presencial reduce considerablemente las posibilidades de fraude. La inteligencia artificial seguiría siendo útil, pero en el papel correcto: ayudar a detectar irregularidades y revisar casos sospechosos, no para sustituir la vigilancia presencial.
Un sistema así tendría otras ventajas. Permitiría construir un enorme banco de preguntas bien calibradas, de manera que cada aspirante recibiera una versión distinta del examen con la misma dificultad, estadísticamente hablando. Eso reduciría las posibilidades de copiar respuestas y disminuiría significativamente el valor de cualquier filtración después de un examen. Al mismo tiempo, las universidades compartirían los gastos de desarrollo, mantenimiento y seguridad, en lugar de duplicarlos una y otra vez.
Lo más importante es que este modelo no atentaría contra la autonomía universitaria. Cada institución seguiría siendo libre de decidir si utiliza el examen, qué puntaje exige y cómo combina ese resultado con otros criterios de selección. Algunas carreras podrían dar mayor peso al razonamiento matemático; otras a la comprensión lectora o al historial académico. Lo que se compartiría sería la infraestructura, no las decisiones de admisión.
La discusión abierta por la UNAM ofrece una oportunidad para repensar el sistema completo. La pregunta no debería ser cómo construir un sistema de vigilancia remota imposible de engañar. La pregunta correcta es por qué insistimos en resolver un problema que otros países solucionaron hace décadas mediante una idea mucho más sencilla: realizar los exámenes importantes en centros especializados, bajo supervisión humana, con tecnología que apoye el proceso en lugar de intentar reemplazarlo.
México no necesita inventar un sistema completamente nuevo. Necesita adaptar y ampliar uno que ya existe. Un examen nacional, digital, disponible durante todo el año y aplicado en centros certificados y bien controlados permitiría mejorar la seguridad, reducir costos y simplificar el ingreso a la educación superior.
La crisis reciente demuestra que ha llegado el momento de abrir esa discusión.