México en su Democracia: A 30 años de una reforma constitucional electoral “definitiva”

Por J. Eduardo Tapia Zuckermann

El 22 de agosto de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo mandó publicar en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas electorales de gran calado que transformó a la postre el escenario político nacional como no se había registrado en más de setenta años.

En efecto, con las reformas a la legislación secundaria correspondiente y que fueron publicadas el 22 de noviembre subsiguiente, se implementó un entramado institucional que sentó las bases para que fuerzas políticas distintas al bloque oficialista pudieran aspirar, con cierta viabilidad, a ocupar la llamada primera magistratura del país; es decir, la presidencia de la República.

La primera aduana hacia la llamada alternancia se registró con los resultados de las elecciones federales de 1997. En dichos comicios el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría legislativa y el 1º de septiembre de ese año, en voz del diputado Porfirio Muñoz Ledo, se contestó el 3er informe de gobierno de ese sexenio por parte de un militante ajeno al partido en el poder.

Decía don Jesús Reyes Heroles que “en política, la forma es fondo” y aquella contestación resultó, además de histórica, simbólica pues la glosa del informe ya no fue un asunto de mero trámite, sino que el poder legislativo reivindicó una función que políticamente había sido desdibujada por la preponderancia del poder ejecutivo durante la mayor parte del siglo veinte.

No obstante que otorgar el calificativo de “definitivo” a una reforma cuya materia es altamente volátil y sujeto a coyunturas político-electorales de corto plazo no fue el más afortunado, la reforma de 1996 sí merece un trato especial en su análisis dados los resultados positivos para la consolidación, efímera, de nuestra novel democracia y especialmente en la organización profesional de los comicios federales.

Primeramente, a partir de finales de noviembre de 1997, se conformó el Instituto Federal Electoral (“IFE”), antecesor del actual Instituto Nacional Electoral, sin una intervención directa y totalizadora del Poder Ejecutivo Federal. La persona titular de la Secretaría de Gobernación dejó de tener el carácter de árbitro final y se confió la dirección del IFE a ciudadanos propuestos por los partidos políticos existentes, el poder ejecutivo, el legislativo y con una conformación impar para evitar empates técnicos. En resumen, se profesionalizó el órgano electoral que durante las tres décadas siguientes administró de manera imparcial y técnica todas las elecciones federales tanto intermedias o camerales y las presidenciales.

Con esta reforma, los peldaños de la incipiente democracia mexicana también fueron reforzados con la incorporación del Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial Federal para dejar de ser un tribunal meramente administrativo, dependiente del poder ejecutivo, y convertirse en máxima instancia jurisdiccional en la materia. Asimismo, se crearon diversos juicios constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, además del juicio para la protección de los de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

La idea central fue arrebatar el control político de las elecciones por parte del poder político transitoriamente en ejercicio del poder público y replicar, en años siguientes, el modelo en los estados de la república. Por ejemplo, la Comisión Federal Electoral que ya formalmente había dejado de existir en 1991 con la creación del IFE concluiría por fin su labor vigilante del proceso y transferir dicha función con un órgano ciudadano ajeno, por lo menos en teoría, a los vaivenes políticos sexenales pues la designación rebasaría en tiempo a la presidencia de México en turno.

No obstante la evidente bondad de la reforma promulgada hace exactamente treinta años y que garantizó tres transiciones pacíficas del poder, las cuales movieron el péndulo político primero a la derecha, luego al centro y finalmente a la izquierda, fue necesario modificar algunos de sus preceptos que vieron agotados sus beneficios.

Así en 2007 después de las competidas elecciones presidenciales los partidos con mayoría legislativa y que perdieron el proceso comicial del ejecutivo federal endurecieron regales de financiamiento público y de acceso a los órganos de dirección del IFE. Precisamente por ese encono se sembraron semillas de discordia que germinaron en una contrarreforma que, vista a la distancia, fue un duro retroceso al proceso democrático en el país.

A raíz de los cambios de 2023 a la constitución y a la legislación secundaria respectiva, la sana separación del poder público y los órganos electorales se vieron amenazados al tener a un Instituto Nacional Electoral y a un Tribunal Electoral mucho más cercano e identificado con el partido político en el poder.

Debemos, por tanto, cuestionar estas modificaciones a las reglas del juego democrático y que intentan volver el estado de cosas que imperaban en los años noventa del siglo pasado. La democracia mexicana es un bien superior al de cualquier partido político que intenta monopolizarla.

Miembro del Consejo Directivo de la BMA.

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