Carlos Cruz Santiago | 21-09-26 | 07:57 |

La historia de las violencias en América Latina enseña una lección contundente que el discurso oficial suele omitir: los pactos criminales entre gobiernos, sectores empresariales y delincuencia organizada operan con la misma impunidad tanto en regímenes de dictadura como en democracia.

En Argentina, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), este contubernio mostró su cara más oscura no solo en el terror que despertaba el Ford Falcon, sino en la complicidad directa de directivos de multinacionales como Ford, quienes entregaron y permitieron el secuestro de sus propios trabajadores dentro de la planta de Pacheco para imponer un orden bajo el terror, caso por el cual dos exdirectivos de la Ford Motor Company fueron sentenciados a penas de entre diez y doce años de prisión el 11 de diciembre de 2018 (causa n.° 4012/2014).

En el México actual, formalmente democrático, opera esta misma tríada en la economía e industria energética y extractivista. El modelo opera entonces bajo la siguiente secuencia:

● Capital criminal → territorio → extracción → empresas y proveedores → transporte → comercialización y exportación → capital aparentemente legal.

● Capital legalizado → reinversión en empresas → mayor capacidad económica → mayor control territorial. Esto es cualitativamente diferente del modelo tradicional:

● Narcotráfico → violencia → extorsión.

Estamos hablando, por tanto, de una economía criminal diversificada y patrimonializada que opera bajo dos rutas principales de beneficio: el lavado de activos y el sometimiento de las personas a nuevas formas de explotación y esclavitud criminal.

Una desaparición en la Argentina bajo un régimen militar produce el mismo impacto devastador que una desaparición en el México de las últimas décadas bajo un régimen formalmente democrático.

Sin embargo, en el mapa actual del horror mexicano debemos aprender a ponderar las distintas capas del colapso: la gravedad de las desapariciones provocadas por la corrupción política y la violencia territorial de grupos criminales como La Barredora es exponencialmente más dañina que la corrupción y asociación político empresarial asociada al «huachicol fiscal». En uno hay un daño irreparable que cuesta sangre, vidas rotas y familias desgarradas; en el otro, un despojo profundo a las instituciones y al erario que, en última instancia, empobrece a las y los ciudadanos al sustraer el dinero público. Ambas formas se alimentan, pero el derramamiento de sangre marca un límite ético inaceptable.

En México encontramos paralelismos escalofriantes. Un caso paradigmático —aún sin justicia— consta en el expediente judicial por la desaparición del ingeniero José Antonio Robledo Fernández (averiguación previa PGR/SIEDO/025/2009, causa penal 24/2018-V). José Antonio trabajaba para la empresa ICA Fluor en el Proyecto Fénix, en Monclova, Coahuila. De las investigaciones se desprende la participación de empleados de la propia compañía en su desaparición: uno de ellos ejercía como jefe de seguridad industrial y el otro como chofer de los ingenieros. En aquel proyecto siderúrgico y extractivo —con una inversión superior a los 2,000 millones de dólares y mano de obra predominantemente foránea— operaba una alianza perversa. Las declaraciones ministeriales de los imputados revelaron que el líder del grupo criminal de Los Zetas en la región mantenía inversiones y contratos en la obra para el blanqueo de capitales.

De Sonora a Tamaulipas, el corredor agroindustrial, minero y fronterizo del norte expone con crudeza esta dinámica. Allí, la desaparición y la leva de jóvenes recién egresados, mecánicos, ingenieros y personal técnico no responden a los viejos estigmas oficiales: no son «malos pasos», ni que «andaba enamorado», ni «las malas compañías». Responden a la captura deliberada de talento para alimentar proyectos de infraestructura, logística criminal y megaproyectos extractivos con capital nacional y trasnacional. Tal como ocurrió en el caso de ICA Fluor en Coahuila, hoy el capital privado y el poder criminal se alimentan de la misma mano de obra precarizada y secuestrada.

«A nuestras juventudes no las perdemos por decisiones vocacionales, sino porque fueron convertidas en insumos prescindibles de una maquinaria corporativa que combina la avaricia empresarial con el terror del crimen organizado».

Reducir la tragedia de la captura juvenil a lo largo de esta franja fronteriza a un problema policial es una forma de cobardía institucional. La sentencia histórica contra los ejecutivos de Ford sienta un precedente ineludible: los particulares y directivos de empresas privadas pueden y deben ser juzgados como autores y cómplices de delitos de lesa humanidad.

En el caso de México, la ruta de investigación debe ampliarse siguiendo la pista de:

● Dinero → empresas → socios → concesiones → maquinaria → proveedores → transporte → almacenamiento → exportaciones → compradores → beneficiarios finales. Y añadiendo una variable territorial indispensable:

● Recurso natural + corredor logístico + presencia criminal + empresa + autoridades + comunidad.

La impunidad corporativa permite que las grandes empresas nacionales y trasnacionales mantengan operaciones millonarias mientras sus cadenas de suministro o esquemas de seguridad se alimentan del trabajo forzado, la coacción extrema y la sangre.

Denunciar la complicidad privada en los crímenes de lesa humanidad y defender la dignidad de cada vida es un imperativo de la ética de convicción y un ajuste de responsabilidad jurídica, nacional y trasnacional, para demostrar que hoy o en quince años podamos tener justicia, verdad, memoria y garantías de no repetición en nuestro México.

Presidente fundador de Cauce Ciudadano A.C. @carloscauce

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