Carlos Lavore
LA LAGUNA Y LOS CULTIVOS
Bacalar, la laguna de los siete colores, entre el azul y el turquesa, entre la selva y el mar, alimentada por ríos subterráneos, con 42 kilómetros cuadrados, es el cuerpo de agua dulce superficial más grande de la península de Yucatán.
Un ecosistema que alberga los arrecifes de microbialitos más grandes del mundo. A simple vista parecen piedras, pero en realidad son una compleja comunidad bacteriana que interactúa entre sí, muy similar a la que existió hace 3,900 millones de años y que sigue formando el mismo tipo de estructuras. Los microbialitos de Bacalar tienen un rango de edad que va desde algunas décadas a más de 9,000 años. Su composición les permite contribuir a la disminución de dióxido de carbono, la generación de oxígeno y la fijación de nitrógeno atmosférico. Funcionan como un indicador de la salud que guarda su hábitat. Lamentablemente, los registros indican que estos arrecifes se están degradando debido a la contaminación del agua y del ambiente alrededor.
Todo el sistema está en riesgo por la actividad turística y las agroindustrias. La zona enfrenta una creciente demanda del turismo, sin la infraestructura necesaria para el manejo de grandes cantidades de desechos y el tratamiento de aguas residuales.
Al mismo tiempo, tiene una de las tasas de deforestación más altas del país. Las prácticas agrícolas insostenibles han causado un aumento de sedimentos, pesticidas y fertilizantes que son acarreados a la laguna por el agua de las lluvias.
Bacalar, pueblo de milpa, apicultura y turismo local en armonía con la naturaleza, en 20 años se convirtió en territorio del extractivismo turístico y agroindustrial. Con 12 mil habitantes, fue declarado “pueblo mágico” en 2006, incentivando la explotación turística, reforzada luego con el “tren maya”. Las consecuencias son las mismas que se repiten en toda la península: especulación inmobiliaria, encarecimiento del suelo, segregación, desplazamiento, folklorización, violencia criminal, devastación ambiental.
En este artículo abordaremos la ganadería extensiva y la agricultura industrial con uso intensivo de agroquímicos, que es otro de los flagelos presente en la península, con deforestación y desmonte que afecta reservas naturales, selvas medianas y altas. Más de 525,000 hectáreas de selva perdidas en la península (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, 2025).
En la región de Bacalar (municipios de Bacalar y Othón P. Blanco) se han perdido más de 130,000 hectáreas (Jaltún, 2023). Las comunidades menonitas provenientes de Belice son los protagonistas de este proceso, avalado por las autoridades, en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando, El Paraíso, Blanca Flor y, al menos otros 16. Tierras que progresivamente fueron pasando a su control. (*)
Asentados poco a poco desde fines del siglo pasado, han convertido grandes extensiones de selva en campos agrícolas para maíz, sorgo, soya, frijol y otros cultivos intensivos, con mecanización y uso de agroquímicos.
Cuentan con facilidades para obtener derechos de uso/posesión con la combinación de usufructos, rentas, contratos ejidales, creación de sus propios ejidos, cambios de uso de suelo y apoyo de programas de agricultura y mecanización. En algunos momentos recibieron subsidios, maquinaria y facilidades para cultivar a gran escala.
Su producción se comercializa a través de intermediarios con centros de acopio en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Valladolid, Campeche. También a las agroindustrias regionales para alimento pecuario, aceites, harinas y derivados.
La producción complementaria de hortalizas, frutas, quesos y productos lácteos se comercializa en mercados locales y municipales. Además, disponen de una red propia de intercambio de semillas, fertilizantes, herramientas, maquinaria, paquetes tecnológicos.
Es decir, tienen gran volumen de producción, usan redes comerciales regionales ya establecidas, cuentan con clientes fijos y compradores itinerantes, manejan ventas rápidas y directas, sin intermediación institucional. Con la salida comercial asegurada, su expansión es explosiva y lo que antes eran bosques ahora son campos abiertos de cultivos. Ese desmonte tiene consecuencias ecológicas: pérdida de hábitats, riesgo para fauna local, alteración de corredores biológicos y daño a ecosistemas frágiles. El uso intensivo de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes contamina suelos y acuíferos, impacta la biodiversidad local y actividades tradicionales como la apicultura. La deforestación, la pérdida de cobertura vegetal, la desaparición de flora silvestre y el uso intensivo de plaguicidas están causando la muerte masiva de abejas, tanto de apiarios como nativas, afectando a miles de productores.
Y no es solo Bacalar. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que más de 6 mil hectáreas de selva en Yucatán han sido desmontadas, con daños irreversibles. Municipios como Tekax, Peto y Tzucacab concentran desde hace varios años la apertura masiva de tierras para monocultivos, “en muchos casos sin permisos ambientales vigentes, dentro de una de las zonas más frágiles y estratégicas de la península”. Desmonte, apertura irregular de caminos, extracción de material pétreo y afectación a especies nativas emblemáticas de la zona como jaguar, puma, ocelote, aves, reptiles y plantas endémicas. (El Universal, 14 diciembre 2025).
En Hopelchén, Campeche, el mismo proceso de expansión agrícola con deforestación, monocultivos transgénicos, contaminación de acuíferos, exterminio de abejas, afectación de apicultores. Las comunidades mayas tienen más de 20 años con reclamos, denuncias y amparos. Estiman cerca de 400,000 hectáreas devastadas sin respuestas institucionales.
Y no son los menonitas solamente. En Tizimín, con gran cantidad de cenotes, la empresa mexicana EnerAll, pionera en producción agroindustrial en Yucatán, tiene 15,000 hectáreas y numerosas concesiones de agua (30 millones de m³ al año, el doble del consumo de Mérida), cuya operación afecta acuíferos, tanto por extracción como por contaminación. (Diario de Yucatán, diciembre 2025). La producción de soja, sorgo, trigo y maíz es procesada en una gran planta propiedad de EnerAll y Cargill que abastece a los grupos porcícolas y avícolas de la región (El Financiero, 2017).
Y no son solo granos. Los limones persas que se siembran en Yucatán están en expansión con estímulo estatal y son un símbolo de prosperidad, aunque asentada en una crisis ecológica que tiene la huella de tractores, tala y quema de los árboles de la selva maya. Destacan Tekax, Tzucacab y zonas dentro de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. Se estiman 20,000 productores en más de 40,000 hectáreas. Entre mayo y junio de 2025 fueron clausurados por la PROFEPA 25 predios equivalentes a 6,325 hectáreas, la mayoría vinculadas a la agroindustria del limón.
En la conferencia presidencial del 29 de septiembre de 2025, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció que “una de las zonas más riesgosas que hemos identificado es la Península de Yucatán, donde desafortunadamente los menonitas están deforestando y hemos detectado siembra de maíz transgénico, por eso estamos nosotros clausurando muchas zonas en la Península de Yucatán”.
Algunas intervenciones de la Profepa, como la clausura de predios por desmonte ilegal en 2,600 ha (junio 2025) en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con tala de especies protegidas (caoba, palma chit, jobillo, guano kum, palma zamia), no son suficientes para frenar un proceso que responde a una lógica extractivista de ocupación del territorio, propia del modelo neoliberal, con ruptura de dinámicas históricas.
Así ocurre con la afectación de la propiedad ejidal como forma de organización productiva, sin apoyo del estado ni estímulos de ningún tipo para su desarrollo específico. Puede pensarse en la intención de inducir un proceso de privatización del suelo sin cambio de régimen, acompañado de un debilitamiento de la organización comunitaria ejidal.
La ausencia de regulación apropiada y control efectivo, omisiones gubernamentales, contubernios, corrupción, tráfico de influencias, contribuyen a la expansión de un modelo que se traduce en pérdida de biodiversidad, erosión y degradación del suelo, contaminación, afectación de comunidades en lo social, cultural y productivo.
Un modelo productivo respetuoso de los ciclos de la tierra requiere de un cambio de enfoque radical en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, que debería tener, como punto de partida, la participación del sector social en definiciones que hoy están determinadas por el poder económico y financiero en forma excluyente.
En los hechos concretos significa fortalecer iniciativas comunitarias como apicultura, milpa y manejo forestal responsable, no autorizar cambios de uso del suelo ni la construcción de megaobras de infraestructura, disponer de mejores mecanismos de regulación y control, sancionar con severidad la tala y quema de selva, impulsar un modelo productivo enfocado en la relación armónica entre naturaleza, habitantes y actividades.
(*) Menonitas. Comunidad cristiana protestante, con enfoque en la no violencia, trabajo comunitario, autosuficiencia, distribución de bienes y protección de la unidad interna. Su actividad productiva se centra en la agricultura, ganadería y alimentos. Aparentemente, sus creencias no impiden la violencia contra la naturaleza y el desmembramiento de comunidades ejidales existentes antes de su irrupción. Se estiman 300 familias, 1,700 habitantes.
Con información de Ciencia UNAM, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, Jaltún, Diario de Yucatán, La Chispa, El Universal, Chat GPT, Sin Embargo, Greenpeace.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.