La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó con 343 votos y 122 en contra el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND). El proceso inició el 3 de enero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) anunció que en ese mes se realizarían consultas públicas para su elaboración. Posteriormente, se envió el documento el 28 de febrero para su discusión a la Cámara de Diputados, que sin pena ni gloria terminó pasándolo sin mayor impacto. Los reflectores se los ha llevado el Plan México, que fue presentado el 14 de enero, como una alternativa ante las medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump desde la campaña electoral, al punto que fue incorporado como la Visión de largo plazo en el PND.
El documento está mejor estructurado que el de la administración pasada, que no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley de Planeación, como lo comenté el 18 de julio de 2019 en El Universal, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviara una versión a la que no se le modificó ni una coma y decidiera cancelar el ejercicio coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calificándolo como una propuesta neoliberal, que era una de las formas recurrentes para desacreditar a los críticos.
Desde la presentación, se proyecta como un programa que dará continuidad al anterior gobierno y sus “objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.” Enfatiza los buenos resultados del sexenio anterior destacando los de pobreza reconocidos por el Banco Mundial y del salario mínimo real, que los principales problemas son herencia del periodo neoliberal 1982-2018 y algunos desde la colonia, como si la teoría de la dependencia de los setenta siguiera vigente.
La narrativa hace hincapié en que “hoy estamos poniendo el Segundo Piso de esta Cuarta Transformación, consolidando un modelo de desarrollo basado en el Humanismo Mexicano,” esto es, se reitera la propaganda oficial que se ha venido repitiendo desde hace tiempo. Los programas sociales y los proyectos anunciados durante la campaña se plasman como compromisos prioritarios, de nueva cuenta son 100; sin embargo, se confirma que no se realizará una reforma fiscal y que los recursos provendrán de una mayor fiscalización que evitará la evasión y elusión, y que alcanzarán gracias a una austeridad republicana. Más de lo mismo, pues.
En la parte del diagnóstico no se reconocen los problemas que dejó el gobierno anterior, como un déficit público creciente que llegó a 5.7% del PIB en su versión más amplia; que la deuda pública pasó de 10 billones de pesos (43.6% del PIB) en 2018 a 17.4 billones de pesos (51.4% del PIB); la carencia de salud subió en 2022 a 50.4 millones de mexicanos o 39.1% por la desaparición del Seguro Popular, que fue sustituido por el fracasado Instituto de Salud para el Bienestar(Insabi); la productividad retrocedió; la inversión se estancó al punto que la formación bruta de capital fijo de enero de 2025 era sólo 7.4% mayor al valor de 2018; el crecimiento promedio de 2018-2024 fue de apenas 0.9%, por mencionar algunos datos duros.
Obviamente, no se reportan los retrocesos en educación que se reflejan en las evaluaciones de la prueba PISA 2022, donde no solo se empeora en la comparación con otros países, sino retrospectivamente a 2018. El gobierno mexicano a regañadientes aceptó participar en la prueba 2025, como si fuera un tabú, no se menciona educación de calidad en el PND, a diferencia de la salud. En materia de medicamentos, no se ha logrado revertir el desabasto, y se termina culpando a las empresas farmacéuticas del mismo.
Si bien se reconoce que la inseguridad pública es el principal problema para la ciudadanía a finales del 2024, no hay ningún cuestionamiento a la estrategia de “abrazos y no balazos” que dejó que la delincuencia organizada se apoderara de amplias regiones del país y ubicando la violencia por grupos criminales en el nivel más alto de América Latina (Latinobarómetro 2024). Se apuesta a la Guardia Nacional como la principal herramienta para reducirla a pesar de sus malos resultados, es decir, se seguirá con la estrategia de militarización que llevó a cabo el anterior gobierno.
Se insiste en que los programas sociales serán mecanismos fundamentales para reducir la pobreza, pero al mismo tiempo se considera como delito grave su uso indebido con fines electorales, cuando al oficialismo le dio dividendos en ese sentido, y por ello las finanzas públicas se deterioraron en gran parte en 2024. El tribunal electoral desechó las denuncias al respecto.
Se considera que la corrupción disminuyó en el gobierno anterior, y como prueba se señala que la tasa de corrupción en trámites gubernamentales disminuyó 17% entre 2019 y 2023, con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi. Sin embargo, las cifras de Transparencia Internacional y otras encuestas no respaldan esa percepción. El reciente escándalo de Birmex tampoco abona en ese sentido. Paradójicamente, se elogia el Sistema Nacional Anticorrupción que la administración anterior se encargó de desmantelar por costoso y oneroso.
Se proyecta un nuevo modelo de gobernanza, basado en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero el temor es que se traduzca en más carencias de educación, salud e infraestructura, que fueron las funciones que registraron recortes de gasto significativos en el presupuesto de 2025, como en su momento lo describió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y organismos privados.
La transparencia queda en entredicho con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al trasladarse sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con lo que una dependencia del Ejecutivo será juez y parte en la materia. Adicionalmente, la información que sea considerada de seguridad nacional, no podrá ser objeto de escrutinio público por lo que no se imposibilitará averiguar los sobrecostos de proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas, etc.
En la rendición de cuentas, se retrocede con la eliminación de Compranet y con la captura desde hace varios años de la Auditoría Superior de la Federación, cuando fue acallada por mostrar el elevado costo para el erario que representó la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
En contrapartida, el PND 2025-2030 destaca positivamente respecto al anterior porque le da un peso relevante al tema de sustentabilidad. Uno de los grandes ejes es “Desarrollo sustentable” y en este sentido se diferencia del pasado gobierno que apostó por las energías fósiles. Se ratifica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se reconoce que hay que acelerar la transición energética “con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, cumplir con las metas nacionales de energías limpias y honrar los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático”.
Se insiste en el fortalecimiento de la CFE y Pemex en un modelo de soberanía energética, pero es la parte más endeble porque se apuesta a que las empresas paraestatales puedan realizar cuantiosas inversiones y que sean acompañadas por la inversión privada. El gobierno se compromete a “garantizar un suministro energético seguro, eficiente y asequible para toda la población, la justicia energética debe convertirse en un pilar del desarrollo nacional.” Esto implica, que se otorgarán subsidios a productores y consumidores que afectarán las finanzas públicas.
El PND insiste en que con la reforma al poder judicial se va a acabar la corrupción, pero el empresariado cree que se va a incrementar porque quedará capturado por el Ejecutivo, perdiendo su autonomía e independencia, llegarán al cargo personal no profesionalizado ni preparado, y que no será imparcial en sus fallos. La falta de certeza jurídica afectará la confianza de los inversionistas y volveremos al esquema que prevaleció en el siglo XX, cuando quienes eran cercanos al gobierno se beneficiaban con obras y concesiones.
Las medidas proteccionistas del gobierno de EU, pero también de México desalentarán la inversión extranjera. El alza de la inversión pública para compensar la atonía privada, junto con la creciente carga de los programas sociales dispararán el déficit y la deuda pública, por lo que es más probable que se pierda el grado de inversión y se empeore la situación en el mediano plazo.
De manera similar al anuncio de las acciones adicionales propuestas por el Plan México el 3 de abril, se propone ampliar la autosuficiencia alimentaria y energética al 2030. Se apuesta a recurrir a los precios de garantía, dar apoyos a los productores, reducir la carga fiscal de Pemex y ampliar las inversiones. Esos objetivos se plantearon en el sexenio pasado y los resultados fueron negativos, por lo que no se hace una revisión crítica del fracaso previo.
En conclusión, el PND 2025-2030 apuesta al modelo de sustitución de importaciones que México implementó en la época del desarrollo estabilizador y compartido, con una creciente participación del Estado en la economía, porque se considera que es el responsable de garantizar derechos, por ende, la disciplina financiera y los fundamentos macroeconómicos terminarán deteriorándose paulatinamente en el mediano plazo y no podrán echarle la culpa al neoliberalismo del fracaso.
Adenda
1. El tipo de cambio ha fluctuado entre 19.80 y 21 pesos las últimas semanas. La volatilidad refleja la esperanza de un trato preferente para México y el efecto de los aranceles en sectores exportadores clave.
2. Los contratos de futuros del oro continúan rompiendo récords históricos ante el temor de que la guerra comercial siga empeorando y provoque una recesión global.
3. CSP sigue insistiendo en controles de precios para frenar la inflación e incidir en una política monetaria menos restrictiva. La medida podrá ser exitosa en el corto plazo, pero a la larga será contraproducente. México ya los experimentó en el siglo XX.
Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad.
