Hace unas semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) me invitaron a participar en un panel de reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la democracia mexicana. En ese espacio coincidimos en que se trata de una fuerza disruptiva que está reconfigurando la participación política y, con ello, la democracia misma, pues está modificando la forma en que los ciudadanos se informan, deliberan, movilizan y votan. Al mismo tiempo, plantea desafíos éticos y técnicos que exigen una respuesta urgente e interdisciplinaria. Si bien la IA abre la puerta a una democracia más inclusiva, transparente y deliberativa, también genera riesgos reales que ya amenazan la integridad de los procesos electorales. Concluimos en la necesidad impostergable de construir un marco regulatorio nacional, en el que no se soslaye el papel protagónico que las instituciones de educación superior (IES) deben desempeñar en la construcción de una gobernanza ética de estas tecnologías.
La IA tiene el potencial de resolver uno de los dilemas más persistentes de la democracia moderna: cómo lograr una participación masiva sin sacrificar la calidad de la deliberación. Ya en la década de 1970, el politólogo Robert Dahl advertía sobre esta tensión y proponía su concepto de “minipopulus”: asambleas de alrededor de mil ciudadanos sorteados al azar, representativos de la diversidad social y capaces de deliberar con profundidad. Lo que entonces parecía una idea audaz pero de escala limitada, hoy la tecnología permite escalarlo como nunca antes, como lo demuestra el uso de la plataforma Polis en Taiwán. Bien orientada, la IA podría transformar el acto periódico de votar en un diálogo continuo, informado y verdaderamente democrático. Sin embargo, los mismos avances conllevan serios peligros. Durante las elecciones federales de 2024 se registró un notable incremento en el uso de deepfakes, clonaciones de voz y contenidos manipulados con IA, que generaron confusión entre los electores. Peor aún son los sesgos inherentes en los modelos de IA, que reproducen y amplifican discriminaciones por género, etnia, clase social o condición económica. Lejos de limpiar la política, la IA puede convertirla en una guerra asimétrica donde la verdad compite en clara desventaja.
En México se han dado pasos importantes en la regulación y orientación ética de la IA en el ámbito democrático. En agosto de 2025, el INE aprobó los “Lineamientos y principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA”. Posteriormente, en enero de 2026, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentaron “los Principios de Chapultepec”, una Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la IA. Se trata de un decálogo de principios orientadores que busca guiar políticas públicas, regulaciones e instrumentos institucionales con un enfoque centrado en derechos, transparencia, responsabilidad y beneficio social. Estos instrumentos representan un avance significativo, aunque insuficiente. Aún persisten retos clave: etiquetado obligatorio y verificable, responsabilidad compartida, actualización continua de las normas y, sobre todo, lograr un equilibrio delicado entre regular la desinformación y proteger la libertad de expresión. México necesita un marco regulatorio inteligente y valiente, uno que defienda la democracia del engaño digital sin convertir al país en una nación que tema al futuro.
Esta gobernanza no puede ser monopolio de gobiernos ni de grandes empresas tecnológicas. Debe ser, por su propia naturaleza, multistakeholder. Por ello, debe avanzarse en la creación de un Consejo Nacional Multisectorial de Gobernanza de la IA, con participación vinculante de la academia, el Estado, las empresas, y representantes de la ciudadanía. En este ecosistema, las IES están llamadas a ocupar un lugar preponderante. Son los espacios naturales para generar conocimiento riguroso, formar talento ético y ofrecer asesoría independiente. Su rol se despliega en tres dimensiones esenciales: la investigación (monitoreo para la detección de deepfakes y auditoría de sesgos algorítmicos), la formación (incorporar la ética digital y la gobernanza de la IA de manera transversal en todos los planes de estudio) y asesoría técnica independiente. En este sentido, propusimos que la ANUIES, en coordinación con las autoridades electorales, establezca convenios concretos para el monitoreo del uso de la IA en procesos democráticos y para la capacitación masiva de ciudadanos, funcionarios, periodistas y jueces electorales. Las universidades no pueden quedarse como espectadores pasivos ante el tsunami digital que esta redefiniendo nuestra democracia. Si asumen con valentía y convicción su liderazgo se avanzará en la misión de que la IA no se convierta en una herramienta de manipulación y desigualdad, sino en un poderoso aliado que fortalezca y profundice nuestra vida democrática.