Van por Samuel y su grupo en NL; en MC temen desenlace “explosivo”

La decisión de Dante Delgado de mandar a Luis Donaldo Colosio a competir por la gubernatura de Sonora, en lugar de Nuevo León, tiene un trasfondo más que político: el fundador de Movimiento Ciudadano tema un desenlace “explosivo” alrededor de Samuel García.

La expresión utilizada dentro de la cúpula de MC resume el nivel de preocupación. En Nuevo León hay asuntos que “van a terminar estallando”, dicen. Y el problema para Dante no es solamente el desgaste acumulado por el estilo estridente y errático de Samuel García, ni siquiera el intento del gobernador por imponer a su esposa Mariana como candidata; es la ruta del dinero que Morena, el PRI y el PAN han convertido en el principal frente contra el mandatario y que seguirá apareciendo durante la campaña de 2027.

El lunes, Morena presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León una nueva denuncia contra Samuel, Mariana, el padre y el medio hermano del gobernador, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y Éric Peñalver Serna. El partido pidió investigar una presunta triangulación superior a mil 400 millones de pesos que habría comenzado con pagos del gobierno estatal a proveedores y terminado en despachos vinculados con la familia García.

La acusación no es nueva, pero ahora incorpora documentos de la defensa del propio gobernador en el juicio político que enfrenta en el Congreso local. Los denunciantes sostienen que Samuel argumentó que los recursos públicos pierden ese carácter una vez que son pagados a particulares. Morena pretende utilizar esa posición para exigir que se siga la trazabilidad del dinero después de que salió de las cuentas estatales y se determine si proveedores del gobierno transfirieron recursos a despachos relacionados con el mandatario y su familia.

Samuel respondió como suele hacerlo. Calificó la denuncia como un “refrito” de hechos de 2021 y 2022, aseguró que la Fiscalía estatal ya concluyó que no había nada ilegal y dijo que se ríe de Morena. “Que hagan lo que quieran”, retó. Según su versión, los morenistas están desesperados porque Movimiento Ciudadano aparece arriba en las encuestas.

La respuesta le sirve para alimentar la confrontación política, pero no cerrará los casos. Morena anunció que buscará ampliar la denuncia presentada en mayo ante la Fiscalía General de la República y solicitó la intervención de la UIF, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reconstruir la ruta de las operaciones.

Hay más. Documentos revelados en junio por esta columna contienen información financiera, patrimonial y fiscal de Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador. Los reportes le atribuyen transferencias internacionales por alrededor de 10 millones de pesos hacia Estados Unidos, Chile, Francia y Reino Unido, así como adquisiciones inmobiliarias cuyo valor conjunto superaría 76 millones.

También registran depósitos en efectivo por más de medio millón de pesos, retiros cercanos a 300 mil pesos cuyo origen no estaría identificado, un cheque por un millón de pesos a favor del Banco del Bienestar y pagos en efectivo por unos 400 mil pesos a Credomatic México. Durante aproximadamente 12 años habría recibido además transferencias por cerca de cuatro millones de pesos, algunas provenientes de dependencias públicas de Nuevo León.

Ese es el contexto de la decisión que se cocina en Movimiento Ciudadano. Dante considera que llevar a Colosio a Nuevo León significaría obligarlo a defender la administración de Samuel, contener las aspiraciones de Mariana y responder durante toda la campaña por investigaciones que podrían escalar conforme se acerque la elección.

Sonora ofrece una salida. MC ya trasladó a esa entidad su plenaria legislativa para colocar a Colosio en el escenario local y medir la reacción política. El senador encabeza algunos sondeos, tiene el peso de su apellido y podría disputar una gubernatura de tres años sin cargar con el gobierno de su aún compadre, Samuel García.

Posdata 1

Las investigaciones sobre el entorno político y empresarial del gobierno de Nuevo León mantienen bajo revisión a los hermanos Miguel Ángel y Marcelo Flores Serna. El primero, secretario general de Gobierno y uno de los operadores más cercanos a Samuel García, ha sido mencionado también entre los perfiles de Movimiento Ciudadano para la sucesión de 2027; el segundo es empresario y dirige un despacho fiscal con presencia en distintos sectores. Sus nombres aparecen en expedientes tanto a nivel local como federal.

Las indagatorias abarcan relaciones corporativas, patrimoniales y financieras construidas durante los últimos años. Hasta ahora no existe una determinación pública de responsabilidad contra ninguno de los dos, pero los expedientes se reactivaron. En Nuevo León conocen su existencia y saben que cualquier avance tendría efectos políticos y legales para el grupo más cercano al gobernador.

Posdata 2

Morena pretende anunciar antes de que termine septiembre las siete coordinaciones estatales que faltan rumbo a las 17 gubernaturas de 2027, aunque Ariadna Montiel ha recordado a los impacientes que la convocatoria le permite extender las definiciones hasta diciembre. El partido ya resolvió Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, no sin reclamos por las encuestas y acusaciones de imposición. Quedan pendientes Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Son las decisiones más delicadas porque Morena debe ajustar la paridad y recomponer su relación con el PT, que se retiró de la mesa y amenaza con recoger a los aspirantes inconformes.

En Sonora siguen formalmente seis aspirantes. Célida López, Lorenia Valles, Javier Lamarque, Froylán Gámez, María Dolores del Río y Omar del Valle. Las encuestas públicas cuentan historias distintas, pero la grilla interna está más cerrada que las fotografías de unidad.

Primero circuló que Lamarque había ganado y Morena Sonora tuvo que desmentir que existiera un resultado oficial. Célida asegura que la versión que corre dentro del proceso es que ella terminó en primer lugar, aunque reconoce que Lorenia quedó muy cerca. La lectura es que el gobernador Alfonso Durazo empuja a la senadora y que se busca convencerla de sumarse plenamente a ese proyecto. El factor PT complica el arreglo, porque Célida participó por ese partido en la elección al Senado y puede convertirse en una ficha para presionar a Morena.

Posdata 3

Hablando del PT, Ariadna Montiel salió a contener el choque con el Partido del Trabajo. La presidenta nacional de Morena aseguró que existe la convicción de mantener la alianza y calificó a los petistas como “compañeros entrañables”. También defendió el proceso de Zacatecas: dijo que se levantaron cinco encuestas —la de Morena, dos espejo y las propuestas por el PT y el Verde— y sostuvo que ni la medición planteada por los propios petistas favoreció a su aspirante. El mensaje fue cordial, pero firme. Morena no considera rota la coalición ni contempla revisar, por ahora, la designación de Verónica Díaz.

El PT tampoco ha retirado su reclamo. Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles mantienen los señalamientos de maltrato y advierten que Morena se siente con fuerza suficiente para competir sin aliados. La amenaza de ir por separado en 2027 sigue sobre la mesa, aunque la decisión no pertenece a los grupos parlamentarios, sino al dueño de la franquicia: Alberto Anaya. En la dirigencia morenista están convencidos de que cualquier acuerdo definitivo tendrá que negociarse con el líder nacional petista, como ocurrió después de otras confrontaciones con Sandoval.

El Verde, en cambio, evitó incorporarse públicamente al intercambio. Su posición es más cómoda: Eugenio Segura, un perfil formado en sus filas y posteriormente incorporado a Morena, obtuvo la coordinación en Quintana Roo, mientras el partido conserva a San Luis Potosí como su principal asunto pendiente de negociación. El contraste explica una parte de la molestia petista, pues mientras el Verde ha obtenido espacios sin escalar el conflicto, el PT considera que participó en los procesos internos sin recibir una candidatura relevante.

Posdata 4

La Subdirección de Tecnologías de la Información de Capufe, encabezada por Nayeli Ángeles Zúñiga, está bajo investigación por una serie de contrataciones que presentan anomalías e incumplimientos. Los señalamientos ya llegaron al equipo del nuevo director general, Carlos Arceo Castañeda, quien asumió el cargo en febrero y tendrá que decidir si revisa los procedimientos heredados o permite que continúen sin una auditoría de fondo.

Se trata de contratos adjudicados durante 2025 a Cúbica Tecnología por alrededor de 168.3 millones de pesos para el mantenimiento de fibra óptica, cableado estructurado e infraestructura del Centro de Control de Capufe. A ello se suma una inconformidad admitida a trámite por el Órgano Interno de Control, relacionada con una licitación para el mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje. Son sistemas indispensables para la operación y recaudación de la red carretera federal.

El esposo de la funcionaria, Jesús Daniel Pérez González, fundó UMAMI Ingeniería Especializada y fue funcionario del C5 de la Ciudad de México. Fuentes internas aseguran que se presenta ante terceros como una persona cercana u operador de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. UMAMI recibió de la Agencia Nacional de Aduanas un contrato con un monto máximo de 551 millones de pesos para dar mantenimiento a equipos de inspección no intrusiva.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, deberá revisar los procedimientos realizados desde el área de Nayeli Ángeles, los posibles vínculos entre funcionarios y proveedores, y si los servicios contratados corresponden con lo realmente ejecutado y pagado.

@MarioMal

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