Investigar y sancionar el feminicidio

En mi colaboración anterior condené el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuya vida fue arrebatada en Cuautla. El jueves pasado, cinco días después de los hechos, la persona señalada como probable responsable fue detenida y, de acuerdo con la información difundida, reconoció su participación. Ningún avance devuelve una vida, pero cada paso hacia la verdad y la justicia es también un paso para erradicar la impunidad y hacia la no repetición.

La detención fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y las autoridades de Morelos. Esto demuestra que cuando los tres órdenes de gobierno actúan de manera articulada, la impunidad retrocede. Nuestro reto y oportunidad, es que esa respuesta inmediata sea la constante en cada caso, sin importar el nombre, la nacionalidad o la visibilidad de la víctima.

La Fiscalía de Morelos informó que formulará la imputación por feminicidio con base en la naturaleza de las lesiones, aun cuando el móvil aparente fue el robo. Con esta decisión se cumple lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como feminicidio, con perspectiva de género, con la debida diligencia y sin dejar espacio a la impunidad.

Investigar con perspectiva de género desde el primer momento es fundamental, ya que las razones de género deben determinarse con base en la evidencia y no descartarse a partir de una hipótesis inicial. Es ese el criterio que propone la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que se analiza en la Cámara de Senadoras y Senadores: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio. Como lo ha dicho nuestra presidenta, el objetivo es que todas las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República tengan el mismo esquema de atención a la violencia contra las mujeres.

La Fiscalía de Morelos también anunció que solicitará la pena máxima de 70 años prevista en la legislación estatal. Con una ley nacional, la respuesta del Estado será igual de firme en cualquier parte del país y la justicia no dependerá del estado donde ocurra el crimen.

Es muy importante reconocer que fueron vecinas, vecinos y comerciantes de Cuautla quienes identificaron al agresor y avisaron a la policía. Prevenir la violencia feminicida nos toca a todas y todos, una comunidad atenta y participativa contribuye a que haya justicia, por eso es fundamental que la gente denuncie y confíe en sus instituciones.

Este caso también refleja avances en la cooperación internacional. La coordinación entre las cancillerías de México y España, así como el acompañamiento a la familia de Claudia a su llegada al país, demuestran la importancia de contar con protocolos claros de atención.

En la Cámara de Senadoras y Senadores, las comisiones que elaborarán el dictamen continúan reuniéndose con familiares de víctimas, sobrevivientes, especialistas y organizaciones. Uno de los temas relevantes sobre la mesa es la responsabilidad que tendrán las y los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones. Este ejercicio de escucha a quienes han vivido de cerca esta violencia dará como resultado una ley más sólida y legítima, la que confiamos se apruebe en el actual periodo ordinario.

Nombrar a Claudia es rechazar la normalización de la violencia y la impunidad. Su familia merece que el caso concluya con justicia; y todas las niñas y mujeres merecemos que lo aprendido fortalezca a las instituciones responsables de protegernos. La meta fijada por la Presidenta es clara: que no haya ni un feminicidio más en México. Para alcanzarla, el camino también debe ser claro: prevenir, investigar con diligencia y no dejar ningún caso impune.

Titular de la Secretaría de las Mujeres

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