Demolición democrática y boletas planchadas

"La libertad no es un regalo, es una conquista que debe defenderse todos los días".

—Oriana Fallaci

Una democracia sólida es capaz de sobrevivir a una ciudadanía polarizada, a escenarios de alternancia abruptos e incluso al ascenso al poder de gobernantes que susciten el repudio social; sin embargo, lo que resulta insostenible para mantener su legitimidad es la demolición institucional de su árbitro y de los instrumentos que garanticen la imparcialidad electoral.

Norberto Bobbio advertía que la democracia no consiste en la imposición ciega del número, sino en el respeto a las reglas del juego: normas previas y vinculantes cuya certeza permita que el vencido reconozca la legitimidad del vencedor. Si se moldean los números a conveniencia, el pacto fundacional se quiebra.

Hans Kelsen sostenía que la representación política moderna adquiere sentido cuando el parlamento refleja la pluralidad social de un país, todo lo contrario a lo que ocurre en México. En las elecciones de 2024, la coalición oficialista obtuvo 58.39% de la votación nacional emitida; sin embargo, fue beneficiada con 72.8% de las curules en la Cámara de Diputados. Tal distorsión pulverizó el principio de proporcionalidad y dio al régimen una mayoría calificada artificial que el electorado jamás otorgó.

La desconfianza electoral mexicana no se debe a especulaciones sino a decisiones que hoy fracturan principios básicos del derecho electoral. Resulta inverosímil que el INE haya establecido para 2027 un criterio según el cual las llamadas “boletas planchadas” —papeletas depositadas sin dobleces en las urnas— puedan llegar a computarse mediante determinación de los consejos distritales. Cuando el organismo electoral admite que una boleta sin huellas ordinarias de haber pasado por la urna pueda, tras valoración administrativa, incorporarse al cómputo, la certeza deja de descansar en hechos verificables y abre un espacio de discrecionalidad donde no debería existir.

Durante el proceso comicial de 2021 en Sinaloa hubo robos de casillas, hostigamientos y privaciones ilegales de la libertad; incluso la candidata en Badiraguato, Guadalupe Iribe Gascón, dimitió el día de la jornada tras el secuestro de su hermano. Frente al reclamo de nulidad, el Tribunal Electoral local consideró que los delitos no acreditaban una afectación “determinante y generalizada”.

El contraste latinoamericano ayuda a comprenderlo. Argentina, Perú y Bolivia han atravesado graves crisis políticas; pero la derrota del gobierno no originó una imposibilidad jurídica. Hubo alternancias y, aun después de la crisis boliviana de 2019, una elección permitió recomponer la transferencia del poder. Venezuela siguió otra trayectoria: la pérdida de independencia judicial, la intervención del Tribunal Supremo sobre organizaciones opositoras y la falta de imparcialidad electoral redujeron el espacio para la alternancia. La diferencia no radica en que unos pueblos sean más democráticos, sino en algo menos romántico: que sobrevivan las instituciones capaces de reconocer una derrota y hacerla jurídicamente eficaz.

La historia de México documenta el costo de erigir árbitros subordinados. Antes de 1990, las elecciones eran organizadas por la Comisión Federal Electoral, encabezada por el secretario de Gobernación. La creación del IFE y la reforma constitucional de 1996 fueron conquistas civiles para erradicar la figura del gobernante como juez y parte, reservando el mando a consejeros ciudadanos independientes del Ejecutivo. La premisa de John Locke recobraba vigencia: la sociedad civil depende de un juez conocido e imparcial, capaz de dirimir controversias sin obedecer a mandatos de facción.

Resulta paradójico que actores políticos que en la oposición demandaron la ciudadanización del árbitro sean hoy quienes promueven y toleren su debilitamiento. La legitimidad democrática no se agota en las urnas, sino en el apego cotidiano al Estado de derecho. Seguir vaciando la credibilidad de los órganos electorales no consolida a un régimen democrático, pero sí nos acerca a Venezuela.

Notario, ex Procurador General de la República

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