El Departamento del Tesoro de Estados Unidos soltó otra bomba. Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, redes chinas de lavado de dinero movieron 312 mil millones de dólares en favor de los cárteles mexicanos. La cifra proviene de FinCEN, la oficina antilavado del Tesoro, y dimensiona la magnitud de un sistema paralelo donde confluyen narcotráfico, capitales chinos y vacíos regulatorios en México.
Según el FinCEN, el mecanismo es que los cárteles entregan dólares en efectivo a intermediarios chinos en ciudades estadounidenses. A cambio, reciben pesos en México mediante depósitos o transferencias que se hacen pasar como remesas familiares. Nadie cruza físicamente el dinero por la frontera y los flujos quedan ocultos entre envíos legítimos de migrantes, que en 2024 alcanzaron un récord de 65 mil millones de dólares. Es decir que el dinero ilícito se diluye en un mar de transacciones legales.
Tras escándalos bancarios por depósitos descomunales de dólares, el gobierno limitó las operaciones en efectivo con divisas extranjeras. La intención era frenar al narco, pero tuvo otros efectos no deseados. El FinCEN lo advierte que las leyes mexicanas terminaron por ser el “driver” de un negocio global que fortaleció a las redes chinas.
El asunto rebota con más fuerza porque se cruza con dos agendas de Estados Unidos: el combate al fentanilo y la competencia con China. Para el gobierno de Trump, México no es solo la ruta de la droga y de los migrantes, sino también la plataforma que permite a los capitales y productos chinos entrar disfrazados (o triangulados) a Estados Unidos.
Por ejemplo, empresas chinas han encontrado en México un trampolín para enviar acero y aluminio a Estados Unidos, evadiendo los aranceles de la Sección 232. Basta con maquilar mínimamente en territorio mexicano para obtener el sello de origen y pasar como si fueran productos nacionales.
Los números confirman el creciente peso de China en México. En 2024 entraron 710 millones de dólares de inversión extranjera directa, casi una cuarta parte de todo lo que se había acumulado desde 1999, aunque hay subregistro de hasta seis veces lo reportado oficialmente, según datos del centro Cechimex de la UNAM.
Y en anuncios de nuevos proyectos, se cuentan unos 42 por más de 5 mil millones de dólares, desde manufactura hasta energía. La consultora Rhodium Group calcula que son hasta 15 mil millones. Al mismo tiempo, crece la comunidad china en el país. En 2023 se otorgaron más de 5 mil tarjetas de residencia temporal a ciudadanos chinos, el doble que un año antes, y en 2024 la tendencia se mantuvo. La Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México concentran buena parte de esos nuevos residentes.
Tras las sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, no sería extraño que en el corto plazo el FinCEN apunte hacia bancos, casas de bolsa o incluso a las propias remesadoras que, a ojos del gobierno de Estados Unidos, no han hecho lo suficiente para detectar flujos sospechosos. Y en paralelo, la Casa Blanca podría endurecer la supervisión de exportaciones mexicanas de acero, aluminio y hasta autos eléctricos, bajo la sospecha de que detrás hay un disfraz de capital o mercancía china.
La conexión China-México que se investiga desde Estados Unidos no debería ser algo que se tome a la ligera, pues podría ser la antesala del próximo golpe del FinCEN a México. Estados Unidos ha ido delineando su estrategia e infiere que los récords de remesas y exportaciones mexicanas esconden un lado oscuro: lavado, evasión y triangulación. Y en esa narrativa, México aparece como un facilitador de los intereses de su mayor competidor.
El Tesoro estadounidense dice tener evidencia de que redes chinas son hoy los principales lavadores del dinero del narco. Así que el próximo golpe de la administración Trump contra México no será un impuesto a las remesas, el cual de redujo a su mínima expresión, pero sí un nuevo señalamiento contra instituciones mexicanas, sobre todo algunas que usan criptomonedas y reciben remesas. El manotazo contra CIBanco, Intercam y Vector fue un primer aviso del cual, reputacionalmente, el sector no ha logrado reponerse. En Hacienda tienen claro que tomará tiempo y que deberá incluir una campaña de reposicionamiento de la industria financiera.
Posdata 1
Por cierto que Marcelo Ebrard anunció este jueves el fin de la importación temporal de calzado terminado, una figura que durante años sirvió de coladera para que zapatos asiáticos, principalmente chinos, entraran al país sin pagar impuestos y terminaran inundando el mercado nacional. La medida busca blindar a León, Guanajuato, y a toda la industria zapatera mexicana de un contrabando legalizado que debilitó fábricas enteras y dejó miles de empleos en riesgo.
Detrás de la narrativa de “proteger la producción nacional” se asoma la presión de Estados Unidos para que México reduzca su dependencia comercial de China, y el calzado es apenas la punta del iceberg. En sectores como acero, aluminio, textiles y electrónicos, el esquema IMMEX se convirtió en la puerta trasera del dragón asiático para esquivar aranceles y colocar sus productos en el mercado estadounidense vía México.
El secretario de Economía lo vendió como una victoria para los trabajadores del calzado, y es cierto, pero el mensaje va más allá. El gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a alinearse con la estrategia del gobierno de Trump de contener a China en América del Norte. Porque además ahí viene la renegociación del TMEC.
Posdata 2
El paso de Pablo Gómez por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no solo dejó pendientes y vacíos, sino que contribuyó de manera directa al señalamiento más grave que ha enfrentado el sistema financiero mexicano en años: el golpe del FinCEN contra CIBanco, Intercam y Vector.
Cuando estalló esa bomba, el responsable de la UIF y su equipo brillaron por su inmovilidad. No hubo reacción, no hubo plan de contención, y en los hechos los enviados de Hacienda a la capital estadounidense tuvieron que moverse por otras vías, esquivando a Gómez. Le sacaban la vuelta, porque no había con qué trabajar ni con quién coordinarse.
La parálisis de la UIF contrastó con la urgencia de las circunstancias. La señal de alarma la compartió el propio FinCEN días antes con Hacienda, pero en la UIF ni sus luces. Gómez estaba más ocupado en solicitar información de los secretarios y funcionarios más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el pretexto de que “se lo habían instruido”.
Una situación similar se vivió con el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente. Por eso la llegada de Ángel Cabrera a la presidencia de regulador es vista con altas expectativas. Su arribo es una bocanada de aire fresco para un organismo que necesita solvencia técnica, credibilidad internacional y, sobre todo, distancia de las malas administraciones que han contaminado la UIF y el propio aparato de supervisión financiera.
Posdata 3
En la Secretaría de Hacienda se estaría alistando un ajuste al IEPS para refrescos, cigarros y botanas, dada la imperiosa necesidad de aumentar la recaudación el próximo año.
De acuerdo con las propuestas que circulan en la dependencia, se busca elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las bebidas azucaradas hasta 3.4 pesos por litro. Se trata de un aumento que impactará en los precios de productos de consumo popular, especialmente en los estratos de menores ingresos, pero que el gobierno justificará tanto por razones de salud pública como por la urgencia de elevar los ingresos tributarios en 2026.
El ajuste formaría parte del paquete económico que la Secretaría de Hacienda prepara para septiembre y que, según fuentes consultadas, es impulsado por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. A la par de los refrescos, también se contempla un alza en el IEPS que se cobra a los cigarros y a las botanas, rubros que históricamente han sido utilizados como “recaudadores seguros” al tratarse de bienes con demanda relativamente inelástica.
En el trasfondo está el reto estructural de las finanzas públicas: México recauda apenas alrededor del 16% del PIB en impuestos, una de las tasas más bajas entre los países de la OCDE. La apuesta de Hacienda es que el ajuste a estos productos, junto con una mayor eficiencia recaudatoria, permita aumentar los ingresos sin recurrir a impuestos generales como el IVA o el ISR, que el gobierno ha prometido no modificar.
@MarioMal