Iban por juicio político contra Rocha Moya

El gobierno federal estaba dispuesto a impulsar un juicio político contra Rubén Rocha Moya si insistía en mantenerse al frente del gobierno de Sinaloa. La decisión había escalado al más alto nivel y, según una fuente del gobierno federal, un día antes de que el gobernador volviera a solicitar licencia fueron convocados Ignacio Mier y Ricardo Monreal para preparar la operación legislativa. Ya había acusaciones concretas sobre la mesa y la ruta contemplaba retirarle el fuero para abrir paso a las responsabilidades que pudieran derivarse.

La operación se frenó antes de ponerse en marcha. Mier habría avisado a Rocha de lo que se preparaba. El actual coordinador de Morena en el Senado mantiene una relación política cercana con el gobernador caído en desgracia. Después de esa reunión y ante la posibilidad de enfrentar un procedimiento que podía terminar con su desafuero, Rocha reculó y solicitó nuevamente licencia. En Palacio Nacional el episodio terminó de romper una relación que ya venía deteriorada. “Para la Presidenta, Rocha es pasado”, resume la misma fuente.

La reinstalación y la solicitud de una nueva licencia, con apenas unas 27 horas de diferencia, confirman hasta dónde había escalado la crisis. Este domingo, legisladores de Morena reconocieron que, de no haber solicitado nuevamente licencia, el Congreso habría actuado para resolver el caso. La oposición, por su parte, comenzó a exigir abiertamente juicio político. Rocha había retomado sus funciones apenas un día antes y terminó separándose otra vez del cargo después del rechazo de la Presidenta, Morena y los gobernadores de la 4T.

Apenas cuatro meses antes, varios de los personajes que ahora estaban dispuestos a cerrarle el paso habían salido a defenderlo frente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Senadores, diputados, gobernadores, dirigentes y funcionarios cuestionaron al Departamento de Justicia estadounidense, hablaron de motivaciones políticas, exigieron pruebas y reivindicaron la presunción de inocencia.

Gerardo Fernández Noroña fue uno de sus defensores más enfáticos. El 29 de abril rechazó “categóricamente las acusaciones” contra su “compañero”. En los días siguientes cuestionó el expediente estadounidense y calificó los señalamientos como un “golpeteo político”.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, definió a Rocha como “un hombre íntegro”, le manifestó su “solidaridad plena”, calificó las imputaciones como una “calumnia” y acusó intervencionismo estadounidense.

Claudia Sheinbaum cuestionó la acusación. La Presidenta nunca declaró inocente a Rocha, pero advirtió que, si Estados Unidos no presentaba pruebas claras, quedaría en evidencia una motivación política del Departamento de Justicia. Todavía en junio sostuvo que México no procedería contra Rocha sin las pruebas que sustentaran las imputaciones estadounidenses.

Ignacio Mier también cuestionó el procedimiento de EU. El coordinador de Morena en el Senado sostuvo que no bastaban el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico y exigió solicitudes formales.

La relación entre Mier y Rocha viene de mucho antes. Durante la toma de protesta del sinaloense como gobernador, el 31 de octubre de 2021, Rocha fue particularmente efusivo al agradecer su presencia. “A mi brother, mi hermano, Ignacio Mier, coordinador de los diputados”, dijo frente al Congreso de Sinaloa.

Ricardo Monreal también defendió a Rocha cuando estalló el expediente. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados insistió en la presunción de inocencia mientras no existiera responsabilidad penal acreditada. Dolores Padierna sostuvo que las acusaciones tenían un trasfondo político y mediático. Citlalli Hernández planteó que debía cuestionarse si la actuación estadounidense perseguía fines políticos más que jurídicos.

Mario Delgado habló entonces de una “actuación extraña, por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos”. Yeraldine Bonilla, quien asumió interinamente el gobierno de Sinaloa, manifestó públicamente su confianza en que Rocha lograría aclarar las acusaciones.

La defensa también fue institucional. Morena rechazó la solicitud estadounidense de detención y extradición bajo el argumento de que no se habían presentado datos de prueba suficientes, respaldó la actuación de la Fiscalía General de la República y colocó el expediente dentro de la discusión sobre soberanía y debido proceso.

Cuatro meses después, el problema para Rocha ya no era solo Estados Unidos. Su decisión de retomar funciones sin consultar previamente a Sheinbaum ni informar a Gobernación, al gabinete de seguridad o a Morena fue interpretada como un desafío.

La reacción fue inmediata. Morena se deslindó. Monreal le pidió reconsiderar. Los gobernadores de la 4T lo llamaron a actuar con “madurez y responsabilidad”. Sheinbaum marcó distancia y Rocha terminó solicitando otra vez licencia, que fue recibida por el Congreso de Sinaloa el sábado.

Lo que no se conocía es que detrás de esos llamados públicos había una ruta mucho más severa. Si Rocha se mantenía en el cargo, desde el gobierno federal estaban dispuestos a llevar la confrontación al terreno legislativo y avanzar hacia un juicio político.

Lo cierto es que Estados Unidos no quedará satisfecho con que Rocha Moya haya pedido licencia nuevamente. O lo detienen y enjuician en México o van a venir por él.

Posdata 1

Estados Unidos y Canadá rompieron este fin de semana sus negociaciones comerciales. La administración de Donald Trump activó aranceles de 50% sobre unos 20 mil millones de dólares en productos canadienses, luego de que el gobierno de Mark Carney rechazó cambios de última hora en el acuerdo. Ottawa anunció que responderá “dólar por dólar” a partir del 8 de septiembre.

El enfrentamiento elimina, por ahora, el acuerdo que habría servido como referencia para México, pero también puede acelerar las conversaciones directas con Estados Unidos. En la Secretaría de Economía sostienen que México tiene condiciones para negociar por separado, sin esperar a que Canadá resuelva sus diferencias con Trump.

La expectativa mexicana es que cualquier beneficio ofrecido a Canadá funcione como piso. En acero y aluminio, una reducción del arancel de 50% a 25% daría a los dos socios del T-MEC un trato preferencial frente al resto de los países productores, que continuarían pagando la tasa completa. México buscará al menos esa misma condición.

En automóviles, el 15% planteado a Canadá tampoco habría sido la tasa efectiva. Al descontar el contenido que cumpla con las reglas de origen, el arancel para México podría acercarse a 4% si Washington reconoce el contenido regional, o ubicarse entre 4% y 9% si contabiliza únicamente el contenido estadounidense. El punto sigue abierto, pero el equipo negociador considera que México puede igualar o mejorar la propuesta que Trump hizo a Canadá antes de pelearse.

Posdata 2

En Palacio Nacional hay molestia con la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, por las fallas de seguridad que quedaron expuestas durante la visita de Claudia Sheinbaum del pasado 15 de agosto. Una mujer logró llegar hasta la camioneta presidencial, golpear repetidamente el vehículo y permanecer junto a la ventanilla mientras reclamaba a la mandataria. Sheinbaum mantuvo la calma e incluso intentó saludarla, pero el problema estaba alrededor. El perímetro simplemente no funcionó. Fuentes consultadas en la capital atribuyen parte de la responsabilidad a la deficiente coordinación con el gobierno municipal, aunque la seguridad presidencial no depende exclusivamente del ayuntamiento.

El asunto volvió a poner sobre la mesa una decisión de Villarreal que desde hace meses cuestiona el sector empresarial. Tampico no tiene Policía Municipal y su seguridad descansa principalmente en la Guardia Estatal. La alcaldesa ha defendido el mando único y ha sostenido que no existen razones para modificar el esquema. La Canaco, encabezada por Eduardo Manzur Manzur, piensa distinto. En enero pidió recuperar una corporación municipal con presencia permanente en zonas comerciales, turísticas y colonias de mayor incidencia delictiva, después de una sucesión de robos y asaltos. La petición no fue aislada. En mayo los comerciantes volvieron a exigir una policía propia y vigilancia permanente.

Y no se trata solamente de robos a comercios o de la capacidad de reacción ante delitos del fuero común, sino de que durante una visita de la jefa del Estado mexicano una persona pudo romper el perímetro y colocarse durante varios segundos junto al vehículo en el que viajaba. No se acreditó que la mujer tuviera intención de agredir físicamente a Sheinbaum, pero precisamente por eso el episodio encendió alertas en Palacio Nacional. El dispositivo de seguridad no puede depender de conocer previamente las intenciones de quien logra acercarse a la Presidenta.

La administración de Villarreal también enfrenta reclamos por el deterioro de vialidades, servicios públicos y recolección de basura. A ello se suman señalamientos que involucran al área de Protección Civil. La molestia en Palacio, nos aseguran, no se limita entonces a lo ocurrido frente a la camioneta presidencial. ¿Quién controla realmente la seguridad cotidiana de Tampico cuando el municipio decidió prescindir de una policía propia y, pese a las advertencias del comercio organizado, mantiene ese modelo?

Posdata 3

La disputa por recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano tiene entre sus principales promotores a personajes que también han despertado interés fuera de las canchas. Además de José Luis Higuera, propietario del Atlético Morelia, y del empresario tequilero Arturo Lomelí, dueño del Atlético La Paz, aparece Jeff Luhnow, propietario del Cancún FC, sobre quien, según fuentes consultadas, existen indagatorias en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Luhnow carga, además, con un antecedente ampliamente documentado en el deporte estadounidense. En enero de 2020 fue suspendido durante un año por las Grandes Ligas y despedido como gerente general de los Astros de Houston tras la investigación sobre el esquema ilegal para descifrar y transmitir las señales de los equipos rivales durante la temporada de 2017 y parte de 2018. MLB impuso también a los Astros una multa de 5 millones de dólares y les retiró selecciones del draft. Luhnow sostuvo que desconocía la operación y posteriormente demandó al club por su despido.

Ahora, Higuera, Lomelí y Luhnow coinciden en el frente de clubes que busca modificar uno de los negocios más polémicos de la Liga MX: el regreso del ascenso y descenso. La discusión deportiva tiene argumentos atendibles y lleva años abierta, pero también muchos intereses económicos.

@MarioMal

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