El mundo nunca había visto tantos países volviéndose autocracias al mismo tiempo. Eso es lo que el informe Varieties of Democracy (V-Dem) nos revela con un dato durísimo: 2025 cerró con 87 democracias frente a 92 autocracias. México, lamentablemente, está en este segundo grupo. Según ese diagnóstico, somos un caso de autocratización impulsado tras la elección de 2018, cuando un mismo partido consolidó el control del Ejecutivo y del Legislativo y modificó la última pieza clave para eliminar por completo la división de poderes y la hegemonía del Estado de derecho: el Poder Judicial.
Quiero subrayar que esto no es sólo una percepción de un solo estudio sobre instituciones. El saldo de la reforma judicial y su primera elección de jueces ya representa la fractura de la certeza jurídica del Estado mexicano. Esta pérdida, entre otras que se han estado repartiendo, derivó en una economía completamente estancada que ha limitado una de las mejores olas de oportunidades económicas para la sociedad mexicana y ha puesto contra la pared a las finanzas públicas. Hoy México está calificado con uno de los peores desempeños económicos de todo el hemisferio occidental, de acuerdo con los análisis publicados la semana pasada en las reuniones de primavera del FMI. En 2026 creceremos menos que el promedio de América Latina, y que todos los países pares de México de la región, incluido nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emplazó formalmente al Estado mexicano para responder a la petición en contra de la reforma judicial presentada por jueces, juezas, magistrados y magistradas. Nuestro país, que alguna vez fue ejemplo de transición democrática, hoy camina hacia una justicia subordinada al poder político.
¿Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo? Sí. Pero el margen de maniobra se agota.
La elección de jueces, magistrados y ministros que realizamos en junio de 2025 no fue tan sólo un cambio en la ley. Tal como están planteados, los comicios judiciales no aseguran que los candidatos tengan el perfil idóneo para ejercer como jueces, ni garantizan su capacidad, calidad ética ni su independencia política. El riesgo de sesgo en los tribunales es una realidad ya entendida por los actores sociales, nacionales e internacionales. Debemos enmendar la plana.
Una de las principales fallas que nutre el riesgo de politización de los tribunales es que ni la Constitución ni la ley establecen una metodología común para que los Comités de Evaluación de los tres poderes valoren la idoneidad de los aspirantes. En 2025, cada comité actuó con criterios propios. Esto no es un detalle técnico menor, sino la puerta de entrada a la discrecionalidad y, con ella, a la politización del filtro inicial.
Frente a este escenario, diversos actores de organizaciones civiles, la academia, el sector empresarial y el propio personal judicial hemos coincidido en recalendarizar la elección judicial programada para julio de 2027. Ese cambio —además de otros que desde México Evalúa planteamos en el documento “Mejores juezas y jueces. Propuestas para fortalecer la evaluación de personas aspirantes a cargos de elección judicial”— permitiría un espacio para mejorar los aspectos disfuncionales del nuevo proceso.
Recalendarizar para mejorar
El cambio más importante, no sólo para mejorar el proceso de elección de jueces, sino para reconstruir la certeza jurídica y la confianza en México es reprogramar la siguiente elección judicial para 2028. La elección de 2027, en la que se renovará la mitad de los cargos no elegidos en 2025, está a la vuelta de la esquina, pero su diseño sigue siendo improvisado. México merece excelentes jueces y los puede tener.
Separar los calendarios de las elecciones partidistas de las judiciales no es un capricho. La elección de 2025 concurrió con comicios para gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Eso saturó la capacidad operativa del INE, dificultó el voto informado y expuso a las candidaturas judiciales a dinámicas partidistas. Recalendarizar no sólo despolitiza, sino que también resuelve un problema logístico real.
Esta reprogramación daría tiempo para diseñar y preparar adecuadamente dos aspectos fundamentales que merecen atención inmediata. El primero es fortalecer el proceso de selección y evaluación de las personas aspirantes a cargos de elección judicial. El segundo es la organización oportuna de los próximos comicios. Es imperante coordinar con reglas claras a los actores involucrados (Comités, INE, el Órgano de Administración Judicial y ENFJ) y permitir una mayor deliberación pública.
Certificación técnica, no requisitos formales
Una propuesta viable es sustituir los requisitos formales actuales por un proceso de certificación técnica integral. Esto permite que personas que no tengan carrera judicial puedan aspirar a ser candidatos siempre y cuando cuenten con las capacidades necesarias para poder desempeñarse en el cargo de una manera profesional, ética y apartidista.
Para dimensionar el problema actual: la Constitución sólo exige promedio general de ocho (y de nueve en materias relacionadas con el cargo), práctica jurídica de tres o cinco años según el puesto, un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de referencia de vecinos o colegas. En el proceso de 2025, los Comités de Evaluación recibieron cerca de 34 mil postulaciones, con plazos de apenas 20 días para cotejar requisitos y 45 para calificar la idoneidad. El resultado fue revelador: tan sólo 26 cancelaciones por incumplimiento. Es decir, los filtros formales funcionaron como meros trámites, no como verdaderos mecanismos de selección.
Una solución —que no afecta el proceso de elecciones populares con jueces— es una certificación técnica a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ). Por eso, fortalecer institucionalmente a la ENFJ —presupuesto, personal calificado, diseño curricular— se vuelve una prioridad en la agenda.
No se propone evaluar únicamente conocimientos jurídicos. Una vez fortalecida, la ENFJ podría evaluar competencias clave como interpretación y razonamiento jurídico, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, manejo del despacho judicial y ética profesional.
Debemos elegir entre candidatos no sólo capaces sino sobresalientes.
Por qué esto importa
La calidad de la justicia impacta todo. Por eso es tan importante que México dé la señal de que todavía estamos a tiempo de corregir para garantizar que los jueces tengan un perfil que asegure una labor profesional.
Cuando hay certeza, las empresas se animan a invertir, el crédito fluye, la economía camina. En cambio, cuando la justicia se percibe como un botín político, la confianza se va al suelo, y con ella se van la inversión, la formalidad y la certidumbre. La elección judicial que viene va a definir, por décadas, el marco de derechos, contratos y libertades en México.
Redirigir el rumbo es una oportunidad para que el propio oficialismo demuestre que, más allá del control del Poder Judicial, le interesa mejorar la calidad de la justicia. Implementar un proceso de certificación técnica riguroso y separar los tiempos electorales no exige derogar la reforma. Si su objetivo declarado era democratizar la justicia, estos mecanismos la acercan a ese fin sin convertirla en un concurso de popularidad. Son ajustes técnicos que no desnaturalizan la reforma, pero sí la salvan de su propio fracaso.
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