La decisión de Standard & Poor’s (S&P) de ratificar la calificación soberana de México todavía en niveles de grado de inversión es una buena noticia, pero debe ser interpretada con cautela: vino acompañada de una advertencia. El verdadero mensaje de la agencia no fue la ratificación del grado de inversión, sino el cambio de perspectiva de estable a negativa. En otras palabras, México conserva el grado de inversión, pero esa calificación no está en firme. Aumentó la probabilidad de ser recortada en el futuro si las condiciones económicas y fiscales continúan deteriorándose.
Las calificadoras no evalúan discursos políticos; evalúan riesgos financieros. Cuando califican la deuda soberana de un país, analizan la capacidad y disposición de un gobierno para pagar su deuda en condiciones sostenibles. Lo que hoy observan en México es una economía con menor margen de maniobra, menor dinamismo y mayores vulnerabilidades.
La perspectiva negativa no surgió de un sólo evento. Es el resultado de una acumulación de cambios económicos que han debilitado la percepción de riesgo del país.
La primera vulnerabilidad es el bajo crecimiento económico
México acumula prácticamente ocho años de estancamiento. En el sexenio pasado el crecimiento promedio anual de la economía alcanzó 1%. En la actual administración se observan datos similares con un crecimiento de 0.8% durante 2025 y un estimado del Banco de México (Banxico) que ronda el 1%. El problema del bajo crecimiento de México puede analizarse desde dos perspectivas: una, la del fenómeno persistente que refleja debilidad estructural de baja productividad; otra, la de un entorno creciente de incertidumbre para hacer negocios que ha deprimido la inversión. Dicha descomposición del entorno ha sido muy visible este sexenio, pero empezó a gestarse desde el anterior.
El bajo crecimiento importa porque limita la capacidad del Estado para recaudar ingresos, generar empleo formal y estabilizar la deuda pública. Una economía que crece poco se vuelve vulnerable; tiene menor capacidad de absorber choques externos y sostener compromisos fiscales crecientes.
La segunda vulnerabilidad es el deterioro de las finanzas públicas
México ha incrementado el ritmo de endeudamiento en los últimos años. Los déficits fiscales han superado consistentemente el 4% del producto interno bruto (PIB) y, además, las reglas de responsabilidad hacendaria han mostrado poca capacidad para contener el gasto en periodos electorales. En 2024 el déficit escaló a niveles cercanos al 6% del PIB, uno de los mayores registrados en décadas recientes.
La tercera vulnerabilidad es Pemex
La petrolera sigue representando uno de los mayores riesgos fiscales para el país y me parece que es autoinfligido. El gobierno ha destinado apoyos financieros sustantivos a la empresa mediante capitalizaciones, reducciones fiscales y transferencias. Sin embargo, estos apoyos no alcanzan a corregir los problemas estructurales de productividad, endeudamiento y rentabilidad de la compañía, mientras la operación de la empresa no se oriente a la generación de valor o rentabilidad. A pesar de los altos precios del petróleo, se mantiene históricamente baja la proporción de producción que Pemex está exportando. Según datos oficiales, en el primer trimestre de este año exportó alrededor del 25% de la producción, pero 73% en el mismo periodo de 2019. ¿Exportar menos es mejor para la empresa y la salud fiscal de México?
La cuarta vulnerabilidad es externa; y en particular, es el T-MEC
Durante años, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá funcionó como uno de los principales anclajes de confianza para la economía mexicana. Hoy el panorama es mucho más incierto. La revisión del T-MEC ocurre en medio de tensiones crecientes en la relación bilateral, particularmente en materia de seguridad, combate al crimen organizado y política comercial. A ello se suman nuevas disputas derivadas de políticas arancelarias y reglas de origen que afectan cadenas de suministro instaladas en México.
Un ejemplo son las tensiones alrededor de la industria automotriz. Varias armadoras europeas producen en México utilizando componentes fabricados en Europa. Hay incertidumbre sobre la evolución a futuro de las medidas arancelarias y los criterios comerciales, como para estimar su afectación y la conveniencia de permanecer en México. Para las empresas, la incertidumbre regulatoria y comercial dificulta la planeación de inversiones de largo plazo.
México aún conserva fortalezas importantes: una economía diversificada, un sistema financiero relativamente sólido y acceso a mercados internacionales. No obstante, la perspectiva negativa es una señal de que los mercados detectan que el margen de bajo riesgo se está reduciendo.
La pregunta es qué tan sostenible será conservar el grado de inversión si el país continúa creciendo poco, endeudándose más, absorbiendo los crecientes costos fiscales de Pemex, y enfrentando un entorno externo cada vez más incierto. La respuesta ya la dio S&P.
Reducir los riesgos fiscales implica hacer cambios relevantes en la agenda gubernamental para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, orientar a Pemex a la creación de valor y deshacer el nudo entre el interés comercial y la agenda de seguridad de la relación bilateral con Estados Unidos que se ha tensado alrededor del T-MEC. Sin embargo, eso no será posible sin que la presidenta tome decisiones difíciles, varias políticamente incómodas y hasta costosas. Sin embargo, no hacerlo también la llevará a un escenario igualmente incómodo y políticamente costoso. La diferencia entre ambos escenarios es que en el primero la economía mexicana se puede mejorar y en el segundo pasará lo contrario.
Directora general de México Evalúa. @mariana_c_v
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