Lo que vimos en las últimas horas es políticamente relevante. Rubén Rocha Moya decidió regresar a la gubernatura de Sinaloa; la presidenta Claudia Sheinbaum marcó públicamente su distancia, Morena se alineó con ella y, apenas 34 horas después, Rocha volvió a pedir licencia.

No sabemos qué ocurrió detrás de esa decisión y sería irresponsable afirmarlo. Pero la secuencia permite pensar que, esta vez, Rocha no se fue porque quisiera, sino porque la presión política hizo insostenible su permanencia.

Eso puede ser una señal importante de que la presidenta está comenzando a ejercer su propia autoridad frente a los grupos y personajes de Morena.

Pero no confundamos autoridad política con Estado de derecho.

La verdadera prueba comienza ahora. No basta con apartar a Rocha del gobierno. Es indispensable que la FGR investigue con independencia y llegue hasta donde conduzcan las evidencias, sin protección política, pero también sin fabricar culpables.

Si este episodio significa que pertenecer al partido gobernante dejó de ser un escudo frente a la justicia, estaríamos ante un cambio muy importante para el país. Si todo termina con una licencia, sólo habremos presenciado una operación de control político.

Vale la pena observar con atención lo que sigue. Porque la pregunta de fondo no es solamente qué pasará con Rocha Moya, sino si en México empezará finalmente a prevalecer la ley sobre las lealtades políticas.

Presidenta de Causa en Común, A.C.

@MaElenaMorera