Cada año circula en redes una lista conocida como la Dirty Dozen o “docena sucia”: frutas y verduras que, de acuerdo con el Environmental Working Group, presentan más residuos de plaguicidas en Estados Unidos. La lista suele compartirse con alarma, como si fuera una guía universal para decidir qué comer, qué evitar o qué comprar orgánico.
Pero la conversación debería ser más cuidadosa.
La fruta no es el enemigo. Tampoco lo son las verduras. El problema es usar listas virales como si fueran diagnóstico de salud pública, especialmente en un país como México, donde necesitamos datos propios, vigilancia más transparente y mejor comunicación de riesgos.
La Dirty Dozen puede servir como referencia práctica. Puede ayudarnos a poner más atención al lavado de ciertos productos o a considerar opciones orgánicas cuando sea posible. Pero no debe interpretarse como una lista de alimentos peligrosos. Detectar residuos no es lo mismo que demostrar daño, y una lista construida con datos de Estados Unidos no debería convertirse automáticamente en recomendación para las familias mexicanas.
La diferencia importa: un residuo detectable no equivale a intoxicación, enfermedad ni daño inmediato. El riesgo depende de la sustancia, la dosis, la frecuencia de consumo, la toxicidad, la mezcla con otros compuestos y la vulnerabilidad de quien se expone. No es lo mismo encontrar bajos niveles de un plaguicida que encontrar una concentración por encima del límite permitido o detectar sustancias prohibidas.
Por eso, el mensaje correcto no es “cuidado con tal fruta o verdura”. El mensaje correcto es: comamos frutas y verduras, lavémoslas mejor, reduzcamos exposición cuando sea posible y exijamos más vigilancia pública.
En Estados Unidos, la misma base de datos que se utiliza para construir este tipo de listas —el Programa de Datos sobre Plaguicidas del Departamento de Agricultura, conocido como USDA-PDP— analiza miles de muestras de alimentos cada año. En su reporte más reciente, más del 99% de las muestras estuvieron por debajo de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Eso no significa riesgo cero, pero sí cambia la conversación: hablamos de detecciones dentro de un margen de seguridad, no de violaciones a la norma. Desafortunadamente, en México, el panorama no puede asumirse igual.
Un estudio publicado en la revista Salud Pública de México en el 2021, con datos oficiales de COFEPRIS de 2013 a 2018, encontró que 14.8% de las muestras analizadas excedía los límites máximos de residuos permitidos. Además, 14.3% contenía plaguicidas prohibidos (carbofurán, metamidofos y endosulfán). En el chile —chipotle, jalapeño, guajillo y serrano— se encontraron más de 40 tipos de residuos, y casi una de cada tres muestras excedió el límite permitido.
Esto no significa que haya que dejar de comprar chile, tomate, espinaca, lechuga o papa. Significa algo más importante: México tiene la capacidad de monitorear, generar su propia lista pública y actuar para que los productos que están llegando a los mercados, a nuestras mesas y a nuestro plato sean seguros.
Por eso México necesita convertir el monitoreo que ya realiza SENASICA —el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria— en una lista pública de vigilancia de residuos de plaguicidas en frutas y verduras: periódica, transparente, accesible y basada en datos nacionales.
No una lista para asustar ni para decirle a las familias qué dejar de comer, sino una herramienta para saber qué productos presentan con mayor frecuencia residuos fuera de norma, cuáles concentran plaguicidas prohibidos y dónde deben intervenir las autoridades. Esa información también permitiría saber en qué productos vale más la pena reforzar el lavado, pelar cuando sea posible o priorizar opciones orgánicas cuando estén disponibles y sean accesibles, sin convertir la alimentación saludable en un privilegio.
Pero, sobre todo, ayudaría al Estado a identificar focos rojos, corregir prácticas agrícolas, retirar productos fuera de norma y a evitar que sustancias prohibidas lleguen al campo, al mercado y al plato.
También hay un principio de equidad que no podemos ignorar. México produce frutas y verduras capaces de cumplir estándares de exportación para otros países. Entonces las familias mexicanas deberían recibir productos vigilados con la misma seriedad. La inocuidad no debería depender de si el alimento se vende en Chicago, Madrid o en una central de abasto mexicana.
No se trata de castigar a productores. Se trata de proteger a todos: consumidores, jornaleros, comunidades agrícolas y productores que sí cumplen. La vigilancia pública también puede ayudar a reconocer buenas prácticas y a construir mercados más seguros, más transparentes y más justos.
Este punto también conecta con las advertencias de UNICEF sobre plaguicidas y niñez. Las niñas y los niños no son adultos pequeños. Su cuerpo está en desarrollo, comen y respiran más en relación con su peso, y pueden ser más vulnerables a exposiciones químicas que se traducen en riesgos para el neurodesarrollo, el hígado y el sistema hormonal.
Por eso México necesita una política más fuerte sobre sustancias químicas, plaguicidas e inocuidad alimentaria. Las observaciones recientes del relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos apuntan en esa dirección: hay vacíos regulatorios, falta una ley general de sustancias químicas y sigue pendiente una regulación más clara de los plaguicidas altamente peligrosos. Para que eso se traduzca en protección real, la respuesta no puede quedar encerrada en una sola dependencia: necesita coordinación entre salud, ambiente, agricultura y economía.
En este contexto, también hace falta comunicar mejor. Las familias no necesitan mensajes de miedo, sino información clara, práctica y confiable: qué lavar mejor, qué productos vigilar más, qué significa estar fuera de norma y qué está haciendo la autoridad para corregirlo.
Mientras eso ocurre, hay medidas sencillas que pueden ayudar en casa.
Lavar frutas y verduras con agua corriente sigue siendo una buena recomendación. En algunos casos, remojar de 10 a 15 minutos en agua con bicarbonato de sodio y después enjuagar bien puede reducir parte de los residuos. No es una solución perfecta. No elimina todos los plaguicidas, especialmente los que penetran la cáscara o son absorbidos por la planta. Pero es una medida sencilla y barata que vale la pena incorporar como hábito para el lavado de frutas y verduras.
La recomendación debe ser práctica, no milagrosa: lavar mejor, pelar algunos productos si es posible, variar la dieta y no dejar de comer frutas y verduras. Si una familia puede comprar orgánico para ciertos productos de mayor riesgo, puede hacerlo. Pero no debe presentarse como obligación ni como la única forma segura de alimentarse.
La salud pública debe cuidar ese equilibrio.
Si decimos “estas frutas están llenas de plaguicidas”, muchas familias dejarán de comprarlas. Si decimos “solo compre orgánico”, dejamos fuera a millones de personas. Y si decimos “no se preocupe por nada”, normalizamos la falta de vigilancia.
Por lo tanto, el mensaje correcto está en medio: coma frutas y verduras, lávelas bien, reduzca exposición cuando pueda y exija información pública.
México necesita producir datos propios, publicarlos con claridad y actuar cuando un alimento esté fuera de norma. Ni las frutas ni las verduras son el enemigo. El enemigo es la desinformación, la opacidad y la normalización de sustancias peligrosas.
Ni pánico ni indiferencia.
Más frutas y verduras, sí. Más vigilancia, también. Más ciencia, menos miedo.
Doctor en Toxicología por el CINVESTAV y Postdoctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard
Consultor en Epidemiología Ambiental y Salud Pública.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.